La reforma constitucional en seguridad que el Ejecutivo ingresará este martes al Senado con suma urgencia incluye una herramienta que podría destrabar una de las iniciativas más resistidas del Congreso: el Registro de Vándalos e Incivilidades. Se trata del nuevo artículo 9 bis, una disposición que entregaría al legislador un marco para imponer restricciones y pérdida de beneficios sociales a personas condenadas por ciertos delitos.
El proyecto, impulsado por el Presidente José Antonio Kast, busca que la ley pueda establecer diferencias de trato respecto de condenados, siempre que esas medidas no sean arbitrarias ni afecten los derechos en su esencia. La fórmula permitiría dar sustento constitucional a limitaciones que hoy chocan con reparos de proporcionalidad.
La norma no operaría de manera automática, sino que habilitaría al Congreso para decidir mediante ley los casos en que proceden las restricciones. Esa flexibilidad podría cambiar el rumbo de la discusión del registro, criticado tanto por las conductas que considera como por las consecuencias que apareja.
REGISTRO DE VÁNDALOS: UNA TRAMITACIÓN COMPLEJA
La discusión del Registro de Vándalos e Incivilidades ha sido particularmente difícil. La Comisión de Seguridad lo aprobó en general por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, pero la instancia recibió a 23 entidades y expertos, ninguno de los cuales respaldó íntegramente la iniciativa. Además, los votos favorables no fueron acompañados de fundamentación en la sesión.
Esa falta de apoyo técnico y político ha generado dudas sobre la viabilidad del registro tal como está planteado. En ese escenario, el artículo 9 bis podría operar como un marco habilitante para que el legislador module las sanciones y beneficios sin quedar expuesto a objeciones de inconstitucionalidad, siempre que se respeten los límites propuestos.
La reforma constitucional no resuelve por sí sola el contenido del registro, pero podría entregar una base más sólida para que sus normas superen un examen de validez.
EL FANTASMA DE ESCUELAS PROTEGIDAS
El punto no es menor si se considera lo ocurrido con Escuelas Protegidas. En esa tramitación, el Gobierno intentó establecer una inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria respecto de determinadas personas, pero el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional por siete votos contra tres.
Ese antecedente explica, en parte, la decisión de buscar una base constitucional expresa para este tipo de restricciones. La nueva norma entregaría al legislador un punto de apoyo más sólido que el que tuvo esa disposición legal.
QUÉ PERMITE EL NUEVO ARTÍCULO 9 BIS
La reforma contempla, además, una inhabilidad de 15 años para acceder a la libertad condicional y a otros beneficios penitenciarios. También autorizaría tratamientos diferenciados para condenados por delitos de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, incluyendo regímenes penitenciarios especiales.
Sin embargo, el alcance exacto de la disposición quedará definido en la discusión legislativa. Uno de los puntos a resolver es si las restricciones se limitarán a esos tipos penales o si el marco permitirá extenderlas a otros delitos. Esa definición será clave para determinar el impacto real de la norma.
LA DEFENSA DE KAST
El Presidente Kast defendió la inclusión de esta materia y planteó el debate sobre si las personas condenadas por delitos graves deben mantener beneficios estatales. En entrevista con 24 Horas, señaló que «se va a discutir si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo, pero ahora todo va a ser parte del debate parlamentario».
El Mandatario también destacó el carácter integral de la reforma y mencionó otras herramientas que abordará, como el régimen penitenciario, el decomiso, el uso de bienes del crimen organizado y un estado de excepción especial y acotado para combatir el terrorismo y el crimen organizado. «Todo eso ahora entra a un debate legislativo y espero que prime siempre el interés de Chile», agregó.
La suerte de la reforma y del propio Registro de Vándalos quedará en manos del Congreso. La suma urgencia fija un calendario acotado para su tramitación, y el artículo 9 bis se perfila como una de las claves de la discusión.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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