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El abogado Pablo Sandoval, quien representó a diputados de la oposición ante el Tribunal Constitucional por el proyecto Escuelas Protegidas, analizó el fallo que declaró inconstitucionales varios artículos clave de la iniciativa. En entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Sandoval detalló las implicancias del triunfo y su posible repercusión en el Registro de Vándalos e Incivilidades del gobierno.
FALLO DEL TC Y ARTÍCULOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES
Sandoval explicó que el TC declaró inconstitucionales cuatro artículos, algunos de forma parcial y otros completa. Entre ellos, la intervención policial en establecimientos educacionales cuando la revisión de mochilas fuera rechazada, la prohibición de actos que interrumpan la jornada escolar y la pérdida de gratuidad universitaria como sanción por ciertos delitos. Aunque el fondo de los argumentos aún no se conoce, el abogado señaló que eso es clave para determinar el efecto jurídico.
REVISIÓN DE MOCHILAS E INTERVENCIÓN POLICIAL
Consultado sobre la revisión de mochilas, Sandoval aclaró que, si es voluntaria, los establecimientos pueden incluirla en sus reglamentos internos. Sin embargo, lo que se declaró inconstitucional fue la obligatoriedad de llamar a los apoderados o requerir intervención policial cuando el estudiante se negara. Eso implicaba una suerte de detención sin flagrancia, lo que vulnera la Constitución.
IDENTIFICACIÓN FACIAL Y VESTIMENTAS
Sobre el artículo que permite prohibir vestimentas que dificulten la identificación facial, Sandoval dijo que, aunque pasó el examen del TC, aún ve problemas de constitucionalidad. La norma era muy amplia y delegaba la decisión a los reglamentos internos, lo que abre un margen de discrecionalidad excesivo, especialmente tratándose de derechos de niños y adolescentes.
GRATUIDAD Y POSIBLE EFECTO EN REGISTRO DE VÁNDALOS
El abogado consideró posible que la declaración de inconstitucionalidad de la pérdida de gratuidad pueda tener efecto en el Registro de Vándalos, si la argumentación del TC relaciona la gratuidad con el derecho a la educación y el principio de progresividad. Eso significaría que medidas regresivas como esa deben justificarse rigurosamente.
Fuente: La Tercera
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