Cámara despacha proyecto que flexibiliza gasto municipal en seguridad y uso de vehículos
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la ley 21.802, cuerpo legal que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa, identificada con el boletín 18525, busca ajustar el marco normativo para que las municipalidades puedan implementar de manera efectiva el servicio de seguridad local, con énfasis en la contratación de personal y en la operación de vehículos municipales de seguridad.
El texto fue informado en la Sala por la diputada Claudia Mora y contó con una amplia participación de legisladores de diversos sectores. Durante el debate se relevó que la propuesta considera factores como la extensión territorial y la ruralidad para la contratación del personal de seguridad, lo que deberá complementarse con la acreditación de idoneidad física y sicológica de los postulantes.
El proyecto fue aprobado por la Sala y despachado al Senado, donde deberá continuar su análisis. La iniciativa actualiza la ley 21.802 para permitir su adecuada y coherente implementación, con el objetivo de que los estándares de la prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito realizado por las municipalidades mejoren sustantivamente y que dicho servicio sea efectivamente realizado.
En el debate se relevó que la norma entrega mayores herramientas para aumentar la seguridad en los barrios, al significar una presencia efectiva de los municipios y una mayor coordinación con Carabineros. Se trata de una adecuación necesaria para que la ley pueda operar de forma coherente con las necesidades de las comunas.
En materia de contrataciones, la norma precisa que los municipios podrán exceder, hasta en un 5% de sus ingresos propios percibidos en el año anterior, el límite legal del 42% para gastos de personal, establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Esta autorización permite destinar mayores recursos a la contratación de personal de seguridad.
La propuesta considera factores como la extensión territorial y la ruralidad al momento de contratar personal de seguridad, de modo que las comunas con mayores desafíos geográficos puedan adecuar su dotación a esas realidades.
Durante la tramitación, la Comisión de Gobierno Interior había aprobado una autorización excepcional para que los municipios pudieran utilizar hasta el 15% o el 25% de sus ingresos propios en la contratación de inspectores de seguridad. Sin embargo, esa disposición fue rechazada en la Sala al no alcanzar el quórum calificado requerido de 78 votos a favor.
En lo relativo a los vehículos municipales de seguridad, el proyecto habilita a sus conductores a operar con licencia de conducir clase B. Esto permitirá que los vehículos sigan en operaciones sin que su conductor posea licencia clase F, documento que autoriza el manejo de vehículos de emergencia.
La medida busca evitar que la falta de conductores con licencia especializada detenga la operación de los vehículos destinados a la seguridad comunal, un aspecto clave para asegurar la continuidad del servicio. La disposición despeja además dudas sobre la operación diaria de estos vehículos, que en la práctica requerían conductores con habilitación especial para emergencias.
Durante la discusión, diversas voces plantearon dudas respecto del financiamiento de estas nuevas facultades. Algunos legisladores sostuvieron que los recursos debieran provenir del nivel central y no del mismo presupuesto municipal.
Asimismo, se subrayó la necesidad de velar porque la contratación de personal no derive en cuoteo político ni en la llegada de operadores políticos a los municipios.
En el debate participaron una amplia nómina de diputadas y diputados de distintas bancadas, entre ellos Andrea Parra, Eileen Urqueta, Eduardo Cretton, Sebastián Cristoffanini, Leandro Kunstmann, Carolina Tello, Irací Hassler, Tomás Kast, Carolina Cucumides, Carlo Arqueros, Carlos Cuadrado, Daniel Lilayu, Javier Olivares y Carlos Chandía. También intervinieron Álvaro Jofré, César Valenzuela, Sofía González, Ricardo Neumann, Ignacio Achurra, Álvaro Carter, Marcela Hernando, Juan Carlos Beltrán, Carlos Carvajal, Gonzalo Winter, Felipe Ross, Mauro González, Javier Muñoz, Mario Olavarría, Francisco Crisóstomo y Cristian Mella.
El proyecto despachado busca asegurar que la prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito por parte de las municipalidades sea efectivamente realizada y cumpla con estándares superiores a los actuales.
Fuente: Sitio Web de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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