La Corte Suprema deja en manos del Tribunal Constitucional la suerte de un crédito alimentario de más de 292 millones de pesos, luego de que la defensa de dos menores de edad presentara un requerimiento de inaplicabilidad contra el límite de 120 UF que la ley impone a los privilegios de primera clase en favor de los alimentos.
La acción constitucional, ingresada al Excmo. Tribunal Constitucional, busca impedir que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso aplique el tope establecido en el artículo 2472 N.º 5 del Código Civil al momento de resolver la apelación pendiente en la causa Rol N.º 1477-2026. La disputa tiene su origen en una tercería de prelación presentada por los alimentarios en un juicio ejecutivo seguido en contra de su padre por deudas hipotecarias.
El conflicto se remonta a la causa Rol C-2665-2023 del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, donde se ordenó el embargo de un inmueble ubicado en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, propiedad del alimentante. Frente a esta situación, los hijos, representados por el abogado Bastián David Tapia Valle, interpusieron una tercería de prelación invocando la preferencia de primera clase que la ley otorga a los créditos por alimentos.
El monto del crédito invocado asciende a 292.433.833 pesos, según los antecedentes provenientes de la causa de cumplimiento de alimentos seguida ante el Juzgado de Familia de Viña del Mar. La parte ejecutante, un acreedor hipotecario, no desconoció la naturaleza alimentaria del crédito, pero sostuvo que la preferencia solo podía alcanzar hasta 120 UF, debiendo considerarse valista todo el exceso.
En abril de 2026, el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso rechazó la tercería, argumentando que el avenimiento celebrado en sede de familia subordinaba el pago de los alimentos al pago de las deudas hipotecarias y que no se habría acreditado suficientemente la inexistencia de otros bienes del deudor. La defensa de los menores apeló, y el recurso se encuentra actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
LA IMPUGNACIÓN CONSTITUCIONAL
El requerimiento no cuestiona el reconocimiento del privilegio alimentario en sí mismo, sino exclusivamente el efecto que produce el límite cuantitativo de 120 UF en las circunstancias concretas del caso. La impugnación se dirige únicamente contra la expresión legal que establece “con un límite de ciento veinte unidades de fomento al valor correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere”.
Los requirentes sostienen que aplicar este fragmento normativo en la gestión pendiente puede producir efectos contrarios a los artículos 5 inciso segundo, 19 N.º 2, 19 N.º 24 y 19 N.º 26 de la Constitución Política de la República, en relación con las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de protección y efectividad del derecho de alimentos, particularmente aquellas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El argumento central es que, en este caso, la aplicación del límite degradaría a la condición de valista la inmensa mayoría del crédito alimentario, dejando solo una fracción reducida con la preferencia de primera clase. Se trataría de un crédito de 292 millones de pesos que quedaría prácticamente sin protección frente al acreedor hipotecario concurrente, lo que haría ilusoria la satisfacción del derecho.
LOS ARGUMENTOS DE FONDO
En materia de igualdad ante la ley, el requerimiento no cuestiona que existan diferencias entre acreedores, sino que sostiene que la diferenciación debe ser sometida a un examen particularmente cuidadoso de razonabilidad y proporcionalidad cuando se trata de alimentos judicialmente determinados.
Respecto del derecho de propiedad, se argumenta que el crédito alimentario constituye un bien incorporal susceptible de protección constitucional, y que la aplicación del límite afecta de manera especialmente intensa la posibilidad de hacerlo efectivo respecto del patrimonio realizable del deudor.
La defensa de los menores también invoca el artículo 19 N.º 26 de la Constitución, señalando que la aplicación conjunta del reconocimiento del privilegio y del límite de 120 UF genera una tensión constitucional evidente, pues se reconoce legislativamente una posición preferente pero se restringe cuantitativamente su eficacia hasta transformar en valista la mayor parte de la obligación judicialmente reconocida.
Además, se solicita expresamente la suspensión de la gestión pendiente, comprendiendo tanto la tramitación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso como toda actuación ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, para evitar que la realización del inmueble torne ilusorio el requerimiento constitucional.
Los requirentes señalan que no pretenden un control abstracto de constitucionalidad, sino que la inaplicabilidad se funda en las particularidades extraordinarias del caso, entre ellas la existencia de un crédito alimentario de alto monto y la expresa invocación del límite por parte de la ejecutante.
La defensa pide que, si la Corte de Apelaciones reconoce la procedencia del privilegio, no pueda aplicar el límite de 120 UF para restringir su extensión, debiendo resolver la controversia conforme al restante ordenamiento jurídico aplicable.
Rol N.º 1477-2026 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso; Rol C-2665-2023 del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso; requerimiento de inaplicabilidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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