El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, desglosó los tres ejes de la reforma constitucional en seguridad que el Gobierno ingresará mañana al Senado, en una intervención destinada a despejar las dudas que generó el borrador del proyecto. Al término del comité político, donde los presidentes de partido conocieron los aspectos centrales de la iniciativa, el titular de Seguridad abordó la eventual restricción de beneficios sociales para condenados por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
El anuncio vino acompañado de un cambio de posición en la oposición. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dio un giro y anunció su respaldo tras conocer los detalles del texto. El gesto entrega al Ejecutivo un impulso político para la tramitación parlamentaria.
LOS TRES EJES DE LA REFORMA
Arrau explicó que la reforma contiene tres elementos centrales. El primero es incorporar la seguridad pública como mandato constitucional, estableciéndola como un deber del Estado. El segundo es la creación de un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, acompañado de un régimen penitenciario especial. El tercero es un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
El ministro enmarcó la iniciativa dentro de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Recordó que esa agenda contempla una serie de proyectos de ley, incluso reformas constitucionales, como la de los 180 días de retención migratoria. Esa iniciativa avanza en el Congreso, mientras la reforma anunciada es una segunda pieza que ingresará en estos días, según precisó el ministro.
REGISTRO Y RÉGIMEN PENITENCIARIO
Uno de los aspectos más distintivos es el registro de organizaciones criminales. Según Arrau, la finalidad es evitar tener que demostrar la existencia de la organización cada vez que se requiere aplicar la ley. Con el registro, el Estado contaría con una herramienta previa que facilita la persecución y la aplicación de un régimen penitenciario especial.
Ese registro es también la puerta de entrada para discutir restricciones. El ministro dijo que el proyecto busca que, a través de una ley especial, se analice la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales. Esa materia, advirtió, requiere algún grado de habilitación constitucional.
LEY ESPECIAL PARA BENEFICIOS SOCIALES
La pregunta sobre si la pérdida de derechos de salud quedará en la reforma fue respondida por Arrau de manera directa. Explicó que, tal como la Constitución ya contempla inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, el texto actual incorpora la posibilidad de que, mediante una ley especial, los condenados por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo tengan inhabilidades particulares, no generales.
El alcance de esas inhabilidades se limitará a algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos. Arrau sostuvo que esos beneficios «no tienen asidero» para quienes cometen este tipo de delitos, y que por ello quedarán entregados a la discusión de una ley particular, con la necesaria habilitación constitucional.
El ministro recordó el modelo existente: la Constitución restringe por 15 años a los condenados por terrorismo para ocupar cargos públicos o ser directores de escuela. Esa referencia, dijo, es un antecedente para el mecanismo que se propone, aunque en este caso la restricción será definida según lo que determine la ley especial. Así lo expresó el ministro al término de la reunión.
DIÁLOGO PRELEGISLATIVO
Arrau agradeció el diálogo prelegislativo sostenido intensamente con los partidos en los últimos días. Aseguró que el proyecto se ha ido puliendo y mejorando a partir de esas conversaciones, y que será ingresado en los términos señalados. El texto completo, anticipó, será público mañana.
La reforma constitucional en seguridad combina la ampliación de facultades estatales, la creación de un registro de organizaciones criminales y un nuevo estado de excepción, junto con la definición de límites al acceso a prestaciones sociales. El debate, en todo caso, recién comienza.
El Ejecutivo ya logró un primer espaldarazo con el respaldo de la UDI, y confía en que el diálogo prelegislativo facilite el tránsito de la iniciativa. El texto final será conocido públicamente mañana, cuando ingrese al Senado.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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