La Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que crea un bono extraordinario de apoyo a la niñez, en su segundo trámite constitucional. La sesión, transmitida por el canal TV Senado Chile, se realizó el 18 de agosto y dejó la iniciativa lista para su discusión en la sala, con un plazo de indicaciones fijado para el lunes de la próxima semana.
El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, quien concurrió como ministro subrogante, explicó los alcances de la medida ante los senadores. Se trata de una transferencia monetaria directa de 30.000 pesos por cada niño o niña causante, pagadera por una sola vez, que no constituye remuneración ni renta para ningún efecto legal. Por lo mismo, no es imponible, no está afecta a descuentos y no altera la calificación socioeconómica del hogar. Precisó, además, que una indicación aprobada en la Cámara de Diputados agregó su carácter de inembargable.
DETALLES DEL BENEFICIO
Según la exposición del subsecretario, serán causantes los niños y niñas menores de 14 años, con punto de corte al 1 de junio de 2026. La focalización alcanzará a los hogares del 80% más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de Hogares, un umbral más amplio que el habitual en la política social.
El pago se realizará preferentemente de forma automática a los beneficiarios de subsidios ya existentes, como el subsidio familiar o la asignación familiar. Solo en los casos en que no exista cuenta RUT se contempla el cobro presencial en una oficina de Banco Estado.
La implementación quedó radicada en tres organismos: la Subsecretaría de Evaluación Social elaborará la nómina de causantes y beneficiarios; el Instituto de Previsión Social ejecutará el pago, y la Superintendencia de Seguridad Social asumirá la fiscalización y la interpretación de la ley. El proyecto contempla un plazo de 9 meses para cobrar el bono desde su emisión y de 15 meses para reclamar por su no otorgamiento.
El mayor gasto fiscal asociado asciende a 68.000 millones de pesos, con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, complementable con recursos del Tesoro Público.
INDICACIONES DEL EJECUTIVO
Ugarte anunció dos indicaciones que el Gobierno presentará durante la tramitación. La primera busca perfeccionar la norma para que el bono llegue efectivamente a las familias de acogida. En esos casos, se propone excluir el requisito de pertenecer al 80% más vulnerable, porque muchas de estas familias ni siquiera están inscritas en el Registro Social de Hogares.
La segunda indicación incorpora a los niños y niñas nacidos desde el 2 de junio de 2026 y hasta las 41 semanas posteriores, lo que equivale a mediados de marzo. De esta forma, las mujeres embarazadas cuyo embarazo llegue a término podrán acceder al beneficio, siempre que el hogar cumpla con el requisito de vulnerabilidad. La estimación considera a 8.663 menores que viven en familias de acogida y a unos 80.000 nacimientos en el período señalado.
DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN
La senadora Daniela Chicardini valoró la iniciativa, pero consultó las razones para dejar fuera a los adolescentes de 14 a 17 años, pese a que el propio diagnóstico del proyecto los identifica como un grupo vulnerable. También preguntó por el fundamento económico del monto de 30.000 pesos y por la forma en que se materializa la inembargabilidad frente a eventuales deudas previas del beneficiario.
Por su parte, el senador Saavedra planteó estudiar una devolución del IVA para los cuatro deciles más pobres. Señaló que unas 2,4 millones de familias gastan alrededor de 280.000 pesos mensuales en la canasta básica, lo que equivale a un aporte relevante en recaudación. La propuesta fue discutida en la comisión, donde se mencionó un costo cercano a los 3.000 millones de dólares anuales.
El senador Carter coincidió con la necesidad de ampliar el beneficio hasta los 17 años y pidió un esfuerzo mayor para las familias de acogida, considerando los gastos médicos y de salud mental que enfrentan, como sesiones de psicólogo que pueden superar los 30.000 pesos por hora. El subsecretario se comprometió a entregar antecedentes sobre la materia en la discusión particular.
OTROS ACUERDOS
Antes de la votación, la comisión adoptó otros acuerdos. Se solicitó información al Ministerio de Obras Públicas sobre diez proyectos de la región de Atacama con ejecución presupuestaria cero, entre ellos la conservación de servicios sanitarios rurales de Los Loros, que involucra 500 millones de pesos.
También se oficiará al Ministerio del Interior por los recursos de emergencia utilizados en Atacama y Coquimbo tras el frente de mal tiempo de julio y agosto, desglosados por comuna, y por el estado de la planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Los Loros, en Tierra Amarilla.
La comisión acordó, además, pedir información sobre el cronograma del nuevo retén de Carabineros para Reumén, en la comuna de Paillaco, y sobre la licitación de la doble vía de acceso a Valdivia. También se oficiará al Ministerio de Hacienda para que los parlamentarios de Arica y Parinacota participen en las tratativas por la extensión de la Zona Franca de Iquique.
APROBACIÓN Y PLAZOS
Tras la ronda de intervenciones, el proyecto fue sometido a votación y aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Se acordó solicitar un plazo para la presentación de indicaciones, que regirá hasta el lunes de la próxima semana. Con ello, la iniciativa quedó despachada a la sala del Senado para su revisión.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
