Contraloría instruye sumario al Servicio de Migraciones por reunificación de menores haitianos y divide al Congreso
El informe final de la Contraloría General de la República sobre el proceso de reunificación familiar de menores haitianos ha provocado un intenso debate parlamentario. El organismo detectó múltiples incumplimientos en el otorgamiento de permisos durante la gestión del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, y ordenó la apertura de un sumario administrativo. Las conclusiones del ente fiscalizador han generado posturas encontradas entre oficialismo y oposición en el Congreso.
CONTEXTO DEL INFORME
La Contraloría identificó una serie de irregularidades en los procesos de reunificación familiar. Entre ellas figuran certificados vencidos o sin legalización, ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum que flexibilizó requisitos establecidos en la ley y el reglamento. Según el informe, dicha flexibilización excedía las facultades del Servicio Nacional de Migraciones.
Además, el organismo fiscalizador observó deficiencias en el control de vuelos, especialmente chárter, donde una aerolínea no presentó los listados de pasajeros exigidos por la normativa sin que se aplicaran sanciones oportunas. También se advirtieron falencias en la verificación de los adultos responsables de los menores.
El informe abarca incumplimientos en varias instituciones: el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez. Se señalan debilidades de control interno, falta de coordinación y falencias en la gestión migratoria.
DEFENSA DE THAYER
El exdirector Luis Thayer fue el primero en reaccionar tras conocerse el documento. Sostuvo que el informe instruye la apertura de sumarios, por lo que evitó referirse al fondo de las observaciones. Sin embargo, reiteró su convicción legal sobre las decisiones adoptadas.
Thayer afirmó que la exención del procedimiento de legalización en un consulado colapsado y el cierre del consulado venezolano en Chile tienen fundamento legal suficiente. Insistió en que actuó conforme a la normativa vigente y que su gestión se basó en criterios jurídicos y tratados internacionales.
CRÍTICAS DESDE EL OFICIALISMO
Las explicaciones de Thayer fueron rebatidas por parlamentarios del oficialismo. El diputado Felipe Ross, de Republicanos, sostuvo que el exdirector puso sus consideraciones morales sobre el estado de Haití y el interés superior del niño por sobre la ley. A su juicio, existe un abierto desafío a la ley vigente, ya que Contraloría fue contundente al señalar que no tenía atribuciones para esa flexibilización.
La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, afirmó que Thayer habría incumplido el artículo 7 de la Constitución, que exige a toda autoridad actuar dentro de sus facultades. Criticó que se flexibilizaran requisitos no solo con haitianos sino también con venezolanos, lo que abre nuevas aristas por revisar. Además, llamó a respaldar el trabajo de la Contraloría y a no deslegitimar su rol.
RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición defendieron la actuación de Thayer y cuestionaron que se concentre toda la responsabilidad en su gestión. La diputada Andrea Parra, del PPD, señaló que el preinforme fue entregado el 14 de abril y recién el 15 de junio se activó la institucionalidad tras una filtración periodística. Para ella, el actual Servicio Nacional de Migraciones no actuó durante dos meses.
Parra planteó la disyuntiva entre el interés superior del niño y la situación particular de países como Venezuela, sin consulado, o Haití, sin posibilidad de apostillar documentos. Consideró que la decisión es cuestionable pero responde a una complejidad, no a una intencionalidad política como intentan instalar algunos sectores.
El diputado César Valenzuela, del PS, llamó a la prudencia. Recordó que se comenzó hablando de tráfico de órganos y ahora se trata de problemas administrativos. Afirmó que ve ansiedad en un sector político por sacar ventaja barata de un problema serio, y que Thayer nunca dijo haber actuado ilegalmente, sino conforme a la legalidad, apoyado en tratados internacionales y el interés superior del niño como parte del ordenamiento jurídico.
La controversia deja en evidencia las tensiones entre la aplicación estricta de la ley y la realidad de situaciones humanitarias complejas. El sumario instruido por Contraloría deberá determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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