La jornada legislativa que cerró la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, desarrollo económico y social dejó un escenario de aprobación estrecha y nuevos conflictos abiertos. El Senado dio luz verde al informe de la comisión mixta con 27 votos a favor y 22 en contra, pero el Gobierno ya anunció que ingresará un veto presidencial para objetar al menos tres materias contenidas en la iniciativa.
La votación, consignada por el canal TV Senado Chile, reflejó la tensión política que acompañó al texto durante toda su discusión. Mientras un sector defendió la norma como una herramienta para volver a abrir las puertas a la inversión y al emprendimiento, otro la calificó como una iniciativa profundamente injusta y desigual, que haría que las personas más pobres del país subvencionen las comodidades de quienes más tienen.
VETO PRESIDENCIAL EN TRES MATERIAS
El anuncio del Ejecutivo sobre el veto presidencial anticipa que la discusión no concluye con la aprobación del informe de la comisión mixta. Según lo informado en la sesión, los tres vetos apuntarían al anatocismo, al olvido financiero y al pago de obligaciones en 30 días.
En el debate se planteó que estas tres iniciativas «suenan bien», pero traerían malas consecuencias para el sistema, razón por la cual serían objetadas. La definición del Ejecutivo mantiene abierta la controversia en un proyecto que ya había generado reparos durante su paso por ambas cámaras.
COMPENSACIÓN AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
El punto más relevante de la última votación del Senado fue el informe de la comisión mixta que resolvió la discrepancia en torno a la compensación al Fondo Común Municipal, a raíz de la norma que extiende las contribuciones de la primera vivienda para personas mayores.
El mecanismo aprobado establece una compensación que financia los 110 mil millones de pesos que dejaba de percibir el Fondo Común Municipal y los 80 mil millones de pesos que iban directamente a las arcas fiscales por concepto de impuesto territorial.
Los montos serán estimados cada año por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que deberá informar las cifras correspondientes. Eso sí, la entrega de estos recursos quedará condicionada al cumplimiento de requisitos de gestión por parte de las municipalidades y a la incorporación de un nuevo sistema destinado a fortalecer el cobro de deudas municipales.
RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD
La decisión no estuvo exenta de críticas. Un grupo importante y numeroso de alcaldes se oponía a esta compensación, pese a lo cual el Gobierno aseguró que, a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes del país, sin importar la comuna en que vivan, recibirán esos recursos.
En la sesión se dio cuenta de una reserva de constitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional, por una eventual vulneración de los artículos 11, 18, 119 y 122 de la Constitución Política de la República. El reparo apunta a los principios de autonomía municipal y de equidad en la distribución solidaria del Fondo Común Municipal, entre otros aspectos.
Desde la vereda municipal se defendió el acuerdo alcanzado de manera transversal y unánime, en orden a que el cien por ciento de los municipios fueran compensados. La premisa era clara: ningún municipio debía quedarse con menos recursos para responder a sus vecinos.
La alcaldesa de Valparaíso, en tanto, advirtió que los alcaldes presentes no se perderán en la historia y que debe quedar patente que alertaron sobre esta situación de desigualdad.
ACUERDO PARA ATACAMA Y COQUIMBO
En la misma jornada, el Ejecutivo alcanzó un entendimiento con los senadores Matías Walker y Sergio Gaona. El acuerdo contempla recursos para la reconstrucción de las regiones de Atacama y Coquimbo, afectadas por los últimos sistemas frontales, a través de la Ley de Presupuestos 2027.
El entendimiento busca dar certidumbre financiera a esas zonas y proyectar con calma el presupuesto del año 2027, pese a que la discusión de algunas normas no termina aquí.
Con el despacho del informe de la comisión mixta, el proyecto de reconstrucción nacional, desarrollo económico y social quedó en condiciones de continuar su curso, aunque el veto presidencial y la reserva de constitucionalidad mantienen viva la controversia jurídica y política en torno a una iniciativa que dejó posiciones irreconciliables en el Senado y entre las asociaciones de municipios.
La cobertura completa de la sesión fue difundida por TV Senado Chile, que también puso a disposición del público la información en su programación y en el sitio senado.cl.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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