El economista y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga, criticó que no existe igualdad de condiciones en la licitación de la próxima Encuesta Casen 2026, debido a una diferencia en el pago de IVA que, según él, deja a la Universidad de Chile compitiendo en solitario. En paralelo, el expresidente de la comisión revisora de la metodología de la encuesta dijo que la pobreza por ingresos en la próxima edición podría caer poco o quedarse estable, lo que debiera preocupar al gobierno.
La controversia se produjo luego de que el Presidente José Antonio Kast, en una entrevista radial, se refiriera a la reducción de la pobreza y a los subsidios, aunque sin ser claro. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a acotar los dichos y aclaró que no existía crítica a los datos ni a la metodología, sino a que parte de la baja se explicó por transferencias estatales. Larrañaga recalcó que no hubo ninguna crítica al trabajo de la comisión que revisó la metodología.
EL DEBATE SOBRE LOS SUBSIDIOS
Para Larrañaga, que la pobreza baje gracias a transferencias monetarias es un resultado esperable y positivo. Sostuvo que el objetivo de esos pagos es precisamente evitar la pobreza, y que sería contradictorio que no tuvieran efecto alguno. Eso no desmerece, dijo, la importancia del empleo y de la autonomía como meta final.
El académico marcó una distinción clave: los subsidios son un paliativo temporal, pero el ideal es que los ingresos provengan del trabajo. Sin embargo, en Chile el grueso de las transferencias se orienta a grupos que no pueden generar ingresos por razones de edad o discapacidad. Puso como ejemplo la Pensión Garantizada Universal, que en 2024 concentró cerca del 75% del gasto en transferencias monetarias y que hoy tiene unos 2,2 millones de beneficiarios que reciben 230 mil pesos mensuales.
En esa línea, señaló que la PGU y las pensiones por discapacidad están bien enfocadas en personas que no pueden trabajar. De ahí que suscriba la premisa gubernamental de que la mejor política social es el empleo, con la salvedad de que los subsidios estén dirigidos a quienes no pueden trabajar, que es el caso principal en Chile. Mientras no haya una reactivación sostenida, sostuvo, los subsidios siguen siendo necesarios para apuntalar los ingresos de los sectores vulnerables.
LA PRESIÓN FISCAL Y LA MEGARREFORMA
El análisis se trasladó luego al financiamiento de la política social. Larrañaga recordó que el gasto público ha superado a los ingresos fiscales por casi dos décadas, financiado con deuda que ya se acerca a niveles límite. En ese escenario, la denominada megarreforma tributaria complica la recaudación al bajar distintos impuestos.
Según el economista, la apuesta oficial es que una menor carga impositiva atraiga inversión y actividad económica, ampliando la base tributaria incluso con tasas más bajas. Eso, advirtió, es una apuesta de largo plazo ante la cual el gobierno queda más presionado, y deberá enfrentar la situación con menores ingresos, lo que necesariamente implica reducir gastos.
No obstante, Larrañaga dijo que es difícil retroceder en beneficios sociales recientes como la gratuidad universitaria, con 600 mil estudiantes y un gasto promedio de 3,5 millones de pesos anuales por alumno, o la propia PGU. La reducción de gasto, sostuvo, iría más bien por disminuir el ritmo de crecimiento del financiamiento en salud y educación públicas.
LA LICITACIÓN CASEN Y EL IVA A LAS UNIVERSIDADES
Larrañaga también se refirió a la licitación de la Casen. Afirmó que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile se ha adjudicado las últimas tres versiones de la Casen, pero ha sido la única institución que se ha presentado. No hay competencia y corren solos, dijo en tono crítico.
El origen del problema sería una diferencia en el tratamiento del IVA. Hace algunos años se determinó que la mayor parte de los servicios profesionales pagaran IVA, lo que elevó los costos y llevó al Servicio de Impuestos Internos a cobrar ese tributo a las universidades por servicios prestados al Estado. En ese contexto, Larrañaga explicó que una ley del año 50, o incluso de antes, exime a las universidades estatales de pagar impuestos.
Las instituciones estatales reclamaron y lograron que hoy día las universidades que se presentan a licitaciones públicas no paguen IVA, mientras que las otras deben pagarlo. La Universidad Católica, que antes se adjudicó la Casen, hoy día no puede competir con la Universidad de Chile porque parte con un 18%. Para Larrañaga, eso no fue una buena idea.
EL ESCENARIO PARA LA CASEN 2026
Respecto de la próxima medición, Larrañaga fue cauto. Dijo que no sabe si la pobreza va a subir, pero que al menos si cae, va a caer poquito o bien podría quedarse estable. Eso, aseguró, debiera preocupar al gobierno, porque ninguna administración quiere que bajo su mandato la pobreza no se reduzca o incluso pueda crecer un poco, más aún si eventualmente disminuyen las transferencias directas.
El experto recordó que en la Casen 2024 la pobreza por ingresos bajó de 20,5% en 2022, a 17,3%. El trabajo de campo para la versión 2026 comenzará en noviembre.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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