El debut judicial de la Ley de Delitos Económicos en un escándalo financiero de gran escala está a la vuelta de la esquina. La justicia chilena pondrá a prueba el nuevo marco normativo con la formalización de once ejecutivos de Sartor Administradora General de Fondos, citados para el próximo 30 de julio en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Se trata del primer caso de envergadura que procesa bajo esta legislación a la cúpula de una gestora cuestionada en el corazón financiero de Sanhattan.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público concluyó más de un año y medio de pesquisas y decidió pasar a la acción. Los imputados deberán responder por presuntos delitos económicos cometidos entre 2020 y la fecha. La ofensiva penal llega después de que la Comisión para el Mercado Financiero revocara, a fines de 2024, la autorización de la gestora. En esa resolución, la CMF describió un modelo de negocios basado en desviar recursos desde fondos públicos hacia sociedades vinculadas a los controladores de Sartor AGF.
IMPUTACIONES ESPECÍFICAS
La formalización abarca cuatro figuras penales. Por una parte, se imputan delitos de estafa y administración desleal, ambos característicos de gestiones que perjudican el patrimonio de los inversionistas. Además, se suman los cargos de negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. Estas últimas dos figuras son particularmente sensibles en el ámbito bursátil, ya que afectan la transparencia y la confianza en el sistema financiero.
CONTEXTO REGULATORIO
La CMF había detectado irregularidades que derivaron en la revocación de la licencia de Sartor AGF. El organismo concluyó que la administradora operaba con un esquema que desviaba dineros de fondos públicos —probablemente fondos de pensiones o de inversión regulados— hacia sociedades de los controladores. Esa conducta no solo infringió normas de mercado, sino que activó el engranaje penal que ahora desemboca en la audiencia del 30 de julio.
IMPLICANCIAS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
Este proceso representa el estreno de la Ley de Delitos Económicos en un caso de alta complejidad. La normativa, que entró en vigor recientemente, endurece las penas para este tipo de ilícitos y elimina atenuantes como la reclusión domiciliaria o la mera asistencia a clases de ética. Los ejecutivos de Sartor se exponen a consecuencias penales sustancialmente más severas que las que podrían haber enfrentado bajo el régimen anterior. La formalización será, por tanto, un banco de prueba para la eficacia de la nueva ley en el combate a la corrupción corporativa.
PRÓXIMOS PASOS EN LA CAUSA
La audiencia del 30 de julio no será una mera comparecencia administrativa. El 4° Juzgado de Garantía de Santiago deberá resolver las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. Dependiendo de la gravedad de los cargos y del riesgo que representen los imputados, el tribunal podría imponer prisión preventiva o medidas menos restrictivas. Cualquiera sea la decisión, el caso marcará un hito en la aplicación judicial de la nueva ley, y la comunidad legal seguirá con atención cada movimiento.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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