Comisión de Derechos Humanos del Senado avanza en proyecto de financiamiento de sitios de memoria
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado sesionó el 4 de agosto de 2026 para continuar la discusión particular del proyecto de ley que regula las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria y modifica la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales, correspondiente al boletín 17852-17. La instancia contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera, Pablo Mira.
Previo al debate, la secretaría dio cuenta de diversos oficios remitidos en cumplimiento de la ley de presupuestos del sector público. Entre ellos se encontraban antecedentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre glosas presupuestarias del segundo trimestre; un informe del Poder Judicial sobre la imposibilidad de entregar estadísticas de personas en prisión preventiva imputadas por ilícitos cometidos en contextos de reivindicaciones indígenas; reportes de Gendarmería de Chile sobre denegaciones de visitas a internos y sobre políticas de rehabilitación y reinserción; y un informe del Servicio Médico Legal acerca de los cuerpos en su poder en causas calificadas como violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1989.
También se informó sobre la ejecución del Fondo de Programas Sitios de Memoria a cargo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En materia de correspondencia, se dio cuenta de la solicitud de Jaqueline Saavedra, quien pidió un proyecto de ley para la rehabilitación de su nacionalidad chilena; de la petición de audiencia de la Asociación de Consumidores Aproviña; y de la denuncia de José Manuel Undurraga, quien habría presentado requerimientos ante la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y la Subsecretaría General de la Presidencia.
LA PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA
En su exposición, el subsecretario Pablo Mira señaló que la mesa técnica revisó las indicaciones presentadas por las senadoras Campillay, Carvajal, Pascual y Provoste. Añadió que el Ejecutivo busca acotar el contenido del proyecto a la gestión eficiente de los sitios de memoria, debido a las dificultades de rendición que genera la actual transferencia fraccionada de recursos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
El subsecretario planteó tres ejes. Primero, que el proyecto debe centrarse en aquellos sitios que cuenten con declaratoria de monumento histórico, decisión que hoy adopta el Consejo de Monumentos Nacionales, entidad de 23 miembros. En ese punto, informó que se han otorgado 73 declaratorias. Segundo, que los fines de las organizaciones vinculadas deben ajustarse a las definiciones del título primero de la iniciativa. Tercero, que las obligaciones del proyecto se enmarquen en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Asimismo, Mira advirtió que la tramitación de esta iniciativa debe coordinarse con el futuro proyecto de nueva ley de patrimonio cultural, que incorporaría una categoría de sitio de memoria, con el fin de evitar inconsistencias normativas.
DEFINICIONES PRESUPUESTARIAS
Durante el debate, la senadora Carvajal preguntó por las definiciones presupuestarias y por el impacto que tendría el proyecto en la glosa actual. El subsecretario respondió que el informe financiero estima un mayor gasto de unos 600 millones de pesos en el primer año y de 300 millones en el segundo y en régimen. También detalló que hoy existen siete sitios identificados en la ley de presupuesto de 2026, cerca de veinte que acceden a fondos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y unos quince que reciben recursos de un fondo menor de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La senadora Carvajal insistió en que se requería claridad sobre los montos, pues la iniciativa justamente crea modalidades nuevas de financiamiento. El ministro Rabat reconoció que no existe una definición de monto para 2027 y explicó que la reforma apunta a que los recursos queden radicados en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para ser distribuidos conforme a las reglas que fije la ley, ya sea mediante asignaciones directas o por concurso.
En la sesión también se planteó la preocupación por mantener la glosa presupuestaria que beneficia a los sitios de memoria. El subsecretario aclaró que el proyecto mantiene esa posibilidad, aunque las definiciones definitivas corresponderán a la tramitación de la ley de presupuestos de 2027.
ADMISIBILIDAD DE LAS INDICACIONES
La comisión pasó luego a la revisión del articulado. La primera indicación, patrocinada por las senadoras Campillay y Carvajal, proponía incorporar al objeto de la ley la promoción del reconocimiento, resguardo y sostenibilidad del patrimonio vinculado a los derechos humanos. La secretaría expresó dudas sobre su admisibilidad.
El ministro invocó el artículo 118 del Reglamento del Senado, que exige una relación directa entre las indicaciones y las ideas matrices del mensaje. Según el titular de Justicia, el mensaje presidencial circunscribe el proyecto a las fuentes y modalidades de financiamiento y al traslado de su gestión a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Las senadoras defensoras de las indicaciones sostuvieron que los fines propuestos ya se encontraban recogidos en el artículo primero aprobado por la Cámara de Diputados. Finalmente, se acordó votar la segunda y la tercera indicación junto a una propuesta del Ejecutivo que incorpora la referencia a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. La primera indicación quedó pendiente.
Al cumplirse la hora reglamentaria, la presidenta de la comisión puso término a la sesión.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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