La Cámara de Diputados aprobó finalmente la creación de una comisión especial investigadora que indagará la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, una instancia que la oposición logró sacar adelante en su segundo intento luego de un primer rechazo por falta de quórum. La votación, que se saldó con 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, se produce días después de que la Contraloría General de la República emitiera un dictamen que concluyó que la ex secretaria de Estado se excedió en sus atribuciones al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones. El caso adquiere relevancia jurídica porque pone en el centro del debate parlamentario los límites constitucionales y legales del poder ministerial en materia de seguridad pública, así como la potestad fiscalizadora del Congreso frente a actos de la administración que podrían haber vulnerado el principio de legalidad.
APROBACIÓN CON AJUSTADO MARGEN
La Sala de la corporación dio luz verde a la comisión investigadora luego de una votación que evidenció la estrecha mayoría con que cuenta la oposición en la Cámara Baja. Se requirieron exactamente 62 votos para alcanzar el quórum mínimo, cifra que se logró tras una intensa negociación entre las bancadas opositoras. La votación final fue de 62 a favor, 58 en contra y una abstención, lo que refleja la polarización que genera el caso Steinert y las implicancias políticas de la investigación.
ANTECEDENTES DEL PRIMER INTENTO
Este resultado contrasta con lo ocurrido el pasado 14 de julio, cuando la misma iniciativa fue rechazada por no alcanzar el quórum necesario. En aquella ocasión, la propuesta obtuvo 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones, pero la normativa interna de la Cámara exige un mínimo de 62 votos para la creación de comisiones especiales investigadoras. El fracaso inicial obligó a los diputados impulsores a reorganizar sus apoyos y buscar los respaldos faltantes durante la semana siguiente.
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
La comisión especial investigadora no se limitará a revisar la administración de la exministra Steinert, sino que abarcará un espectro más amplio de materias vinculadas al Ministerio de Seguridad Pública. Entre los objetivos establecidos se encuentran la obtención de antecedentes sobre la conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las solicitudes de información cursadas a la Policía de Investigaciones, y los detalles de la implementación del propio ministerio. Este diseño amplio busca determinar si existieron irregularidades sistemáticas durante la gestión de la extitular de la cartera.
DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA
El origen inmediato de la comisión es el dictamen de la Contraloría General de la República que estableció que Steinert sobrepasó sus atribuciones legales al requerir a la PDI información reservada sobre el traslado de funcionarios de la institución. Dicha solicitud se produjo en el contexto de la investigación policial del denominado clan Chen, una indagatoria que la policía civil mantenía en reserva. El ente contralor consideró que la exministra actuó al margen de las facultades que le confieren la Constitución y la Ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.
IMPULSORES Y DECLARACIONES
La instancia fue levantada por los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja: Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (PC). Tras la votación, el diputado Leiva señaló que los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición lograron algo que costó, pero que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría. Agregó que la comisión analizará todos y cada uno de los antecedentes y actos de gobierno durante la gestión de la ministra, con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad. Leiva agradeció a las bancadas de la oposición que entregaron su acuerdo para aprobar la comisión y expresó su esperanza de que pueda constituirse a la brevedad posible.
RELEVANCIA JURÍDICA Y POLÍTICA
La creación de esta comisión marca un hito en la fiscalización parlamentaria sobre el Ejecutivo en materia de seguridad, especialmente tras el pronunciamiento de la Contraloría que puso en entredicho los límites de la acción ministerial. Para el mundo legal, el caso Steinert representa un ejemplo concreto de cómo el control preventivo de legalidad que realiza la Contraloría puede derivar en investigaciones legislativas que profundicen en las responsabilidades políticas y administrativas de los altos funcionarios. La comisión deberá ahora constituirse formalmente y definir su plan de trabajo, con plazos y facultades para citar a testigos y requerir documentos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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