Chile enfrenta una crisis silenciosa en la gestión de sus desechos: más de la mitad de los sitios donde se deposita la basura domiciliaria opera al margen de la ley. Un informe de la Subsecretaría de Salud Pública, con datos a diciembre de 2025, revela que el 57,8% de los espacios de disposición final no cuenta con aprobación de proyecto ni autorización de funcionamiento. Esto significa que 59 de los 102 vertederos y rellenos existentes en el país son, en estricto rigor, ilegales.
LA CIFRA CRÍTICA
La radiografía oficial muestra que solo 43 recintos cumplen con los estándares sanitarios exigidos. El resto corresponde a vertederos que surgieron como soluciones informales, sin la ingeniería ni los permisos que la normativa actual demanda. El problema no es nuevo, pero el dato actualizado lo pone sobre la mesa con crudeza: seis de cada diez lugares donde terminan los residuos sólidos municipales operan fuera del marco regulatorio.
EL DIAGNÓSTICO DE LOS EXPERTOS
Álex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, entrega una lectura integral. Explica que el fenómeno es el resultado de una mezcla de factores: historia institucional, financiamiento insuficiente, debilidad en la planificación territorial y baja capacidad técnica de los municipios. Muchos vertederos se crearon antes de que se consolidara el estándar sanitario y ambiental actual, y transformarlos en rellenos sanitarios no es un mero trámite administrativo.
LOS DESAFÍOS LEGALES Y TÉCNICOS
Convertir un vertedero ilegal en un relleno sanitario exige mucho más que voluntad política. Godoy detalla que se requiere ingeniería especializada, evaluación de impacto ambiental, permisos sanitarios, financiamiento estable, terrenos adecuados, operación profesional y, además, aceptación social. Esta combinación de requisitos explica por qué la transformación es lenta y, en muchos casos, no se ha concretado.
EL ROL DE LA FISCALIZACIÓN
La Subsecretaría de Salud Pública, como ente rector, tiene la facultad de sancionar a quienes operen sin la autorización correspondiente. La legislación chilena, en particular el Código Sanitario, establece que todo sitio de disposición final debe contar con aprobación del proyecto y permiso de funcionamiento. El incumplimiento puede derivar en clausuras, multas y acciones judiciales. Sin embargo, la magnitud de la infracción revela una debilidad estructural en la fiscalización.
LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
Los gobiernos locales son los principales responsables de la gestión de residuos en sus comunas. La existencia de vertederos sin autorización evidencia, en muchos casos, falta de recursos, de capacitación o de voluntad para regularizar su situación. La planificación territorial deficiente y la ausencia de políticas de largo plazo agravan el cuadro.
UNA DEUDA PENDIENTE
El informe de la Subsecretaría no solo expone la ilegalidad, sino que subraya un riesgo sanitario y ambiental concreto. Los vertederos no controlados pueden contaminar suelos, napas subterráneas y generar emisiones sin tratamiento. La crisis, que cruza el país de norte a sur, exige una respuesta coordinada entre el nivel central y las municipalidades, con inversión sostenida y reformas normativas que aborden las causas de fondo.
LA MIRADA HACIA EL FUTURO
Mientras no se logre regularizar la totalidad de los sitios, Chile seguirá arrastrando un problema que afecta la salud pública y el entorno. La transformación de vertederos en rellenos sanitarios certificados es una tarea urgente que requiere, además de recursos, voluntad política y participación ciudadana. Los datos entregados por la autoridad sanitaria son un llamado de atención que no puede quedar en letra muerta.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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