La megarreforma tributaria y de reconstrucción que avanza en el Congreso chileno enfrenta su recta final marcada por cinco disposiciones que han encendido las alarmas en el mundo financiero, empresarial y sanitario. Aunque el proyecto ingresó con ejes como la rebaja gradual del impuesto corporativo y la reducción de permisología, son estas normas, incorporadas durante la tramitación legislativa, las que concentran ahora las solicitudes de veto al Ejecutivo. El debate se ha intensificado a medida que la iniciativa se alista para convertirse en ley, y los sectores afectados presionan al Gobierno para que ejerza su facultad de vetar total o parcialmente el texto.
RECONEXIÓN OBLIGATORIA TRAS CATÁSTROFES
Una de las indicaciones más controvertidas obliga a las empresas distribuidoras de electricidad, agua potable y gas de red a reconectar gratuitamente los servicios suspendidos por deudas a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas afectadas por temporales o catástrofes. La disposición alcanza cuentas impagas contraídas antes de la emergencia y no exige acreditar que el usuario sufrió daños materiales.
El plazo de reposición es de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Las compañías no podrán cobrar la reposición ni las visitas técnicas, y si incumplen los plazos, deberán compensar con tres días de suministro gratuito por cada jornada de retraso.
Los gremios del sector eléctrico, sanitario y del gas cuestionaron que la norma no contemple excepciones por caminos cortados, infraestructura destruida o condiciones de seguridad. Según advierten, durante una catástrofe las empresas podrían destinar cuadrillas a reconectar deudores en lugar de reparar redes dañadas para hospitales, colegios y hogares. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, calificó la medida como una mala señal regulatoria que traslada a las empresas el costo completo de una política pública. La indicación fue presentada por la oposición.
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS
Otra disposición controvertida crea un crédito tributario para que las empresas financien voluntariamente tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores dependientes, hijos menores de 26 años, cónyuges o convivientes civiles. La norma permite utilizar como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría hasta 150 UTM por trabajador, con posibilidad de arrastrar remanentes a ejercicios posteriores, pero sin derecho a devolución.
La indicación fue presentada por el Ejecutivo, recogiendo una propuesta del senador Rodolfo Carter (independiente cercano a republicanos), y fue defendida como una vía rápida para apoyar a familias con tratamientos costosos. Sin embargo, las críticas apuntan a que generaría desigualdad entre trabajadores: quienes laboran en grandes compañías o empresas públicas tendrían mayor acceso que aquellos en pymes, informales o desempleados.
Cinco exautoridades de salud, entre ellos Jaime Burrows, Manuel Inostroza, Sebastián Pavlovic, Andrés Romero y Pedro García Aspillaga, firmaron una carta en El Mercurio expresando reparos. Señalaron que si un trabajador tiene la fortuna de estar en una gran corporación con holgura de caja, se salva; pero si trabaja en una pyme que lucha mes a mes por subsistir, queda desamparado. Expertos tributarios valoran el objetivo pero advierten sobre la trazabilidad del beneficio y el menor incentivo para gastos que superen el límite cubierto.
ENDURECIMIENTO DEL PAGO A 30 DÍAS
La tercera medida busca reforzar la Ley de Pago a 30 Días mediante el endurecimiento de sanciones a empresas que no paguen oportunamente a proveedores pyme. La indicación fue impulsada por los senadores Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez (Frente Amplio) y aprobada en el Senado sin respaldo del Ejecutivo.
Aunque los gremios de pequeñas empresas comparten el objetivo, advierten que un régimen excesivamente punitivo podría provocar el efecto contrario: algunas compradoras podrían dejar de contratar proveedores pequeños para evitar sanciones, desplazando a las pymes de las cadenas de abastecimiento. El presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett, señaló que si la norma no considera la realidad de los ciclos productivos, puede terminar perjudicando a los mismos proveedores que busca proteger. También exigen que el Estado cumpla primero con sus propias obligaciones de pago oportuno.
ANATOCISMO Y OLVIDO FINANCIERO
Las dos últimas indicaciones se relacionan con el mercado crediticio y han concentrado el debate político y económico. Una de ellas prohíbe el anatocismo, es decir, la capitalización de intereses para que generen nuevos intereses. Sus impulsores buscan impedir que las deudas aumenten indefinidamente por el cobro de intereses sobre intereses.
Sin embargo, el Gobierno, el Banco Central, la CMF y economistas advierten que la prohibición también afectaría créditos, depósitos a plazo, libretas de ahorro y otros instrumentos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo presentará un veto supresivo para eliminar la disposición, argumentando que elevaría el costo de los créditos y distorsionaría el mercado financiero.
La última norma establece el derecho al olvido financiero, obligando a las instituciones a eliminar de sus registros internos la información sobre deudas impagas o extinguidas después de cinco años. Actualmente esas obligaciones no pueden comunicarse públicamente tras ese plazo, pero las entidades pueden conservarlas para evaluar riesgo crediticio. Los gremios pyme y la banca advierten que reducir la información disponible podría aumentar la incertidumbre, encarecer préstamos y excluir del sistema formal a quienes tienen menos antecedentes. El Gobierno también estaría decidido a vetar esta norma.
El debate se intensifica mientras el proyecto se acerca a su promulgación, y las presiones sobre el Ejecutivo para que ejerza su facultad de veto se multiplican desde distintos sectores.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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