Los diputados Roberto Arroyo y Catalina del Real presentaron un proyecto de ley destinado a endurecer los requisitos para la operación de barberías, peluquerías y establecimientos similares, con el objetivo de impedir que estos locales sean utilizados como fachada para actividades ilícitas. La iniciativa modifica el decreto ley 3.063 sobre Rentas Municipales y establece la obligación de acreditar antecedentes penales y la regularidad migratoria de todo el personal que atienda directamente al público.
DETALLES DEL PROYECTO
La propuesta condiciona el otorgamiento y la renovación de la patente comercial a que el titular del local mantenga documentación vigente de quienes trabajan en el establecimiento. En concreto, se exige un certificado de antecedentes penales y, en el caso de trabajadores extranjeros, un permiso de residencia o una autorización de trabajo vigente. La iniciativa también contempla que los titulares de patentes deberán llevar un registro actualizado de las personas que atienden en el local, el cual deberá estar disponible para la fiscalización municipal.
Asimismo, el proyecto establece la caducidad de la patente cuando se permita trabajar a personas que no cumplan con los requisitos exigidos o cuando no exista el registro correspondiente. De esta forma, se busca dotar a los municipios de herramientas concretas para actuar frente a irregularidades.
CONTEXTO DE PREOCUPACIÓN
La presentación del proyecto se enmarca en una creciente alerta por el uso de determinados rubros comerciales como fachada para el crimen organizado. Desde la Cámara Nacional de Comercio se ha advertido que organizaciones delictivas estarían infiltrándose en barberías, ópticas, centros de estética y otros comercios. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar las herramientas de fiscalización a nivel local.
Los diputados señalaron que la iniciativa no busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia. El objetivo es proteger tanto a los vecinos como a los trabajadores y emprendedores que cumplen con la normativa.
DECLARACIONES DE LOS AUTORES
El diputado Roberto Arroyo sostuvo que el Estado tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público. Agregó que las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero que es necesario cerrar los espacios de informalidad.
Por su parte, la diputada Catalina del Real afirmó que los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. Señaló que no se puede permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos.
IMPACTO PARA EL SECTOR COMERCIAL
La propuesta legislativa apunta a fortalecer la fiscalización municipal sin afectar a quienes desarrollan esta actividad de manera formal, responsable y cumpliendo con la ley. Los legisladores enfatizaron que la medida busca proteger a los vecinos y a los trabajadores y emprendedores que sí cumplen las reglas. Al establecer requisitos claros y sanciones como la caducidad de la patente, se espera disuadir el uso fraudulento de estos establecimientos.
La modificación al decreto ley 3.063, que regula las rentas municipales, es una de las vías legales elegidas para dotar a las autoridades locales de atribuciones específicas en esta materia.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
