Corte de Apelaciones de Concepción acoge recurso de protección y ordena a particular cesar la obstrucción de planta de agua potable rural en Los Castillos, Antuco
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por el Comité de Agua Potable Rural (APR) del sector Los Castillos, en la comuna de Antuco, y ordenó a un vecino del sector el cese inmediato de cualquier conducta que impida el acceso de los operarios a la planta de elevación y distribución de agua. La sentencia, dictada el 30 de junio de 2026, calificó la acción del recurrido como un acto de autotutela ilegal y arbitrario que atenta directamente contra el derecho a la vida y la integridad física de 29 familias, equivalentes a 86 personas abastecidas por el sistema.
La controversia se originó los días 18 y 20 de marzo de 2026, cuando el recurrido, identificado como Jesús, bloqueó el candado del portón de acceso a las instalaciones de la planta, impidiendo la entrada del operario encargado del mantenimiento. Ante la obstrucción, el Comité recurrió a la acción constitucional, argumentando que el acto ponía en riesgo la continuidad del suministro de agua potable para toda la comunidad.
LOS ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
De acuerdo a los antecedentes incorporados al proceso, especialmente el informe de Carabineros de Chile y las fotografías acompañadas, el día 18 de marzo de 2026 el personal policial constató que el candado del portón se encontraba obstruido con madera, lo que impedía las labores de mantenimiento del operario del Comité.
El recurrido, al informar al tribunal, solicitó el rechazo de la acción con costas. Sostuvo que su actuar se enmarcaba en el ejercicio legítimo de su derecho de propiedad al impedir el ingreso no autorizado a un inmueble donde, según su postura, no existirían servidumbres constituidas ni títulos que habilitaran al Comité. Argumentó, además, que la controversia sobre el dominio y uso del terreno era materia de lato conocimiento que excedía la vía del recurso de protección.
LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL
La Corte, sin embargo, desestimó los argumentos del recurrido. En su fallo, el tribunal destacó que el Comité acompañó antecedentes que acreditan que la infraestructura sanitaria existe en el lugar desde el año 2004, habiendo sido ejecutada bajo el programa público “Chile Barrios”.
Añadió que consta un contrato de comodato celebrado en 2004 sobre el terreno en favor de la Municipalidad de Antuco, por el plazo de noventa y nueve años, con el fin de instalar los sistemas y plantas elevadoras de agua. Asimismo, el tribunal consideró las gestiones de expropiación por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), lo que demostró que no se trata de una instalación reciente o clandestina.
El tribunal fue categórico al calificar la actuación del recurrido como ilegal y arbitraria, por constituir un acto de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico. Señaló que nadie puede hacerse justicia por propia mano ni alterar una situación de hecho preexistente y operativa, como es el funcionamiento de una planta de agua, mediante vías de hecho, debiendo canalizar sus pretensiones de dominio a través de las acciones legales correspondientes.
VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
En su análisis, la Primera Sala determinó que el actuar denunciado amenaza directamente el derecho a la vida y a la integridad física, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. El tribunal consideró que el agua es un elemento indispensable para la salud y subsistencia de la comunidad, y que la obstrucción de acceso a la planta elevadora pone en riesgo cierto y actual la continuidad de ese servicio básico.
Asimismo, la Corte desestimó las alegaciones del recurrido sobre su derecho de propiedad, señalando que este no lo habilita para ejercer justicia por propia mano ni para comprometer unilateralmente un servicio sanitario histórico y funcional. Si bien la regularización definitiva del terreno es una materia que debe resolverse por las vías legales pertinentes, la acción de protección fue considerada idónea para restablecer el imperio del derecho frente a actos de fuerza que afectan derechos fundamentales.
LA DECISIÓN FINAL Y MEDIDAS DISPUESTAS
Por estas consideraciones, la Corte resolvió acoger el recurso de protección, sin costas. En la parte resolutiva, ordenó al recurrido el cese inmediato de cualquier conducta que impida, dificulte o entorpezca el libre acceso de los operarios, directivos y personal técnico del Comité a la planta de elevación y distribución de agua ubicada en el sector Los Castillos.
Además, el tribunal prohibió expresamente al recurrido realizar alteraciones materiales en los cierres, candados o portones de acceso a dichas instalaciones sanitarias, debiendo permitir su normal operación y mantenimiento mientras no exista una resolución judicial firme que disponga lo contrario.
La decisión fue redactada por la abogada integrante Laura Silva Uribe y pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros Claudio Gutierrez G., Antonella Franchesca Farfarello G. y la propia abogada integrante Silva U.
Rol N° Protección-5877-2026, Corte de Apelaciones de Concepción.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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