
Primer barómetro revela baja satisfacción y profunda desconfianza en la protección social chilena
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, lo resumió así: “Todavía estamos muy lejos de dónde queremos llegar”. La frase fue pronunciada durante la presentación del primer Barómetro de la Protección Social, elaborado por el gremio Cajas de Chile en alianza con Descifra, una plataforma que reúne a Copesa y la consultora Artool. El evento reunió este martes a autoridades de gobierno, parlamentarios y actores del mundo previsional, y dejó en evidencia una brecha significativa entre las expectativas ciudadanas y la capacidad del sistema para responder.
El estudio, que combinó revisión de datos, análisis de redes sociales y una encuesta a mil personas a nivel nacional, arrojó un nivel de satisfacción general de apenas 31,6 puntos en una escala de 1 a 100. Más revelador aún: un 67 por ciento de los encuestados declaró no confiar en que las instituciones de seguridad social lo protegerán ante una emergencia o enfermedad, y un 72 por ciento calificó el sistema con nota entre 1 y 4.
RESULTADOS DEL BARÓMETRO
La ministra Wulf contextualizó esas cifras señalando que la exigencia ciudadana refleja, sobre todo en hogares de menores ingresos, una “incertidumbre continua” sobre la capacidad de cerrar el mes. “Esa exigencia habla de un país que espera mucho más de su protección social”, afirmó.
El barómetro identificó dos ejes centrales en la agenda gubernamental: la caída en los nacimientos y las necesidades de las personas mayores. En materia de natalidad, las principales barreras detectadas fueron el acceso a la vivienda, el alto costo de criar hijos y la dificultad para conciliar vida laboral y familiar. Sobre estos puntos, la secretaria de Estado recordó que la Comisión Asesora Presidencial Chile Renace se encuentra trabajando.
FALTA DE CONFIANZA
En el ámbito de la vejez, el instrumento recogió temores recurrentes como no tener dinero suficiente para llegar a fin de mes y perder autonomía. Frente a ello, la autoridad destacó la reciente entrada en vigor de la Ley Integral de las Personas Mayores, promulgada el 1 de junio pasado. “Queremos que una persona mayor pueda dormir tranquila sabiendo que hay un sistema que la reconoce”, sostuvo.
El análisis del barómetro continuó en un panel integrado por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón; la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda; y el senador Rodolfo Carter, de La Araucanía, también miembro de esa comisión.
EMPLEO FORMAL
La subsecretaria Cabezón calificó las cifras como “un gran desafío a nivel país” y puso el acento en la formalidad laboral. Según el estudio, solo un 36 por ciento de las personas en edad de trabajar accede al empleo formal, lo que limita la cobertura del sistema de protección social. “Lo bueno es que el debate se ha vuelto a centrar en la importancia del crecimiento económico, uno de los focos principales que hoy tiene el gobierno”, señaló.
Por su parte, la senadora Vodanovic vinculó la desconfianza —ese 67 por ciento que no cree en la protección estatal— con un fenómeno que golpea especialmente a la clase media. “En una emergencia, las personas piden dinero a parientes y amigos, pero sabemos también que hoy el crimen organizado ha penetrado con este sistema de ‘préstamos’. Esto lo hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, porque esto es un tema que se vincula ya no sólo con la seguridad social, sino con la seguridad ciudadana”, advirtió.
DEBATE POLÍTICO
El senador Carter fue categórico: “La primera prioridad de un país es crecer. Todo lo demás es música”. Planteó la necesidad de fomentar la bancarización de las personas mayores, en línea con la mayor longevidad que registra la población chilena. Además, defendió los modelos mixtos de colaboración público-privada, mencionando como ejemplo la indicación tributaria —en el marco de la megarreforma— que permite a las empresas descontar impuestos de hasta 150 UTM para financiar enfermedades catastróficas de sus trabajadores. En esa misma línea, rechazó la prohibición del anatocismo por considerar que “restringe el acceso al crédito formal”.
El primer Barómetro de la Protección Social deja, en suma, un diagnóstico compartido por el Ejecutivo y el Legislativo: la urgencia de avanzar en cobertura, confianza y formalidad, con medidas que van desde la nueva ley de personas mayores hasta incentivos tributarios para la previsión. El camino, como admitió la propia ministra Wulf, aún es largo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.



