Proyecto de reforma constitucional busca terminar con el pago de dieta a parlamentarios desaforados
Una moción parlamentaria ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar la Constitución Política para suspender el pago de la dieta personal a los congresistas que sean desaforados por resolución judicial ejecutoriada, y para asegurar que dicha suspensión de funciones se mantenga vigente incluso si el parlamentario resulta reelecto o electo en la otra rama del Congreso.
La iniciativa, registrada con el número de boletín 18520-07, busca corregir un vacío legal que ha permitido que al menos cinco diputados hayan seguido percibiendo sus remuneraciones íntegras mientras permanecían suspendidos de sus funciones por mandato judicial, situación que en conjunto habría significado un gasto estatal superior a los 400 millones de pesos en sueldos durante los últimos años.
El proyecto establece que la suspensión en el ejercicio del cargo que afecta al parlamentario desaforado se entenderá prorrogada por el solo ministerio de la Constitución si es reelecto en su Corporación de origen o resulta electo en la otra rama del Congreso Nacional, sin necesidad de un nuevo desafuero. Dicha suspensión solo cesará cuando la causa concluya por sobreseimiento definitivo, sentencia absolutoria firme o resolución judicial que deje sin efecto el desafuero.
En segundo término, la propuesta modifica el artículo 62 de la Carta Fundamental para establecer que el parlamentario suspendido no tendrá derecho a percibir la dieta personal mientras dure la suspensión, sin que en caso alguno se afecten las remuneraciones, contratos o relación laboral de su personal de apoyo.
LOS CASOS QUE MOTIVARON LA INICIATIVA
De acuerdo a los fundamentos de la moción, desde 2022 a la fecha han sido desaforados cinco diputados por investigaciones penales en su contra, todos los cuales continuaron cobrando su dieta completa pese a encontrarse impedidos de ejercer el cargo.
María Luisa Cordero fue desaforada el 7 de agosto de 2023 y solo volvió a ejercer en marzo de 2024, permaneciendo casi siete meses con dieta completa sin poder votar. Mauricio Ojeda, desaforado el 30 de septiembre de 2024, recibió su sueldo por cerca de 17 meses, buena parte de ellos en prisión preventiva o arresto domiciliario. Francisco Pulgar, desaforado en diciembre de 2024, completó unos 15 meses de dieta pagada hasta el fin de su mandato. Catalina Pérez, desaforada en abril de 2025, estuvo en la misma condición durante aproximadamente 11 meses.
El caso de Miguel Ángel Calisto es distinto: fue desaforado como diputado el 29 de septiembre de 2025, pero semanas después resultó electo senador y, según resolvió el propio Poder Judicial, adquirió un nuevo fuero parlamentario para su próximo cargo, con lo cual su suspensión quedó superada por su elección antes de que terminara su periodo.
La moción argumenta que esta situación contrasta con el principio general del derecho administrativo funcionarial chileno, conforme al cual la remuneración es la contraprestación del trabajo efectivamente prestado, tal como dispone el Estatuto Administrativo respecto de los funcionarios públicos sometidos a suspensión preventiva. Agrega que la situación también resulta inconsistente con el principio de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, pues un régimen que exige a todo trabajador prestar efectivamente sus servicios para tener derecho a remuneración, y que solo exceptúa de dicha exigencia a los parlamentarios suspendidos por resolución judicial, configura una diferencia de trato que carece de justificación razonable.
La moción advierte que hoy esta situación podría repetirse, pues en el Senado de la República hay tres parlamentarios que serían imputados en investigaciones judiciales por supuestos delitos, lo que no implica que sean culpables, sino el hecho de que efectivamente podrían ser requeridos por la justicia y verse desprovistos de su fuero parlamentario y suspendidos del ejercicio de sus funciones.
LA DISCUSIÓN PREVIA
La iniciativa no es la primera en abordar la materia. En agosto de 2024, la senadora Fabiola Campillai presentó el Boletín N° 17.052-07 con idéntico propósito, proyecto que permanece en primer trámite sin tramitación. Con anterioridad, en enero de 2016, el entonces diputado Gaspar Rivas ingresó el Boletín N° 10.521-07, que tampoco registra avances.
También se menciona que en el marco del proyecto sobre probidad y transparencia del Congreso Nacional (Boletín N° 10.264-07, ingresado en agosto de 2015), se discutió una indicación para reducir en 50% la dieta del parlamentario desaforado, sin llegar a aprobarse, aunque la Comisión de Constitución del Senado planteó como criterio unánime que dicha medida no podía afectar a los equipos asesores ni al personal de apoyo, criterio que la presente moción recoge.
Finalmente, ya en 2005, los entonces diputados Juan Bustos, Camilo Escalona, Fidel Espinoza y otros habían presentado el Boletín N° 4.019-07, que distinguía entre la dieta y las asignaciones asociadas al ejercicio activo del cargo, proyecto que fue archivado en 2009 sin tramitación relevante. La reiteración de este debate a lo largo de casi veinte años, sin que ninguna de estas iniciativas haya prosperado, evidencia la urgencia de que el Congreso Nacional aborde definitivamente esta materia.
El proyecto precisa que la consecuencia patrimonial debe recaer exclusivamente en la remuneración personal del parlamentario y no en las asignaciones destinadas al financiamiento de su personal de apoyo, pues se busca evitar perjudicar a terceros ajenos a los hechos investigados y a la ciudadanía de los distritos y circunscripciones que quedarían sin atención.
La propuesta fue presentada por el diputado Patricio Pinilla Valencia, del Distrito N° 21 de la Región del Biobío.
Rol N° 18520-07, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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