La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la querella de capítulos presentada por la Fiscal Regional de Ñuble en contra de una jueza titular del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, al considerar que los antecedentes aportados no permiten configurar, ni siquiera de forma indiciaria, los delitos de prevaricación y auxilio a una parte imputados a la magistrada.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala del tribunal de alzada el siete de agosto de dos mil veintiséis, en el marco de la investigación RUC 2300395218-5, RIT 924-2024. La querella, deducida por la Fiscal Regional de Ñuble, buscaba autorización para formalizar investigación y requerir medidas cautelares personales contra la jueza por seis capítulos que calificaba como constitutivos de los delitos previstos en los artículos 223 N° 1 y 224 N° 6 y N° 7 del Código Penal.
La sala estuvo integrada por los ministros Hadolff Gabriel Ascencio Molina y Rodrigo Arnoldo Cortés Gutiérrez, y por el abogado integrante Agustín Alfonso Chereau González, quien quedó a cargo de la redacción del fallo. En representación del Ministerio Público alegó Francisco Javier Soto Donoso y por el Consejo de Defensa del Estado lo hizo Rodrigo Alejandro Rojas Fonseca, ambos solicitando que se acogiera la querella. Por la jueza capitulada intervino el abogado Pelayo Vial Campos, pidiendo su rechazo.
EL ESTANDAR DEL ANTEJUICIO
El fallo recuerda que la querella de capítulos, regulada en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Penal, constituye un antejuicio destinado a determinar si existe mérito para autorizar la persecución penal de un juez por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. La expresión si hallare mérito no exige una comprobación plena del delito ni de la participación, pero sí que de los antecedentes surjan indicios serios y graves acerca del ilícito y de la intervención de la persona capitulada.
La corte precisa que el examen recae sobre antecedentes y no sobre medios de prueba valorados con la profundidad propia del juicio oral, aunque necesariamente comprende verificar su correspondencia con los elementos objetivos y subjetivos de las figuras atribuidas. Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema en los Roles N° 14.325-2025 y N° 4.536-2026, así como el criterio de la propia corte en el Rol Penal N° 475-2026.
ANALISIS CAPITULO POR CAPITULO
El primer capítulo atribuía el delito del artículo 224 N° 7 del Código Penal por la intervención de la jueza, entre 2016 y 2024, en audiencias asignadas a su sala a petición de dos abogadas con quienes mantendría una relación de amistad, resolviendo favorablemente sus pretensiones. El tribunal reconoce que los antecedentes dan cuenta de encuentros sociales y comunicaciones que pueden sustentar una relación personal, pero advierte que no se aportan elementos serios para establecer que en cada causa concurría una inhabilidad manifiesta que la jueza conocía y omitió comunicar.
Sobre el segundo capítulo, referido al sobreseimiento definitivo decretado el seis de noviembre de dos mil diecisiete en la causa RUC 1700190766-2, RIT 627-2017, seguida por tráfico de drogas, la corte estima que aunque la decisión pudiera ser equivocada, no se individualiza una proposición legal de sentido inequívoco que hubiera sido conscientemente contrariada. Se agrega que el Ministerio Público no interpuso recurso contra ese sobreseimiento, circunstancia que sin convalidar la resolución resulta relevante para ponderar si la decisión aparecía como manifiestamente contraria a la ley.
El tercer capítulo cuestionaba la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la causa RUC 1800468604-3, RIT 3267-2018, que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total y ordenó la devolución de un vehículo inscrito a nombre de una tercera, invocando una infracción al artículo 45 de la Ley N° 20.000. La corte razona que la norma citada no entrega una respuesta unívoca respecto de la titularidad invocada y la oportunidad para decidir el comiso, por lo que tampoco se configuran indicios serios del elemento subjetivo.
En el cuarto capítulo, relativo a la sentencia absolutoria dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho en procedimiento abreviado en la causa RUC 1600706877-1, RIT 4503-2016, la corte señala que la aceptación de hechos no obliga al tribunal a condenar ni lo releva de verificar la suficiencia de los antecedentes, y que la eventual incorrección del razonamiento no demuestra que la jueza hubiese decidido conscientemente contra ley expresa y vigente. Tampoco esa sentencia fue recurrida por el Ministerio Público.
El quinto capítulo comprendía dos núcleos: la resolución de veintiún de abril de dos mil veintidós que autorizó al querellante particular a formular acusación pese a no haberse formalizado la investigación, y las comunicaciones mantenidas para la preparación del informe solicitado a la jueza en un recurso de amparo. Sobre el primer punto, el tribunal sostiene que acoger una solicitud no equivale a dar auxilio o consejo a una parte, y que no se individualiza un acto adicional de asistencia. En cuanto a las comunicaciones, la corte observa que el núcleo descrito consiste en ayuda proporcionada por las abogadas a la jueza, mientras el tipo penal sanciona el auxilio dado por el juez a una parte, sin que se precise qué secreto se reveló ni cuál fue el perjuicio a la contraria.
El sexto capítulo, considerado de mayor entidad, cuestionaba el sobreseimiento definitivo parcial decretado el diecisiete de marzo de dos mil veinticinco en la causa RUC 2300395218-5, RIT 924-2024, por infringir los artículos 36 y 250 letras a) y b) del Código Procesal Penal. La corte admite que la decisión pudo ser prematura o insuficientemente fundada, pero insiste en que esos defectos no permiten inferir por sí solos que la jueza sabía que fallaba contra ley expresa y vigente, al no individualizarse comunicaciones con la defensa, instrucciones o compromisos previos.
EL CONTEXTO NO SUSTITUYE LOS TIPOS PENALES
El fallo dedica un considerando a los antecedentes de contexto, señalando que las declaraciones incorporadas describen que el despacho de la jueza era utilizado durante los recesos por fiscales, defensores públicos y particulares para compartir café ante la falta de un espacio común, sin que en presencia de la magistrada se trataran causas específicas ni se obtuvieran ventajas procesales. La corte advierte que las relaciones personales o reuniones que pudieran merecer una evaluación ética o disciplinaria no pueden sustituir la concurrencia de los elementos que la ley exige para la prevaricación penal.
En definitiva, la Tercera Sala concluye que la querella presenta resoluciones favorables a personas vinculadas con determinadas abogadas, mensajes sobre programación de audiencias y antecedentes de relaciones sociales, pero que examinados los seis capítulos separadamente y en conjunto, no surgen indicios serios y graves de que la jueza haya fallado a sabiendas contra ley expresa y vigente, dado auxilio o consejo a una parte, o intervenido con una inhabilidad manifiesta conocida y no comunicada. La reiteración de resoluciones cuestionadas no suple esos elementos, por lo que no se alcanza el mérito requerido por el artículo 425 del Código Procesal Penal.
Rol N° Penal-428-2026, Corte de Apelaciones de Concepción.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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