LA FRUSTRADA VENTA DE SARTOR A CREDICORP Y OTRAS HISTORIAS DESCONOCIDAS DEL ESCÁNDALO FINANCIERO
Por Víctor Cofré y Leonardo Cárdenas 9 AGOSTO 2026
La Unidad de Investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero recibió la primera denuncia contra Sartor en septiembre de 2024, cuando la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado, liderada en ese entonces por Daniel García, alertó sobre el financiamiento a ex ejecutivos de Primus. A partir de ese momento, la Unidad de Investigaciones de la CMF, dirigida por Andrés Montes, comenzó a analizar el caso. Según declaró Montes, se trató de una cantidad significativa de operaciones que, en muchos casos, tenían una estructura muy compleja.
LA INVESTIGACIÓN DE LA CMF
Andrés Montes armó un equipo de dos abogados y un ingeniero comercial para revisar el caso. En noviembre y diciembre de 2024, y en enero de 2025, llegaron nuevas denuncias. El Consejo de la CMF tomó decisiones progresivas: primero suspendió aportes, luego retiros y finalmente intervino la Administradora General de Fondos de Sartor. Montes declaró el 24 de julio ante el Ministerio Público y explicó que los hechos investigados ocurrieron a partir de 2020, ya que no se pueden sancionar conductas con más de cuatro años de antigüedad. Sobre la toma de control de Azul Azul por parte de Michael Clark, prefirió guardar reserva.
EL FRUSTRADO INTENTO DE COMPRA DE CREDICORP
Según el socio Rodrigo Bustamante, a fines de 2023 el grupo peruano se acercó para adquirir el negocio de wealth management y la AGF. La negociación estuvo liderada por James Loveday, número uno de Credicorp en Chile, y Pedro Pablo Larraín. En febrero o marzo de 2024, Credicorp presentó una oferta vinculante que incluía un pago inicial de entre tres mil y cuatro mil millones de pesos, más pagos variables que podían sumar otros siete u ocho mil millones si la compañía crecía durante los cinco años en que los vendedores debían permanecer en el negocio.
Sin embargo, el acuerdo no se concretó. Bustamante declaró que cuando Larraín intentó convertir el acuerdo no vinculante en uno vinculante, Credicorp bajó el precio en un cincuenta por ciento. Dijo que hasta hoy no entiende por qué ocurrió eso. La respuesta la entregó el propio Loveday: tras casi once semanas de due diligence, no pudieron confirmar el Ebitda que les habían mostrado en mayo. Además, existían contingencias tributarias materiales y una estructura de fondos privados que no respetaba la regulación de la CMF. Tampoco recibieron el detalle de las carteras de los fondos, que se justificaban como secreto comercial. El 25 de septiembre de 2024, Loveday llamó a Larraín para comunicarle que no seguían con el proceso, y el 2 de octubre enviaron una carta formal cerrando el proceso. Tras conocerse la suspensión de la captación de aportes ordenada por la CMF, Credicorp pidió el rescate de sus inversiones: una noche de domingo, Loveday llamó a Larraín para pedir el rescate de todos los aportes que Credicorp había hecho a dos fondos de Sartor, por cien millones de dólares. Esta semana, su abogado, Juan Domingo Acosta, dijo que de una deuda de cuarenta y cinco millones de dólares no han recuperado ni un dólar.
LAS DECLARACIONES DE LOS SOCIOS
Alfredo Harz, socio de Larraín, declaró que el dueño de Sartor intervenía en todas las decisiones de la empresa y que se pagaba a sí mismo más de veinte millones de pesos líquidos mensuales con fondos de Asesoría e Inversiones Sartor. Esa cifra aparece en el proceso de liquidación forzosa de la matriz: según el libro de remuneraciones, Pedro Pablo Larraín recibió un sueldo líquido de veinte millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos en abril, y de veinte millones quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos en marzo. El interventor Eduardo Godoy declaró que el proceso de liquidación tardó dieciséis meses, cuatro veces más de lo habitual, debido a dos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. Godoy asumió el 3 de junio.
LOS HALLAZGOS DE LA LIQUIDACIÓN
Cuando el liquidador Eduardo Godoy inició las diligencias de incautación, descubrió que en los domicilios registrados no había bienes ni documentos de la sociedad. Las oficinas de Cerro El Plomo 6000, donde funcionaba casi todo el grupo, estaban arrendadas por Sartor AGF a Independencia Rentas Inmobiliarias, pero a ese contrato se le puso término en enero de 2026. Los bienes muebles fueron vendidos como unidad económica a Dolphin Medical SpA, la nueva arrendataria. Las otras dos direcciones correspondían a los abogados de Sartor, Luis Felipe Castañeda y Francisco Fuentes, quienes explicaron que tras la intervención de la CMF la sociedad quedó sin domicilio.
LA INVERSIÓN EN MIAMI
Sartor invirtió treinta y cinco millones de dólares en 2022 en un proyecto inmobiliario en Miami, llamado One River Point y ahora Faena Residences. Además de los fondos públicos, Larraín reveló ante la Fiscalía que cuatro o cinco clientes de la banca privada participaron con un capital de ocho millones setecientos mil dólares. Entre ellos mencionó a Enrique Hasbún, Juan Monsalve, Carlos Galilea y Jorge Parra. Lucila Siskind, directora de relaciones con inversionistas de Codelco, y su esposo Juan Martín Monsalve tenían invertidos nueve mil seiscientos noventa y cinco millones de pesos en distintos instrumentos de Sartor, según las últimas cartolas de 2024.
LA VENTA FRUSTRADA DE AZUL AZUL
La Fiscalía encontró un contrato de asesoría financiera firmado entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías para prospectar posibles compradores de Azul Azul. Michael Clark, quien firmó por Tactical Sport, reconoció que buscaban vender el club de forma confidencial. A pesar de los contactos, nadie presentó una oferta por el activo. También aparecieron conversaciones de chats internos en las que Mauro Valdés preguntaba a Larraín por la eventual participación del representante Fernando Felicevich, versión que Larraín descartó con molestia.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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