El fallo del Tribunal Constitucional que el 24 de junio rechazó cuatro artículos del proyecto de Escuelas Protegidas no solo frenó una iniciativa clave de La Moneda en materia de violencia escolar. También encendió las alertas del gobierno de José Antonio Kast sobre el destino de la agenda de seguridad y, en particular, de las reformas constitucionales que el ministro Martín Arrau impulsa para enfrentar el crimen organizado.
EL FALLO QUE ENCENDIÓ LAS ALERTAS
La sentencia del TC fue interpretada en Palacio como una advertencia para las herramientas que requieren un fundamento constitucional más sólido, como las consecuencias penitenciarias para condenados por delitos graves, las restricciones a prestaciones para integrantes de organizaciones criminales y los mecanismos excepcionales en territorios afectados por el narcotráfico. Arrau venía planteando esa inquietud en la interna antes del fallo, que terminó por darle la razón.
La filtración del borrador de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en La Tercera, con 11 reformas a la Constitución, desató una ola de críticas en el oficialismo y en expertos. El abogado Enrique Navarro, exministro del TC entre 2006 y 2012, señaló que la mayoría de esos temas son materias de ley y no deberían estar en la Constitución. Sebastián Soto, constitucionalista e investigador del CEP, advirtió que creer que todos los problemas se resuelven con reformas constitucionales es un error.
TENSIÓN EN EL GABINETE Y EL CONGRESO
El malestar también llegó al gabinete. La ministra de Salud, May Chomali, dijo que la restricción a las prestaciones de salud para condenados por delitos de crimen organizado, terrorismo o narcotráfico puede ser poco compatible y que espera ser consultada cuando el proyecto avance. Sus palabras evidenciaron que no todos los ministros conocían el contenido de la agenda.
En el Senado, el cruce fue directo. El senador Matías Walker, de Demócratas, recordó que el país ya comprobó, tras dos procesos constituyentes fallidos, que no es reformando la Constitución como se persigue al crimen organizado. El republicano Arturo Squella respondió que no es tiempo de buenismos y que oponerse a la agenda de seguridad es darles la espalda a quienes más sufren la delincuencia. El oficialismo admite que aún no está definido qué se ingresará al Congreso, y que las reformas exigen un quórum de 4/7: 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado. A su favor, Arrau cuenta con el alto respaldo ciudadano que tiene el tema de seguridad y una oposición dividida.
LA HOJA DE RUTA DE ARRAU
Arrau asumió la cartera el 19 de mayo, tras la salida de Trinidad Steinert, e instruyó a su equipo ordenar todos los proyectos en tramitación bajo tres criterios: mejora de la gestión, fortalecimiento de las policías y medidas contra el crimen organizado. Para esa tarea instruyó al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abogado, profesor, con doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, la redacción de los borradores junto a los abogados Javier Parra y Cristóbal García, y le asignó la coordinación con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Arrau abrió una ronda de conversaciones con parlamentarios y presidentes de partidos, incluidos Paulina Núñez, Jorge Alessandri y Arturo Squella. Con Squella se reunió en dos oportunidades, el 22 de mayo y el 21 de julio, y el líder republicano le entregó una propuesta elaborada por su partido. Fuera de esa ronda, el martes 11 sostuvo una reunión con Johannes Kaiser, presidente de los nacional libertarios, quien le hizo ver sus aprensiones sobre algunas cosas que se han filtrado y que no comparte. El 3 de agosto, el Comité de Seguridad, que se reúne todos los lunes y que integran Kast, Arrau y los ministros Alvarado, Barros y Rabat, conoció un texto consolidado con tres componentes: reforma constitucional en seguridad, 21 proyectos en tramitación y 13 nuevas iniciativas legales. La planificación inicial contemplaba continuar la revisión en agosto e ingresar el paquete en septiembre, pero el gobierno resolvió acelerar el calendario y aprovechar la cadena nacional prevista para el 5 de agosto para instalar el tema.
En una de las reuniones de trabajo, Arrau planteó a su equipo el desafío de cómo permitir que el Estado recupere territorios específicos sin recurrir a estados de excepción extensos y diseñados para otras realidades; Guerrero tradujo esa idea en una fórmula territorial, temporalmente acotada.
En ese marco se produjo el traslado de 191 personas privadas de libertad a la cárcel La Laguna, en Talca. Entre ellas había 37 integrantes de organizaciones de crimen organizado, incluidos nueve líderes y 28 miembros, además de 154 internos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad. La medida fue polémica para algunos por su similitud con las puestas en escena del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
RESISTENCIAS EN EL OFICIALISMO
El Partido de la Gente, que aportó 14 votos clave para la megarreforma de Quiroz en la Cámara de Diputados, no estaría dispuesto a respaldar los cambios constitucionales. Su líder, Franco Parisi, quien nunca se ha juntado con Arrau, asegura que durante la campaña hubo un acuerdo implícito entre los candidatos de no tocar la Constitución por ocho años. Califica la apuesta de Kast como peligrosa y, aunque no se opone a visar las iniciativas que no planteen cambios a la Carta Magna, condiciona su apoyo a un aumento de recursos y a la modernización de la policía aeroportuaria.
En la UDI, el presidente Guillermo Ramírez sentenció que su partido no puede apoyar las reformas en las condiciones actuales porque dañan la institucionalidad. El diputado Jaime Coloma, en cambio, respalda la agenda de Arrau y sostiene que no se trata de un nuevo proceso constituyente. En RN, el senador Andrés Longton cree que el artículo 1 de la Constitución ya comprende la seguridad interior y exterior, y que los estados de excepción vigentes cumplen el propósito buscado. Rodolfo Carter, en tanto, sostiene que el Frente Amplio y el PC siempre van a querer derribar la Constitución. Los nacional libertarios, por su lado, expresaron reparos al nuevo estado de excepción en barrios.
ARRAU Y SU SELLO PROPIO
Con Quiroz enfocado en otras materias, Arrau tiene espacio para marcar su sello. Ambos son ingenieros y debutantes en sus carteras, pero con estilos distintos. El diputado Raúl Leiva, del PS, asegura que el estilo de Arrau es idéntico al de Quiroz: subestimación del Congreso y pirotecnia mediática, y le reprocha no haber cumplido su compromiso de socializar las iniciativas antes de anunciarlas. La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, también reclama falta de información.
En Palacio confían en la experiencia política de Arrau, ex intendente de Ñuble, ex convencional y ex jefe de campaña de Kast. La oposición le recuerda su oposición a la creación del Ministerio de Seguridad que hoy lidera. Con Luis Cordero, en tanto, el trato cambió este año: lo invitó a su oficina y adoptó la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada en la administración de Piñera. Cercanos al ministro sostienen que está decidido a dar la batalla, pues considera que una modificación constitucional acotada es necesaria y urgente. La incógnita es si, de aquí a diciembre, conseguirá el respaldo que sí obtuvo Quiroz con la megarreforma.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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