La reforma constitucional en materia de seguridad que el Gobierno ingresó este lunes al Senado comenzará su tramitación formal mañana, cuando se dé cuenta del proyecto en la Sala de la Cámara Alta. Mientras tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, anticipó los ejes centrales de la iniciativa ante las consultas de la prensa, enfocándose en las restricciones a condenados por crimen organizado y terrorismo, el nuevo rol presidencial para declarar organizaciones ilícitas y los regímenes carcelarios diferenciados.
Se trata de una reforma de alto quórum que, según advirtió el propio secretario de Estado, queda sujeta al debate legislativo y a la construcción de acuerdos parlamentarios. La propuesta busca dar una respuesta institucional a la exigencia ciudadana de mayor protección y seguridad, ámbito en el que el Ejecutivo asegura tener plena convicción sobre la necesidad de avanzar.
PÉRDIDA DE BENEFICIOS Y LEY DE QUÓRUM CALIFICADO
Uno de los puntos más sensibles del proyecto dice relación con la pérdida de beneficios para personas condenadas. García Ruminot fue claro al delimitar el universo de afectados: solo quienes hayan sido condenados por crimen organizado o por delito terrorista podrán ver restringidos esos beneficios. La medida está circunscrita a esos dos tipos penales.
La regulación de las eventuales restricciones respecto de beneficios financiados con impuestos fiscales no queda fijada directamente en la Constitución, sino que se entrega a una ley de quórum calificado. Según explicó el ministro, esa materia deberá ser regulada por el legislador, fórmula que a juicio del Gobierno aseguraría un mayor respaldo del sistema político y del sistema parlamentario.
El texto del proyecto detalla este diseño en el inciso segundo del artículo 9° bis, que contempla una ley de quórum calificado para fijar penas y medidas especiales aplicables a condenados por crimen organizado y conductas terroristas. A su vez, el inciso cuarto de la misma norma establece una inhabilitación de 15 años para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos y una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en el caso específico del crimen organizado.
Consultado por la decisión de mantener este punto, García Ruminot explicó que la opción responde a que ya existen normativas que establecen el plazo de 15 años. De esta manera, el proyecto recoge un estándar que ya está presente en el ordenamiento jurídico.
REFORMA CONSTITUCIONAL SUJETA AL DEBATE
El ministro recordó que el proyecto recién se dará a conocer formalmente mañana en la Sala del Senado, por lo que su contenido puede experimentar modificaciones durante la tramitación. En esa línea, subrayó que se trata de una reforma constitucional con un quórum alto de aprobación, de modo que será el Congreso el que finalmente resuelva su texto definitivo.
El Ejecutivo, según señaló, defenderá sus posiciones en la discusión, pero asume que la propuesta ingresada es eso: una propuesta del Gobierno que deberá someterse al trabajo parlamentario y a la búsqueda de acuerdos.
NUEVA ATRIBUCIÓN PRESIDENCIAL ANTE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Otro de los cambios relevantes de la reforma se ubica en el artículo 32 de la Constitución, donde se incorporaría una nueva atribución presidencial. De aprobarse la iniciativa, el Presidente de la República podrá declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
La eficacia de esa declaración, sin embargo, no es automática. El texto exige que sea ratificada por el Senado mediante una sesión secreta y con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio. El ministro confirmó que la última versión del proyecto a la que tuvo acceso esta mañana considera al Ministerio Público junto con el Senado en la exigencia del quórum de dos tercios.
Pese a ello, García Ruminot reiteró que la propuesta del Ejecutivo está abierta a lo que resuelva el Congreso Nacional. El país está exigiendo más protección y más seguridad, afirmó, y en ese contexto el Gobierno defenderá sus posiciones dentro de la discusión parlamentaria.
RÉGIMEN CARCELARIO Y ROL DE GENDARMERÍA
Finalmente, el ministro se refirió a los regímenes carcelarios diferenciados, materia que también está contenida en el proyecto de reforma constitucional. Aclaró que la separación de internos y la administración al interior de las cárceles queda entregada a Gendarmería, pero acotó que ello depende de las sanciones que el respectivo proceso penal vaya determinando.
Con estas definiciones, el Gobierno busca instalar en la discusión pública los ejes de una reforma que promete ser una de las más debatidas del año legislativo, tanto por su contenido como por la complejidad de su tramitación.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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