La defensa de Michael Clark, uno de los once imputados del caso Sartor, dedicó cuatro horas de la octava jornada de formalización para sostener que su cliente no pertenece al núcleo financiero de la empresa y que no incurrió en los delitos que le atribuye el Ministerio Público. Los abogados Bernardo Rosenberg y Karen Clark expusieron este lunes una batería de argumentos fácticos y jurídicos para rebatir la imputación.
LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
Rosenberg partió por desmarcar a Clark del grupo controlador: señaló que no es socio de Sartor, no tuvo poderes, ni teléfono ni correo corporativo. El origen del caso, dijo, se remonta a 2016 y 2017, periodo crítico en que desaparecieron 30 mil millones de pesos, y en el que los socios y el núcleo de Sartor participaron activamente en el destino de los fondos, un círculo de confianza del que su cliente no formaba parte. La alusión apuntó a las pérdidas generadas por la participación de Sartor en Emprender Capital.
Para la defensa, el Ministerio Público concluyó que todos los directores abusaron de sus facultades con pleno conocimiento del perjuicio, pero la participación penal no se presume por el cargo y el dolo no se construye por pertenencia orgánica. Las facultades para suscribir contratos, comprometer activos, firmar pagarés, prorrogar créditos, cursar operaciones y ejecutar transferencias estaban radicadas en los apoderados clase A, no en su representado. Entre 2021 y 2023 esos apoderados eran Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Oscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León.
Karen Clark, hermana del imputado, aportó cifras: entre 2020 y 2021 el 62% de las operaciones cursadas en Sartor eran nuevas, mientras que en 2023 y 2024 predominaron las prórrogas, con un 60% y 67%. Detalló que en 2023 hubo 90 operaciones, de las cuales 88 fueron aprobadas por Pedro Pablo Larraín, 87 por Alfredo Harz, 52 por Oscar Ebel y 62 por Miguel León. «En ninguna de esas operaciones participó Michael Clark», enfatizó. El mismo ejercicio se hizo con las 164 operaciones del año 2024.
AZUL AZUL Y LA LEY DE OPA
El Ministerio Público acusa a Clark de fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado por la toma de control de Azul Azul a través del FIP Tactical Sport. Rosenberg replicó que la Ley de OPA protege a los accionistas minoritarios ante un eventual premio por la venta de un paquete que entregue control, pero en la compra de cuotas del FIP en 2024, que dejó a Clark como mayor aportante con 90%, no se transaron acciones sino cuotas de un fondo de inversión privado, por lo que no hubo premio por control ni afectación de liquidez.
El abogado invocó el artículo 93 de la Ley Única de Fondos, que prohíbe realizar oferta pública de cuotas de fondos de inversión privados. Si la ley impide una OPA sobre ese instrumento, es jurídicamente imposible construir un tipo penal sobre la omisión de ese acto, planteó. También cuestionó que la imputación se apoye en la posición administrativa de la CMF: «la interpretación de un órgano regulador no es fuente del derecho penal».
LAVADO DE ACTIVOS Y COOPERACIÓN
En cuanto al lavado de activos, la defensa subrayó que solo se imputa a Clark y no a quienes fueron socios o tuvieron poderes de administración. El Ministerio Público sostiene que los fondos para comprar Azul Azul en 2021 provienen de actos de administración desleal que afectaron a los fondos Táctico y Leasing. Rosenberg respondió que su representado no controla ningún eslabón de esa cadena y que el tipo penal exige conocer el origen ilícito y ejecutar actos de ocultamiento de manera simultánea, doble conocimiento que no se satisface.
La defensa también relevó la disposición de Clark a regularizar la situación. Aseguró que se reunió cuatro veces con el liquidador designado inicialmente por la CMF, Ricardo Budinich, para buscar solución a las deudas de los fondos de Sartor. Las conversaciones avanzaron con borradores, pero el cambio de liquidador a última hora impidió que prosperaran. Clark ofreció pagar la deuda con los fondos, propuesta que el liquidador rechazó, según la defensa, pese a que habría significado un recupero de cerca de 7 mil millones de pesos para los aportantes.
PRÓXIMAS JORNADAS
La formalización continuará este martes con las exposiciones de las defensas de Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante. El miércoles será el turno de las réplicas de la Fiscalía y los querellantes.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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