Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recurso de protección por falta de ejecución de demolición parcial en Viña del Mar
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó, sin costas, un recurso de protección deducido en favor de una mujer de 92 años que reclamaba la falta de ejecución de un decreto alcaldicio que ordenó la demolición parcial de un inmueble colindante al suyo. La acción fue interpuesta contra la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y contra la propietaria del lote vecino, por la omisión que habría permitido mantener en pie una construcción ilegal que, según la recurrente, representaba un peligro de derrumbe e incendio. El fallo determinó que la vía constitucional no es el mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento forzado de un acto administrativo, y que existen procedimientos especiales contemplados en la ley para estos efectos.
LOS HECHOS QUE ORIGINARON EL RECURSO
La recurrente y su hija son dueñas de un inmueble ubicado en calle Las Rosas, comuna de Viña del Mar, que corresponde al lote 4-B de una subdivisión efectuada en 1964. El lote 4-A, colindante, pertenece a la recurrida, quien lo habría adquirido en 2023. Según la acción constitucional, desde esa fecha la vecina habría comenzado a ejecutar una ampliación sin permiso de la autoridad competente, consistente en un segundo piso y otros niveles bajo la cota de calle, con materiales calificados como precarios.
Las obras fueron denunciadas ante la autoridad municipal en septiembre de 2023. Tras diversas fiscalizaciones, la Dirección de Obras Municipales rechazó las solicitudes de regularización presentadas por la propietaria y, el 17 de mayo de 2024, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 6963, que ordenó la demolición parcial de las ampliaciones correspondientes al segundo piso y niveles bajo la cota de calle, otorgando un plazo de cuarenta días corridos para su ejecución voluntaria.
La recurrente sostuvo que el plazo se cumplió sin que la propietaria ejecutara la demolición ni que la Municipalidad adoptara acción alguna para materializarla. La construcción, agregó, se encuentra contigua a su vivienda y genera un riesgo de derrumbe, incendio u otras contingencias, situación que se agravaría por su calidad de adulta mayor. Invocó como garantías vulneradas el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
QUÉ INFORMÓ LA MUNICIPALIDAD
La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar solicitó el rechazo del recurso. En su informe, señaló que el 24 de julio de 2023 un inspector municipal constató la ejecución de obras de ampliación sin permiso, dictándose la Resolución DOM N° 682/2023 que ordenó la inmediata paralización. La propietaria presentó tres solicitudes de regularización entre 2023 y 2025, todas rechazadas por no subsanar observaciones técnicas.
El municipio explicó que el procedimiento de demolición se suspendió legítimamente por la interposición de un recurso de reposición por parte de la propietaria, conforme al artículo 152 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dicho recurso fue finalmente rechazado el 30 de septiembre de 2024 mediante Resolución DOM N° 744/2024. La entidad edilicia agregó que la ejecución material de la demolición no compete directamente a la Dirección de Obras Municipales, sino a la Dirección de Operaciones y Servicios, y que, de no contar con medios técnicos propios, debe procederse a contratación externa conforme a la Ley N° 19.886.
LA POSICIÓN DE LA PROPIETARIA DEL LOTE VECINO
La recurrida negó la existencia de un peligro inminente de derrumbe u otro accidente y afirmó que la construcción se emplaza dentro de su propiedad. Aportó antecedentes técnicos de un ingeniero civil estructural, una arquitecta constructora y un informe topográfico. Sostuvo que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario, sino el ejercicio de actuaciones tendientes a regularizar el inmueble. Además, planteó que la acción fue deducida en forma extemporánea, pues la recurrente habría tenido conocimiento de los hechos desde 2023, mientras que el recurso fue presentado el 24 de abril de 2026.
LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO
La Corte señaló que, conforme a los antecedentes acompañados, no se advierte una omisión municipal absoluta o una inactividad carente de fundamento. La Municipalidad habría fiscalizado la obra, dispuesto su paralización, observado y rechazado solicitudes de regularización, solicitado la dictación del decreto de demolición, tramitado y resuelto la reposición, comunicado el estado del procedimiento y remitido antecedentes al Juzgado de Policía Local competente.
El fallo agregó que la acción constitucional no constituye la vía idónea para obtener la ejecución forzada de un acto administrativo municipal. En ese sentido, recordó que el artículo 151 de la Ley N° 18.695 contempla el reclamo de ilegalidad municipal, y que el artículo 154 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece una vía específica para reclamar ante la justicia ordinaria respecto de las órdenes de demolición, dentro del plazo de diez días hábiles desde la notificación.
N° Protección-3504-2026, Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
