La Corte Suprema ratificó el rechazo a la solicitud de una empresa para cambiar el punto de captación de aguas subterráneas en la comuna de Limache, al considerar que la negativa de la Dirección General de Aguas se ajustó a derecho. El máximo tribunal desestimó el recurso de casación en el fondo presentado por la sociedad recurrente, confirmando que la exigencia de obtener un pronunciamiento del Ministerio de Bienes Nacionales sobre los deslindes del cauce del río Aconcagua no constituye una carga ilegal.
El conflicto se originó cuando la empresa solicitó modificar su derecho de aprovechamiento de aguas desde un pozo hacia la captación denominada “Pozo 2”. La D.G.A. de la Región de Valparaíso denegó la petición, decisión que fue mantenida por la Dirección General de Aguas tras un recurso de reconsideración. La autoridad argumentó que existían dudas razonables sobre si el nuevo punto de captación se emplazaba en un bien nacional de uso público, específicamente dentro del cauce del río Aconcagua.
Ante ello, la empresa reclamante acudió a la justicia, pero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su reclamación. Posteriormente, la sociedad dedujo un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando la infracción de diversas normas del Código de Aguas, de la Constitución y de leyes administrativas, entre otras.
LA CONTROVERSIA SOBRE LOS DESLINDES
El punto central del debate radicó en la interpretación del artículo 134 del Código de Aguas y del artículo 42 del Reglamento sobre Normas de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas. La recurrente sostuvo que se le impuso una carga no prevista en la ley: la exigencia de un decreto alcaldicio y, en caso de duda, la obligación de iniciar un procedimiento de fijación de deslindes. La empresa argumentó que la propia Municipalidad de Limache había señalado que los pozos no se emplazan en el cauce del río, descartando su competencia.
Sin embargo, la Corte Suprema consideró que el razonamiento de los jueces de fondo fue correcto. El fallo señala que, si bien existe un informe municipal, este no es concluyente, dado que el Director Regional de Obras Hidráulicas de Valparaíso informó que el predio en cuestión se encontraría al interior del cauce del río Aconcagua en aproximadamente un cincuenta por ciento de su superficie. Ante esta incertidumbre, la Corte determinó que era la propia interesada quien debía dilucidar la situación ante el Ministerio de Bienes Nacionales, órgano legalmente competente para fijar los deslindes de los cauces naturales.
FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO
El máximo tribunal concluyó que la sentencia impugnada no incurrió en los errores de derecho denunciados. Por el contrario, se estableció que los sentenciadores aplicaron correctamente la normativa al constatar que la solicitud no podía prosperar mientras no se determinara la naturaleza pública o privada del terreno. La Corte enfatizó que la Dirección General de Aguas no estaba habilitada para autorizar el cambio de punto de captación mientras subsistiera una duda razonable sobre el emplazamiento, lo que no implica la imposición de una carga ilegal, sino la aplicación del marco normativo vigente.
En consecuencia, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación por manifiesta falta de fundamento, utilizando la facultad contemplada en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil. La decisión confirma el criterio de que corresponde al propietario riberano, y no a la autoridad de aguas, instar por la determinación de los deslindes ante el órgano competente.
Rol N°10.814-2026, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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