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La Moneda vuelve a abrir el debate constitucional. El Presidente José Antonio Kast firmará este lunes, a las 8.45 horas, la reforma a la Carta Fundamental que busca entregar nuevas herramientas al Estado contra el crimen organizado y el terrorismo. La iniciativa ingresará por el Senado con urgencia suma, según confirmaron dirigentes y parlamentarios que hasta la tarde del domingo seguían recibiendo invitaciones al acto.
La ceremonia formaliza el anuncio que el Mandatario realizó el miércoles pasado en cadena nacional, cuando presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT. Con esta enmienda, Kast reabre la discusión constitucional después de los dos procesos fallidos de elaboración de una nueva Constitución, rechazados en los plebiscitos de 2022 y 2023.
La paradoja del momento político es relevante: tras esas dos derrotas electorales, el sector de la derecha, incluido el Partido Republicano, había defendido cerrar el debate constitucional. Ahora, desde La Moneda, ese mismo sector impulsa una modificación a la Constitución, aunque el gobierno insiste en que no se trata de un cambio refundacional, sino de adecuaciones específicas para combatir la delincuencia y el terrorismo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la iniciativa en Mesa Central de Canal 13. Según explicó, se trata de una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, que otorga funciones y atribuciones nuevas en materia de seguridad. “Son herramientas nuevas”, sostuvo.
Arrau también aseguró que la agenda de seguridad es distinta de la discusión económica y que se trata de un tema que “tiende a unir”. Afirmó que el Ejecutivo ya conversó las iniciativas con parlamentarios oficialistas y de oposición, y que existe un respaldo “más o menos amplio” a la mayoría de las propuestas.
Incluso, en tono informal, el ministro graficó el clima de acuerdo: “El ministro Quiroz yo creo que tendría envidia si hubiera tenido esas cifras de su megarreforma. Cuando uno recorre los barrios y poblaciones pide esto y 10 más”.
La propuesta contempla tres cambios concretos. El primero incorpora la seguridad pública como una obligación del Estado en el artículo 1 de la Constitución, estableciendo expresamente que es deber del Estado proteger la seguridad de las personas.
El segundo eje crea un listado de organizaciones criminales y terroristas, asociado a un nuevo delito de pertenencia a estas agrupaciones. Se trata de una herramienta que busca sancionar penalmente la integración a bandas dedicadas al crimen organizado.
El tercer ajuste incluye un nuevo estado de excepción constitucional, que podrá decretarse ante una grave alteración de la seguridad pública. Este punto, según las primeras reacciones, sería uno de los más difíciles de consensuar en el Congreso.
Las primeras observaciones opositoras apuntan a la necesidad de modificar la Constitución para fines que, a juicio de los detractores, podrían abordarse por otras vías. La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, del PPD, manifestó en Estado Nacional de TVN que la agenda de Kast tendrá respaldo en buena parte de sus contenidos, pero advirtió que la reforma constitucional será uno de los puntos de mayor debate.
Su principal reparo no es solo al contenido, sino al énfasis del gobierno en la tramitación legislativa. Para Tohá, acelerar una agenda de esta magnitud puede concentrar la energía del Estado en el Parlamento, en lugar de enfocarla en la implementación de las medidas de seguridad ya aprobadas, la gestión y el aumento de la dotación policial. “Está ausente algo que debería ser prioridad absoluta”, dijo, y agregó como materias pendientes la inteligencia económica, la infraestructura crítica y la prevención.
Desde el Partido Republicano respondió de inmediato su presidente y senador, Arturo Squella. Cuestionó los planteamientos de la exministra y defendió la modificación del marco constitucional. “No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, en donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, en donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas”, afirmó.
Squella agregó que la agenda legislativa “perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Arrau”.
La presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Vodanovic también cuestionó el enfoque del Ejecutivo. En Mesa Central, señaló que echa de menos un combate efectivo contra el crimen organizado y puso en duda que llevar ese objetivo al texto constitucional cambie la realidad. “Yo echo de menos un combate efectivo contra el crimen organizado, no a nivel constitucional, porque esto de poner una frase no va a cambiar la realidad”, dijo.
El presidente del PPD, Raúl Soto, adoptó un tono más conciliador. “Tenemos una predisposición positiva” y “hay espacio para acuerdos en materia de seguridad”, sostuvo, pero insistió en que “hay que estar atentos al detalle de cada proyecto y analizarlo en su mérito”. Las enmiendas, dijo, deben ser consensuadas. “Espero que el gobierno aborde este debate como una política de Estado y que no lo aproveche para intentar dar su batalla cultural e ideológica, intentando pasar temas que creo deben tratarse por separado. Acá el foco debe estar en el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia”.
El senador Pedro Araya, independiente PPD, fue más duro. Pidió que el Presidente precise las cifras en que basó su relato, porque, a su juicio, no coinciden con la estadística oficial. “No se pueden construir políticas públicas sobre la base de cifras erradas”, afirmó, en alusión a los 218 mil robos con violencia en 2025 mencionados por Kast en la cadena nacional, una estadística refutada por la oposición.
Araya además observa dos puntos complejos: la reforma constitucional, porque esos temas “ya están regulados en la Constitución y en las leyes”, y el registro de organizaciones criminales. “Creo que el Senado no es el llamado a reemplazar a los tribunales de justicia. Esa puede ser una muy mala solución”, advirtió.
El senador DC Iván Flores, autor de uno de los proyectos incluidos en el paquete, el que castiga el quebrantamiento de condenas, valoró que el gobierno incorporara iniciativas que venían tramitándose desde la administración anterior. Pero advirtió que “no es claro qué es lo que pretenden con la reforma constitucional y el estado de excepción. Eso, sin duda, va a originar la discusión más dura”. También recordó que el paquete no contiene medidas de prevención ni el levantamiento del secreto bancario, una demanda permanente de la oposición.
Hasta ahora la oposición no tiene una postura común frente a la reforma y comenzará a intentar consensuarla. Lo que sí parece claro es que, al igual que ocurrió con la megarreforma tributaria, no cuentan con los votos en el Congreso para hacer pesar su visión.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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