La advertencia llegó directo a la Comisión de Constitución del Senado. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, cuestionó este miércoles la lógica punitiva del proyecto que fortalece la Responsabilidad Penal Adolescente, al sostener que un endurecimiento generalizado de las sanciones no asegura una disminución de la delincuencia juvenil. Con una frase contundente, la autoridad resumió su postura: «Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto». La intervención ocurre en pleno debate legislativo sobre una de las reformas más sensibles del sistema de justicia penal juvenil.
CONTEXTO DE LA DISCUSIÓN
Quesille expuso ante los senadores durante la mañana del miércoles, en el marco del análisis de la iniciativa que busca reforzar el régimen de responsabilidad penal adolescente. Su presentación apuntó a desmontar la idea de que más castigo equivale a menos reincidencia. A su juicio, la privación de libertad, sin una intervención adecuada, puede producir efectos contraproducentes.
La afirmación central del defensor es que no se puede concluir que un mayor nivel de sanción genere necesariamente una menor reincidencia. En esa línea, citó evidencia disponible: «Las respuestas punitivas tienen un entorno social negativo, la privación de libertad sin apoyo terapéutico no reduce la reincidencia y, en definitiva, se deben priorizar intervenciones socioeducativas con alta evidencia y efectividad».
Su posición se aleja de la tendencia legislativa a endurecer las penas y pone el acento en la necesidad de que cualquier reforma se sustente en datos y en programas que realmente funcionen.
LAS CIFRAS QUE PREOCUPAN
Uno de los momentos más llamativos de su exposición fue la proyección sobre el impacto del artículo 23 del proyecto. Según los cálculos que presentó, de aprobarse la propuesta los índices de privación de libertad subirían de 209 a 804 adolescentes en régimen cerrado y de 551 a 701 en internación parcial. El salto equivale a casi cuadruplicar la población penal juvenil en encierro, un aumento que, en su opinión, no se condice con la preparación del sistema.
Quesille advirtió que la iniciativa puede incrementar significativamente el uso de la privación de libertad sin que los centros tengan capacidad para responder a esa demanda. «Si vamos a apostar a que vamos a tener más adolescentes privados de libertad, hay que apostar a mejorar las condiciones de los centros. Eso es fundamental», afirmó.
EL FOCO EN UN 20% REINCIDENTE
La autoridad también entregó datos sobre el comportamiento de la reincidencia. Según explicó, el 80% de los adolescentes que ingresan al sistema no vuelve a delinquir. El problema, por lo tanto, se concentra en un grupo reducido: un 20% que comete los delitos más complejos y que efectivamente reincide.
Frente a ese grupo, la respuesta no debería ser un endurecimiento general, sino una intervención intensa y oportuna. «Hay que fortalecer las intervenciones de alta intensidad en los casos de alta reincidencia. Hay que interrumpir a tiempo», señaló. Con este planteamiento, el defensor matizó su postura: no se trata de descartar las sanciones, sino de aplicarlas quirúrgicamente donde se necesitan.
MITO SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO
Otro tema que abordó fue la supuesta participación protagónica de los adolescentes en el crimen organizado. Quesille sostuvo que esa idea es un mito. A partir de datos del Ministerio Público, afirmó que la realidad muestra un fenómeno distinto: la instrumentalización. «Tenemos un problema grave de reclutamiento de adolescentes para acometer delitos y es un tema del cual tenemos que hacernos cargo común como Estado», enfatizó.
La distinción es clave para el diseño de políticas públicas. Si los jóvenes son utilizados por organizaciones criminales, una respuesta meramente punitiva no ataca la causa del problema ni protege a las víctimas.
CONCENTRACIÓN TERRITORIAL
La exposición también relevó la fuerte concentración geográfica de los casos. Quesille precisó que solo 34 comunas del país, de las cuales 17 pertenecen a la Región Metropolitana, concentran el 60% de los ingresos por delitos. Esa distribución territorial plantea la necesidad de focalizar los recursos y las estrategias de intervención, en lugar de aplicar una sola fórmula en todo el territorio nacional.
UNA VALORACIÓN CON CONDICIONES
Pese a sus críticas, el Defensor de la Niñez valoró el proyecto en términos generales. Reconoció que la iniciativa contiene elementos positivos, especialmente en materia de intervenciones de alta intensidad para los casos de alta reincidencia. Su reparo central es que el aumento del encierro no puede ir separado de mejores condiciones en los centros ni de programas con respaldo empírico.
La discusión en el Senado continuará con las observaciones de otros actores. Mientras tanto, la intervención de Quesille instala una advertencia clara: la privación de libertad puede crecer de forma explosiva sin que el sistema esté listo para asumir esa carga. Para quienes trabajan en justicia penal juvenil, el debate recién comienza y el resultado definirá el futuro de cientos de adolescentes.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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