Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua acoge denuncia por práctica antisindical y ordena reintegro de cuatro trabajadores despedidos con fuero
La magistratura laboral de Rancagua declaró que una empresa de servicios de alimentación cometió una práctica antisindical al despedir a cuatro trabajadores que participaban como socios constituyentes de un nuevo sindicato, sin haber obtenido previamente la autorización judicial de desafuero. La sentencia, dictada el 8 de julio de 2026 por el juez titular Sebastián Ignacio Bravo Ibarra, ordena el reintegro inmediato de los cuatro dependientes y el pago de todas las remuneraciones y prestaciones laborales adeudadas desde la fecha de separación, ocurrida el 28 de febrero de 2025, hasta su reincorporación efectiva.
LA DENUNCIA Y LOS HECHOS
La acción fue interpuesta por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores, constituido el 3 de marzo de 2025 ante la misma Inspección, denunciara que cuatro de sus socios fundadores habían sido despedidos el 28 de febrero de ese año, esto es, durante el periodo de protección del fuero sindical que establece el artículo 221 inciso tercero del Código del Trabajo. Dicha norma otorga inmunidad a los trabajadores desde los diez días anteriores a la asamblea constitutiva y hasta treinta días después de realizada.
Los trabajadores despedidos se desempeñaban como jefe de cocina, dos garzones y un ayudante de cocina, y sus contratos se extendían desde 2018, 2024, 2023 y 2021, respectivamente. La empresa fundó los despidos en las causales del artículo 160 números 4 (actos de deslealtad) y 6 (abandono de trabajo) o 7 (incumplimiento grave de obligaciones) del Código del Trabajo.
LA RESPUESTA DE LA EMPRESA Y LA FISCALIZACIÓN
La empresa denunciada se opuso a la denuncia, argumentando que los trabajadores habrían constituido el sindicato de mala fe, con el propósito de eludir su responsabilidad por diversas irregularidades, incurriendo en prácticas de sabotaje y autotutela. Sostuvo, por tanto, que el fuero sindical les sería inoponible.
Sin embargo, la fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo, materializada en la comisión N° 0601.2025.434, constató que la empresa, al ser requerida para reintegrar a los trabajadores, se negó expresamente y manifestó su intención de evaluar la opción de solicitar su desafuero. La mediación realizada el 28 de marzo de 2025 también fracasó por la persistencia de la empresa en no allanarse al reintegro.
LA PRUEBA Y LAS CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL
En la audiencia de juicio, la parte denunciante incorporó el informe de fiscalización, el acta de investigación por separación ilegal, el acta de mediación, la solicitud de ministro de fe para la constitución del sindicato, el acta de constitución del 3 de marzo de 2025, las comunicaciones a la empresa, el certificado de depósito del sindicato en el registro sindical único, y las liquidaciones de remuneraciones y contrato de uno de los trabajadores.
La parte denunciada, por su parte, presentó documentación relativa a una negociación colectiva previa, correos electrónicos sobre solicitudes de horas sindicales, un registro de asistencia, una sentencia anterior de otro tribunal, una publicación en redes sociales sobre una manifestación, un certificado de parentesco entre dos trabajadores, constancias para empleadores y un acta de mediación anterior de otra fiscalización.
El juez Bravo Ibarra concluyó que la prueba de la denunciante acreditó que los cuatro trabajadores gozaban de fuero sindical al momento de su despido, por su calidad de socios constituyentes del sindicato. También dio por establecido que fueron separados ilegalmente de sus funciones, ya que la empresa no solo no se allanó al reintegro, sino que manifestó su intención de solicitar el desafuero, un procedimiento que debe ser previo y no posterior a la desvinculación.
Respecto a la prueba de la denunciada, el tribunal consideró que, si bien otorgaba plausibilidad a la hipótesis de posibles irregularidades en el uso de prerrogativas sindicales, esos aspectos escapan del objeto de este juicio y podrían ser relevantes en otra causa paralela. Subrayó que la supuesta conducta de los trabajadores podría constituir una causal de desafuero que debe ser tramitada judicialmente, pero no convalida la actuación de la empresa ni hace inoponible el fuero sindical.
LA CONDENA Y LAS MEDIDAS DISPUESTAS
El fallo acoge la denuncia y declara la existencia de una práctica antisindical. Condena a la empresa a reintegrar a cada uno de los cuatro trabajadores a sus labores habituales y al pago de una multa de 10 UTM, cuyo valor debe ser depositado en la cuenta corriente Giros Globales N° 9018212 del Banco Estado, a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas. También ordena el pago de todas las remuneraciones y prestaciones derivadas de la relación laboral desde el 28 de febrero de 2025 hasta el reintegro efectivo.
Además, se dispone remitir copia de la sentencia condenatoria a la Dirección del Trabajo para su registro y publicación, y oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección Chile Compra para hacer efectiva la inhabilidad de contratar con la Administración del Estado, conforme al artículo 4 de la Ley N° 19.886, y la prohibición del artículo 14 de la Ley 19.884 para que los partidos políticos contraten servicios con empresas condenadas por prácticas antisindicales. El tribunal no ordenó medidas reparatorias adicionales por estimar suficientes las adoptadas, y condenó en costas a la denunciada, fijando las personales en $1.000.000.
RIT S-13-2025, Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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