La Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de reclamación presentado por la Isapre contra una multa de 500 UF impuesta por la Superintendencia de Salud, manteniendo firme la sanción por incumplimientos en la tramitación y pago de Programas de Atención Médica (PAM). El fallo, dictado el 10 de julio de 2026, desestimó los argumentos de la recurrente basados en el decaimiento del procedimiento administrativo y la falta de proporcionalidad de la sanción.
La controversia se originó en una fiscalización realizada por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud entre el 22 y 25 de agosto de 2022, que examinó el proceso de tramitación y pago de los PAM. Como resultado, mediante Oficio Ord. IF N° 43965 de 15 de noviembre de 2022, se formularon cargos a la Isapre por presunta infracción al artículo 11 letra c) de las Condiciones Generales del Contrato de Salud, norma que exige otorgar cobertura a estos programas dentro de un plazo máximo de 60 días corridos desde su presentación.
La Superintendencia de Salud, a través de la Resolución Exenta IF N° 7905 de 30 de mayo de 2024, impuso una multa de 500 UF tras acreditar la infracción en 28 de los casos revisados en una muestra de programas médicos. La Isapre impugnó la decisión mediante un recurso de reposición con jerárquico en subsidio, siendo el primero rechazado en octubre de 2024 y el segundo mediante la Resolución Exenta SS N° 1599, de 18 de diciembre de 2024, notificada el 27 de diciembre de ese año.
En su reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la Isapre argumentó que el procedimiento sancionador había decaído, pues entre la formulación de cargos y la dictación de la resolución sancionatoria transcurrió aproximadamente un año y seis meses, superando el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880. Sostuvo que ello vulneraba los principios de celeridad, conclusivo y economía procedimental, y que la Administración no justificó formalmente la demora. Como segundo argumento, alegó falta de proporcionalidad, indicando que debieron excluirse tres casos de la muestra, lo que reduciría el porcentaje de incumplimientos al 62,5%, y que existían errores en cuentas de prestadores que obligaron a verificaciones para evitar cobros indebidos a afiliados.
RECHAZO DE LA ADMISIBILIDAD Y EL FONDO
La Superintendencia de Salud solicitó la inadmisibilidad del recurso, argumentando que el artículo 113 del DFL N° 1 de 2005 solo procede contra resoluciones que resuelven recursos de reposición, no jerárquicos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó esta objeción, señalando que la admisibilidad ya había sido zanjada por la Corte Suprema en estos mismos antecedentes.
En cuanto al fondo, el tribunal de alzada rechazó la tesis del decaimiento. Consideró que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no establece una sanción por el incumplimiento del plazo de seis meses, tratándose de plazos no fatales cuyo incumplimiento solo genera responsabilidad administrativa. Agregó que el objetivo de la norma es evitar la perpetuación del procedimiento, situación que no ocurrió en este caso, ya que la decisión sancionatoria fue notificada e impugnada. La Corte precisó que el decaimiento, como figura doctrinaria, se fundamenta en la pérdida de eficacia del acto por sobrevenir circunstancias que alteren sus supuestos fácticos o jurídicos, no en el mero transcurso del tiempo. En el caso concreto, la duración del procedimiento no hizo perder oportunidad o vigencia a la sanción, pues la fiscalización y sanción de incumplimientos en la protección de la salud de las personas es un rol esencial del Superintendente.
Sobre la proporcionalidad, el fallo sostuvo que la multa de 500 UF, equivalente a la mitad del máximo legal de 1.000 UF establecido en el artículo 220 del DFL N° 1 de 2005, es justa y proporcional. La autoridad sancionadora ponderó que la infracción se verificó en 28 casos, representando un 70% de la muestra, lo que no es una circunstancia aislada sino una situación regular de tardanza. Incluso si se aceptara el menor porcentaje del 62,5% alegado por la Isapre, igualmente existe un incumplimiento que abarca más de la mitad de los casos revisados.
FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES Y CONFIRMACION DE LA SUPREMA
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante sentencia del 23 de abril de 2026, rechazó con costas el reclamo de la Isapre. El fallo fue redactado por la ministra suplente Paola Cecilia Díaz Urtubia. La Isapre apeló, y la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Adelita Inés Ravanales A., Omar Antonio Astudillo C., Gonzalo Enrique Ruz L., y los abogados integrantes José Miguel Valdivia O. y Andrea Paola Ruiz R., confirmó la decisión en su totalidad el 10 de julio de 2026.
Este criterio jurisprudencial refuerza la posición de la Superintendencia de Salud en su labor fiscalizadora, al establecer que la demora en un procedimiento sancionador, por sí sola, no invalida la sanción, sino que debe evaluarse si se ha perdido la eficacia del acto. Asimismo, reafirma que la determinación del monto de la multa es una facultad discrecional del órgano sancionador, sujeta a control de proporcionalidad solo si es manifiestamente desmedida.
Rol N°36.633-2026, Corte Suprema; Rol Contencioso Administrativo-25-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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