Contraloría detecta pagos de subsidios de arriendo a fallecidos y personas que incumplían requisitos de programa Minvu
La Contraloría General de la República ejecutó una auditoría financiera sobre el Programa de Integración Urbana de Campamentos, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y los Serviu regionales. El examen, practicado entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026, reveló irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo.
Según el Informe N° 314 de 2026, al cierre de la iniciativa 168 beneficiarios del subsidio figuraban como fallecidos. La Subsecretaría de Vivienda tardó hasta 1.133 días en regularizar los contratos de esos casos, lo que provocó un perjuicio fiscal estimado en 110 millones 884 mil 553 pesos.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
El organismo fiscalizador también detectó que 172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos, lo que contraviene las restricciones de consanguinidad y afinidad definidas en las bases del beneficio. Los montos comprometidos en estos casos ascienden a 110 millones 487 mil 33 pesos.
Otros 19 beneficiarios mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación igualmente incompatible con los requisitos del programa. Los pagos realizados en estos casos suman 14 millones 405 mil 16 pesos.
Además, dos personas continuaron recibiendo subsidios de arriendo después de haber sido beneficiadas con una vivienda en 2024. Los desembolsos vinculados a estos casos alcanzan los 3 millones 539 mil 119 pesos.
FINANCIAMIENTO Y ACCIONES DE LA CONTRALORÍA
El programa se financia parcialmente con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$120 millones, con una ejecución prevista de cuatro años.
Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID todos los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían las condiciones del subsidio.
También ordenó concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades.
Fuente: Sitio Web de Contraloría de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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