Corte Suprema acoge recurso de casación y ordena fundamentar reducción de indemnización a víctima de prisión política
La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma interpuesto por un demandante en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rebajado de 25 millones a 6 millones de pesos la indemnización por daño moral que el Fisco de Chile debía pagar por los apremios ilegítimos sufridos durante la dictadura militar. El máximo tribunal invalidó el fallo de alzada por falta de fundamentación adecuada y, en su sentencia de reemplazo, confirmó íntegramente la decisión de primera instancia que fijó el monto original.
El caso se originó en una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado presentada ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de hacienda. El actor, reconocido como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech I con el número 9.464, reclamaba una reparación de 150 millones de pesos por los once días de detención y las torturas sufridas en julio de 1983, cuando fue detenido por Carabineros, trasladado a la Segunda Comisaría de Santiago y luego a la Primera Comisaría, donde permaneció seis noches sometido a golpes, amenazas y escasa alimentación. El tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda en octubre de 2023, condenando al Fisco al pago de 25 millones de pesos más reajustes e intereses, sin costas.
La Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer la apelación de ambas partes, confirmó la sentencia pero redujo drásticamente el monto indemnizatorio a 6 millones de pesos. En el fallo de alzada, el tribunal de segunda instancia dedicó un solo párrafo para justificar la rebaja, mencionando como elementos de ponderación el tiempo de privación de libertad, los apremios sufridos y el quantum fijado en casos similares de atentados de lesa humanidad.
VACÍO ARGUMENTATIVO EN LA REDUCCIÓN DEL QUANTUM
La Corte Suprema detectó que la sentencia de la Corte de Apelaciones incurría en el vicio de casación formal previsto en el numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, al carecer de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento al fallo.
El máximo tribunal señaló que los sentenciadores de alzada estaban forzados a explicar las razones de la reducción del monto resarcitorio, tarea que no se cumplió a cabalidad. Los dos primeros elementos mencionados -tiempo de privación de libertad y apremios sufridos- no eran distintos de los que el tribunal de base ya había usado para determinar un monto superior, y la alusión a otros procesos similares resultó tan general que se volvió imprecisa.
La Corte recalcó que la exigencia de motivar las sentencias no solo dice relación con la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen ciudadano lo manifestado por el juez y evitar la impresión de arbitrariedad. Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que la fundamentación adecuada es parte esencial de la garantía del debido proceso.
SENTENCIA DE REEMPLAZO CONFIRMA LOS 25 MILLONES
En el fallo de reemplazo, la Corte Suprema rechazó los agravios planteados por la defensa fiscal y confirmó la sentencia de primera instancia. Respecto a la excepción de reparación integral, el tribunal estableció que las prestaciones otorgadas por el Estado a través de las leyes de reparación -como la pensión mensual de la Ley 19.123, los beneficios médicos del Programa PRAIS y los educacionales- son plenamente compatibles con otras indemnizaciones que requieran los afectados, pues la naturaleza jurídica de ambas prestaciones es distinta.
Sobre la prescripción de la acción, la Corte reforzó que el hecho generador del daño constituye un delito de lesa humanidad, calidad de la que dimana la imprescriptibilidad de las acciones, tanto penales como civiles, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, en cuanto al monto indemnizatorio, los ministros consideraron que el tribunal de base había regulado la suma en atención a las circunstancias propias del caso, tomando en consideración todos los aspectos que el demandante acreditó con la prueba rendida, incluyendo el daño físico o mental sufrido, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y los perjuicios morales. La decisión de confirmar los 25 millones de pesos se adoptó con el voto en contra del ministro Gonzalo Ruz, quien estuvo por rebajar el monto en los términos indicados en la sentencia casada.
La resolución de la Corte Suprema reafirma el criterio jurisprudencial de que la fundamentación de las sentencias, especialmente cuando se modifican montos indemnizatorios, debe ser completa y razonada, y que la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad es coherente con el sistema internacional de protección de derechos humanos.
Rol N° 22.325-2024, Corte Suprema; Rol C-13497-2022, Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago; Rol N° 18.625-2023, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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