La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Casino de Juegos Coyhaique S.A. en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, confirmando la decisión de la autoridad de poner término a la evaluación de la oferta técnica de la empresa en el proceso de renovación de su permiso de operación para el casino de la comuna de Coyhaique. El fallo, dictado el 5 de agosto de 2026 por la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino, acogió la tesis de la Superintendencia en orden a que el acto impugnado, la Resolución Exenta 220/2026, no era susceptible de ser reclamado por la vía especial del artículo 27 bis de la Ley 19995.
La sociedad reclamante, actual titular del permiso cuyo vencimiento estaba fijado para el 19 de abril de 2027, participó en el proceso de renovación convocado por la Superintendencia. La autoridad, mediante Resolución Exenta 97/2026, puso término a la evaluación de su oferta técnica al constatar la falta de catorce antecedentes exigidos por las bases técnicas, entre ellos certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, declaraciones de impuesto a la renta y certificados de endeudamiento respecto de accionistas que poseen el cinco por ciento o más de la propiedad consolidada. La empresa dedujo recurso de reposición, que fue rechazado por la Resolución Exenta 220/2026, acto que motivó el reclamo judicial.
LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO COMO CUESTIÓN PREVIA
El tribunal, en su considerando cuarto, estableció que el reclamo resultaba improcedente por cuanto el artículo 27 bis de la Ley 19995 solo franquea la vía de reclamación ante la Corte para las resoluciones de evaluación y otorgamiento, denegación o renovación de permisos de operación, no así para aquellas que resuelven un recurso de reposición. El fallo precisó que, interpretadas armónicamente las disposiciones de la norma, la expresión «las resoluciones de la Superintendencia» contenida en su inciso segundo debe remitirse a las mismas resoluciones aludidas en el inciso primero. Agregó que la Resolución Exenta 220/2026 se limitó a resolver la reposición, sin evaluar, otorgar, denegar o renovar permiso alguno, por lo que no constituye una resolución de evaluación reclamable por la vía especialísima del artículo 27 bis.
LA AUSENCIA DE ILEGALIDAD EN EL ACTUAR DE LA AUTORIDAD
A mayor abundamiento, la Corte descartó cualquier ilegalidad en el proceder de la Superintendencia. El fallo recordó que el artículo 20 letra h) de la Ley 19995 exige que la oferta técnica contenga un certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite que la sociedad operadora y sus accionistas están al día en sus obligaciones tributarias, exigencia que el artículo 13 letra e) del Decreto Supremo 1722 de 2015 extiende a directores, gerente general y accionistas que posean el cinco por ciento o más de la propiedad consolidada. Las bases técnicas del proceso, aprobadas por Resolución Exenta 925/2024, reiteran expresamente esta exigencia y previenen que su incumplimiento implica no continuar con la etapa de evaluación técnica.
El tribunal enfatizó que se trata de una potestad reglada y no discrecional, por lo que no acompañar dichos antecedentes trae aparejada, por expreso mandato del artículo 21 bis letra d) de la Ley 19995 y del artículo 25 letra d) del Decreto Supremo 1722, la imposibilidad de continuar con la evaluación, sin que exista margen para que la autoridad subsane, flexibilice o sustituya esa consecuencia legal. Consta además que la decisión fue ratificada por la unanimidad del Consejo Resolutivo de la Superintendencia en sesión de 18 de diciembre de 2025.
LOS CUATRO INCUMPLIMIENTOS QUE DESCARTA EL CASO FORTUITO
El fallo también desestimó los argumentos de la reclamante sobre la demora del Servicio de Impuestos Internos. De los catorce antecedentes omitidos, solo diez correspondían a certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias; los cuatro restantes consistían en dos formularios de declaración de impuesto a la renta de los años 2024 y 2025 y dos certificados de endeudamiento en el sistema financiero, que no guardan relación con la pretendida demora del organismo fiscalizador. El tribunal descartó asimismo la infracción al principio de coordinación administrativa, señalando que la información tributaria está sujeta a la reserva del artículo 35 del Código Tributario y que es la propia ley la que radica en el postulante la carga de acompañarla.
LA INEXISTENCIA DE PERJUICIO Y LA IGUALDAD ENTRE OFERENTES
La Corte concluyó que la participación de la reclamante en el proceso no le confería más que una mera expectativa de resultar adjudicataria, sin derecho subjetivo incorporado a su patrimonio, por lo que no se advierte perjuicio real que justifique acoger el reclamo. Adicionalmente, el tribunal sostuvo que acoger las pretensiones de la empresa habría vulnerado el principio de igualdad entre oferentes que garantiza el artículo 19 número 22 de la Constitución Política de la República. Finalmente, descartó la aplicación del principio de no formalización del artículo 13 de la Ley 19880, por cuanto la ausencia de los certificados no constituye una imperfección de forma sino la falta de acreditación de un requisito de fondo. El fallo fue redactado por el ministro señor de la Noi y rechazó el reclamo sin costas por haber tenido la reclamante motivos plausibles para litigar.
Rol N° Contencioso Administrativo-374-2026, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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