Comisión de Gobierno del Senado analiza proyecto de prevención del delito para gobiernos regionales
La Comisión de Gobierno del Senado sesionó el 4 de agosto de 2026 para continuar el estudio de las indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, correspondiente al boletín 16132-06, que entrega a los gobiernos regionales funciones en prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas. El invitado principal fue el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, quien asistió acompañado de su equipo de asesores.
Durante la cuenta, la secretaría dio cuenta de la correspondencia recibida en respuesta a los oficios enviados por la comisión a gobiernos regionales y municipalidades sobre los recursos destinados a seguridad. Se informó de las respuestas de las municipalidades de Antuco, Curepto, Porvenir, Chañaral, El Monte, Pelluhue, Tucapel y Tocopilla, y del Gobierno Regional de Antofagasta, además de un informe complementario de la Asociación de Gobernadores Regionales. También se recibió una respuesta reservada del Ministerio del Interior con antecedentes sobre gestión migratoria.
En cumplimiento de la ley de presupuestos, se recibieron oficios de la Contraloría General de la República relativos a las glosas 10 y 11, con carácter reservado, correspondientes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al Servicio Nacional de Migraciones, a los gobiernos regionales de Tarapacá y a otros organismos como el Ministerio Público y el Servicio Electoral.
LA EXPOSICIÓN DEL GOBERNADOR
El gobernador Orrego comenzó su intervención describiendo los principales dolores de la región metropolitana: la inseguridad, la desigualdad, el cambio climático y la fragmentación territorial e institucional. Planteó que su gestión busca recuperar la ciudad para las personas y recordó que en los últimos cinco años se han invertido 198.000 millones de pesos en materia de seguridad, una cifra cercana a un presupuesto anual completo del gobierno regional.
Explicó que la región creó un departamento de seguridad y que hoy desarrolla iniciativas como el proyecto Cóndor, un observatorio que integra información de delitos, inversiones y vulnerabilidad social en un mismo visor, accesible a los 52 municipios. En prevención situacional, mencionó la instalación de 65.000 luminarias, 3.000 cámaras de televigilancia y redes de alarmas comunitarias. En el ámbito comunitario, destacó el Fondo Comunidad Activa, que ha financiado 1.460 iniciativas vecinales.
Uno de los proyectos más relevantes presentados fue el programa Estamos Contigo, orientado al acompañamiento integral de víctimas de delitos violentos. Según el gobernador, el programa contempla un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos que acuden al domicilio de las víctimas en 35 comunas, con la meta de atender a 57.000 personas en los próximos dos años.
El gobernador también defendió la recuperación de espacios públicos como una estrategia de prevención del delito. Mencionó la remodelación de la Alameda, la Plaza Baquedano y las 312 plazas recuperadas en la región, junto con actividades masivas que han permitido devolver el uso de la calle a la comunidad.
POSTURA DE LOS SENADORES
Tras la exposición, los senadores valoraron el trabajo presentado. El senador Velázquez solicitó al gobernador advertir sobre eventuales vacíos del proyecto. El senador Trisotti manifestó sus aprensiones iniciales y señaló que un informe de la Biblioteca del Congreso advierte sobre posibles duplicidades de funciones y la necesidad de precisar el ámbito de planificación. La senadora Bodanovich respaldó la iniciativa y sostuvo que la norma reconoce una realidad que ya existe en los gobiernos regionales. En tanto, el senador Becker destacó la importancia de regular una labor que los gobernadores ya realizan, para que no dependa de cada autoridad de turno.
RESPUESTA DEL GOBERNADOR
En su réplica, Orrego aseguró que los gobiernos regionales no buscan disputar el control operativo de la seguridad ni el mando de las policías, sino contar con competencias formales en prevención. Cuestionó la duplicidad que, a su juicio, existe hoy entre la delegación presidencial y la seremi de Seguridad Pública, y subrayó que el proyecto apunta a que cada región pueda definir su propia estrategia de prevención en concordancia con la política nacional.
También se refirió a la necesidad de contar con una dotación adecuada y con responsabilidad administrativa para gestionar los recursos. En esa línea, presentó a Mauro Mercado, jefe del departamento de seguridad del gobierno regional, quien respaldó la iniciativa y señaló que la norma permitirá fortalecer la arquitectura de seguridad.
ACUERDOS DE LA SESIÓN
La presidencia de la comisión propuso conformar una mesa técnica para que los asesores jurídicos de los senadores y del Ejecutivo analicen los puntos más delicados del proyecto. Se acordó además otorgar un plazo de dos semanas para la presentación de nuevas indicaciones.
En el cierre, se dejó constancia de otros temas pendientes, como la conformación de una comisión mixta para el proyecto relativo a expulsiones administrativas y la eventual invitación al ministro de Relaciones Exteriores para informar sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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