Mujeres en la empresa: proyecto de ley busca instaurar transparencia laboral forzosa en grandes compañías
Un grupo transversal de senadores y senadoras presentó una iniciativa legal que obligará a las grandes empresas y a medianas de sectores productivos clave a elaborar un informe anual sobre equidad de género, en un intento por derribar la brecha que mantiene a las mujeres chilenas con una tasa de participación laboral 20 puntos inferior a la de los hombres. El proyecto, ingresado bajo el Boletín N° 15.694-34, busca que la información sobre participación femenina, brecha salarial y conciliación laboral y familiar sea de acceso público y permanente, apuntando tanto a corregir disparidades internas como a entregar herramientas de decisión a trabajadoras, consumidores y al Estado.
La moción es patrocinada por las senadoras Allende, Claudia Pascual, Loreto Carvajal, Paulina Núñez y el senador Marcelo Saavedra. Según sus fundamentos, la iniciativa se sustenta en datos oficiales del INE que muestran que la participación laboral femenina alcanza apenas un 49,7%, frente al 70,2% de los hombres, una brecha de 20,5 puntos porcentuales que se agravó durante la pandemia, llegando a 21,9 puntos negativos entre abril y junio de 2020.
LOS SECTORES EXCLUIDOS Y EL INFORME OBLIGATORIO
El proyecto establece que todas las empresas con 200 o más trabajadores deberán confeccionar un informe anual que contenga al menos el porcentaje de participación de mujeres dentro de la organización, indicadores sobre su presencia en cargos de responsabilidad, las medidas implementadas para conciliar la vida laboral, familiar y personal, y la existencia de brecha salarial. Pero la obligación se extiende también a compañías de 50 o más trabajadores que operen en cinco sectores considerados estratégicos y tradicionalmente masculinizados: minería, investigación y desarrollo, financiero, energía, transporte y construcción.
El informe deberá ser comunicado durante el mes de enero de cada año al Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género. Además, las empresas tendrán la obligación de mantenerlo a disposición permanente del público en sus respectivos sitios electrónicos, una medida que los autores del proyecto consideran crucial para empoderar a las postulantes, a los consumidores y a la ciudadanía en general.
LA BRECHA QUE NO CEDE
Los legisladores citan informes (Women in Work) elaborados por consultoras privadas que sitúan a Chile en el lugar 31 de los 33 países de la OCDE en inclusión laboral femenina durante el periodo de pandemia en 2020, y con la tercera tasa de desempleo femenino más alta del bloque durante 2021. La ocupación femenina informal creció un 11,2% anualmente, incidido principalmente por las mujeres. Las tasas de informalidad femenina superan consistentemente a las masculinas.
El diagnóstico incluye el retroceso estimado por la CEPAL en su Informe Especial COVID-19, que señala que la contracción económica regional provocó un retroceso de más de diez años en la participación laboral de las mujeres. Entre las causas estructurales de la baja inclusión, la moción enumera brechas remuneracionales, la distribución desigual de las responsabilidades familiares y de cuidado, la segregación vertical que impide a las mujeres acceder a cargos de responsabilidad, y la falta de conciliación con corresponsabilidad.
NORMA CHILENA VOLUNTARIA QUE NO BASTA
El proyecto reconoce que ya existen herramientas en el ordenamiento jurídico y administrativo, como la Norma Chilena NCh3262 que regula el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación, un estándar voluntario que cuesta 44.400 pesos y cuya capacitación asciende a 330.000 pesos por 16 horas. También está el Sello Iguala-Conciliación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que hasta ahora solo ha certificado a 59 empresas, diez de ellas de CODELCO y sus filiales y siete entidades públicas.
Los autores del proyecto consideran que estas medidas voluntarias, aunque valiosas, no han logrado masificar la transparencia ni impulsar cambios significativos. Por eso proponen convertir la obligación de informar en un deber legal, con impacto directo en la cultura organizacional de las empresas y en la toma de decisiones de sus directorios.
El proyecto se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Chile, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belem do Para y el Convenio 111 de la OIT, que obligan al Estado a adoptar medidas para eliminar la discriminación en el empleo.
Boletín N° 15.694-34, proyecto de ley presentado al Senado
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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