El Tribunal Constitucional rechazó por siete votos contra tres el requerimiento presentado por parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Comunista contra Johannes Kaiser, exdiputado y actual líder del Partido Nacional Libertario, por sus declaraciones sobre un eventual nuevo golpe de Estado. La mayoría del pleno estimó que la acción perdió su objeto antes de ser resuelta, porque Kaiser dejó de ejercer como diputado por el término natural de su mandato. Con ello, el tribunal no se pronunció sobre si los dichos configuraban la causal de cesación del cargo invocada por los requirentes.
El requerimiento fue ingresado en 2025, según informó La Tercera, cuando Kaiser aún era diputado y candidato presidencial, después de una entrevista concedida al periodista Tomás Mosciatti en Mega. En esa conversación, ante la consulta sobre si respaldaría un nuevo golpe de Estado en un escenario similar al de 1973, respondió: «Sin duda, absolutamente». Al ser repreguntado si lo haría con todas las consecuencias, añadió: «Con todas las consecuencias, lamentablemente. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo».
Los parlamentarios requirentes sostenían que esas expresiones configuraban la causal de cesación del cargo contemplada en la Constitución para quienes inciten a la alteración del orden público o propicien el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Carta Fundamental.
LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA
La mayoría del tribunal quedó integrada por su presidenta, María Pía Silva, y por los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Raúl Mera, Daniela Marzi, Catalina Lagos y Marcela Peredo. Todos ellos coincidieron en que la solicitud no podía prosperar, pues al momento de dictarse el fallo el exdiputado ya no estaba en el cargo.
En la sentencia, el pleno explicó que no existía conflicto que resolver, porque el fin perseguido con la acción ya no subsistía, dado que el mandato había expirado de forma natural. De este modo, el requerimiento perdió su razón de ser antes de que el tribunal pudiera analizar el fondo de las declaraciones.
LOS VOTOS DE MINORÍA
La decisión no fue unánime. Las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht, junto al ministro Mario Gómez, votaron en contra y afirmaron que los dichos del exdiputado vulneraron la supremacía constitucional y el Estado de Derecho.
En su voto de minoría, los tres magistrados sostuvieron que enaltecer un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, justificando todas sus consecuencias, constituye una incitación a la violencia que el orden democrático prohíbe.
La ministra Precht, además, argumentó en un voto separado que un golpe de Estado, por sí mismo, provoca un cambio de orden institucional, y que derrocar al Presidente de la República claramente atenta contra la institucionalidad.
LA PREVENCIÓN DE MERA
En contraste, el ministro Raúl Mera dejó una prevención en la que precisó que la norma constitucional busca sancionar actos o expresiones que efectivamente impulsen un quiebre institucional, y no la mera manifestación de opiniones.
Mera afirmó que la intención del constituyente fue evitar castigar la opinión, incluso cuando ella sea antidemocrática, reservando la sanción para quien realmente llame a romper el orden constitucional. Esta prevención evidencia la tensión entre la libertad de expresión y la protección del orden jurídico institucional, tensión que en este caso el pleno no resolvió debido a la pérdida de objeto.
IMPACTO DE LA RESOLUCIÓN
El fallo se conoce en un momento en que Kaiser ya no ocupa un escaño en el Congreso, sino que lidera el Partido Nacional Libertario, después de haber competido como candidato presidencial. Aunque la decisión no valida ni condena sus dichos, la existencia de tres votos de minoría que los calificaron como incitación a la violencia deja abierta la discusión sobre los límites del discurso político en Chile.
La resolución confirma que, cuando la cesación del cargo ya se ha producido por el transcurso del tiempo, el requerimiento pierde su objeto y el tribunal no entra a conocer la controversia. Ese criterio jurisprudencial, sin embargo, no impide que en el futuro una acción similar sea analizada si el parlamentario afectado aún se encuentra en ejercicio de su cargo.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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