La Contraloría General de la República zanjó las dudas sobre el alcance del nuevo régimen de control de consumo de drogas para autoridades del Estado, establecido en el artículo 110 de la ley N° 21.806. Mediante el dictamen D356, de 22 de julio de 2026, el organismo aclaró que la obligación de someterse a exámenes toxicológicos recae exclusivamente en los titulares de los cargos señalados por la ley, excluyendo expresamente a suplentes y subrogantes.
La consulta fue formulada por las Subsecretarías del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), que pidieron precisiones sobre la implementación del instructivo N° IN16, de 2026, en relación con la glosa 03 de la ley de Presupuestos 2026 y las normas de probidad administrativa contenidas en la ley N° 18.575 y el decreto N° 1.215, de 2006.
El pronunciamiento resuelve que el artículo 110 de la ley N° 21.806 no creó un sistema paralelo de exámenes, sino que reforzó el esquema preexistente. Para ministros y subsecretarios, la única particularidad es que sus controles deben ser semestrales. El resto de las autoridades indicadas en la ley de reajuste mantienen la periodicidad general de al menos dos exámenes anuales.
SUPLENTES Y SUBROGANTES FUERA DEL CONTROL
Uno de los puntos centrales del dictamen es la definición de quienes quedan obligados. La Contraloría precisó que la noción de jefe de servicio alude a todas las autoridades unipersonales descritas en el artículo 31 de la ley N° 18.575, independiente de su denominación específica. Sin embargo, la obligación de someterse a los exámenes recae únicamente en quienes ejercen el cargo en calidad de titulares.
El argumento se sostiene en el tenor literal de la norma, que no menciona a suplentes ni subrogantes, y en la naturaleza transitoria de esas calidades. Según el dictamen, un sistema de control que exige periodicidad, imprevisibilidad y continuidad en el tiempo resulta incompatible con desempeños breves o circunstanciales. Extender la obligación a quienes ejercen funciones transitorias generaría, además, una carga administrativa y económica desproporcionada.
INTERVALO ENTRE EXÁMENES Y ALEATORIEDAD
La Subsecretaría del Interior consultó si existía un intervalo mínimo entre cada examen anual, considerando la exigencia de imprevisibilidad y la mayor sensibilidad retrospectiva de las pruebas. La Contraloría respondió que no es posible determinar un tiempo específico entre uno y otro control, pues la norma no lo establece. Lo que sí se mantiene vigente es la regla del decreto N° 1.215, de 2006, que obliga a informar al funcionario a lo más dos horas antes de la toma de muestras.
Sobre la aleatoriedad, el dictamen aclara que no existe conflicto entre el artículo 110 de la ley N° 21.806 y el decreto N° 1.215, de 2006. La ley de reajuste se limita a fijar la periodicidad de los exámenes, mientras que la aleatoriedad se refiere a la forma en que el organismo competente selecciona a los funcionarios que serán controlados en cada ocasión, conforme lo exige el artículo 61 de la ley N° 18.575.
RESULTADOS POSITIVOS Y CONSECUENCIAS
El pronunciamiento aborda también las consecuencias de un examen con resultado positivo. Para las autoridades que están simultáneamente reguladas por el artículo 55 bis de la ley N° 18.575, como jefes de servicio y directivos, un resultado positivo obliga a someterse a pruebas clínicas para comprobar dependencia psicotrópica y, de acreditarse, a incorporarse a un programa de tratamiento y rehabilitación.
El caso de los delegados presidenciales y ministros de Estado merece un análisis especial. Aunque no están sujetos al procedimiento de detección de dependencia que regula la ley N° 18.575, la Contraloría concluyó que, si su examen arroja resultado positivo, igualmente deben practicarse las pericias necesarias para determinar si existe una dependencia que les impida ejercer funciones. Esto, en armonía con los artículos 6 de la ley N° 19.175 y 40 de la ley N° 18.575.
FINANCIAMIENTO Y COORDINACIÓN
El dictamen confirma que la ampliación del universo de sujetos obligados no alteró el marco institucional preexistente. El Ministerio del Interior sigue siendo el responsable del financiamiento de los controles, con el apoyo técnico y financiero del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Eso sí, la Contraloría advierte que el Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas presupuestarias y de contratación necesarias para garantizar la implementación oportuna y eficaz del nuevo régimen.
No se advierte impedimento para que la Subsecretaría del Interior coordine las tareas de implementación, en su rol de colaboradora inmediata del Ministro del Interior, conforme al artículo 24 de la ley N° 18.575.
ENCARGADOS REGIONALES DE SUBDERE EXCLUIDOS
Respecto de la consulta de la SUBDERE, la Contraloría fue categórica: los encargados de las unidades regionales de esa entidad no están señalados en el artículo 110 de la ley N° 21.806, por lo que no les corresponde aplicar las modificaciones introducidas por esa regulación. El criterio es coherente con lo resuelto para los directivos superiores hasta el grado de jefe de división, que tampoco fueron mencionados en la ley.
VALIDACIÓN DE EXÁMENES PREVIOS
Finalmente, el dictamen valida los exámenes toxicológicos practicados durante el primer trimestre de 2026, antes de la asunción del cargo, siempre que se haya utilizado muestra biológica de pelo, se hayan realizado en laboratorios autorizados y los resultados sean públicos con aceptación expresa y escrita del obligado.
Rol D356-2026, Contraloría General de la República.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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