Decisión del Tribunal de Garantía de San Bernardo deja en prisión preventiva a 56 imputados por tráfico de armas 3D y convencionales
La Fiscalía Supraterritorial logró este lunes que el Tribunal de Garantía de San Bernardo decretara prisión preventiva o internación provisoria para 56 de los 59 imputados en la denominada operación 3D, una investigación que desarticuló una red dedicada al tráfico de armas fabricadas con impresoras 3D y armamento convencional a través de redes sociales.
Según el balance entregado por el Ministerio Público, el operativo se extendió por 12 regiones del país y culminó con 59 detenidos. De ellos, 48 quedaron en prisión preventiva, ocho menores de edad fueron enviados a internación provisoria en centros de menores y tres quedaron sujetos a medidas cautelares menos gravosas.
El caso adquiere relevancia por la utilización de tecnología de impresión 3D para la fabricación de armas de fuego, un fenómeno que, según advirtió la fiscalía, genera un mercado negro de dimensiones importantes en el país.
OPERACIÓN 3D EN 12 REGIONES
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Supraterritorial con una importante participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones. El fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana destacó que los allanamientos se ejecutaron en 12 regiones del país con total éxito.
Orellana calificó la indagatoria como una investigación de largo aliento y compleja, en la que se desplegó una dotación muy importante de efectivos policiales.
El fiscal remarcó que la participación de la Policía de Investigaciones fue clave tanto en las etapas previas de la investigación como en el desarrollo de los allanamientos, lo que contribuyó al éxito del operativo.
FORMALIZACIÓN POR ASOCIACIÓN CRIMINAL Y LEY DE CONTROL DE ARMAS
El Ministerio Público comunicó cargos contra las 59 personas detenidas. Para 56 de ellas solicitó prisión preventiva o internación provisoria, y el Tribunal de Garantía de San Bernardo concedió la totalidad de las medidas, al considerar que se encontraban plenamente acreditados los delitos imputados y la participación de cada uno de los formalizados.
De acuerdo con el fiscal Orellana, los hechos por los que fueron formalizados corresponden a asociación criminal y a delitos de la Ley de Control de Armas. Entre estos últimos mencionó el tráfico de armas, la tenencia legal de armas de fuego, de municiones y de partes y piezas de armamento.
En el grupo de imputados también figura una mujer formalizada por el delito de cohecho, de acuerdo con la información proporcionada por el persecutor.
El fiscal expresó la satisfacción del Ministerio Público con la decisión del tribunal, dado el esfuerzo investigativo desplegado. Se trató, dijo, de una causa extensa y compleja, en la que trabajó una cantidad importante de funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Orellana añadió que las medidas cautelares fueron concedidas porque el tribunal estimó acreditada la participación de los imputados en los delitos formalizados, entre los que se incluyen ilícitos contemplados en la legislación que regula el control de armas en Chile.
MERCADO NEGRO DE ARMAS VÍA TELEGRAM
Uno de los ejes de la investigación fue el uso de plataformas digitales para comercializar el armamento. Según el fiscal, los imputados participaban en múltiples chats de Telegram que eran utilizados para realizar las convenciones, los acuerdos, las compras y las ventas de las armas de fuego.
El tráfico comprendía tanto armamento convencional como armas fabricadas mediante impresoras 3D. Orellana precisó que también se detectó la venta de armas de fuego adaptables.
El fiscal advirtió que la impresión de armas 3D genera un mercado negro tan importante como el que se pudo determinar en este caso.
Con la resolución del Tribunal de Garantía de San Bernardo, la mayoría de los imputados permanecerá privada de libertad mientras se desarrolla el proceso penal.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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