El proyecto de ley que busca modificar el sistema de pesaje de camiones en Chile ha generado una aguda controversia entre el empresariado y los gremios de transportistas. Mientras sectores portuarios, logísticos y comerciales advierten sobre millonarios costos y un traspaso indebido de funciones estatales, las confederaciones de camioneros han salido en defensa de la iniciativa, calificándola como una corrección necesaria para asignar la responsabilidad del sobrepeso a quien realmente lo genera. El debate, que se desarrolla en el Senado en segundo trámite constitucional, enfrenta visiones opuestas sobre la seguridad vial, la eficiencia logística y la distribución de obligaciones en la cadena de transporte.
POSTURA EMPRESARIAL
El proyecto, que el Gobierno ingresó con nuevas indicaciones en junio pasado, extiende la obligación de pesar los despachos a actores que movilizan carga ajena, como puertos, aeropuertos, terminales ferroviarios y centros de distribución. Hoy esa responsabilidad recae exclusivamente sobre quienes generan la carga.
Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, sostuvo que la fiscalización vial es una función privativa de la Dirección de Vialidad del MOP y de Carabineros. Trasladar esa tarea a los terminales portuarios, según su visión, introduce distorsiones y constituye un traspaso indebido de funciones estatales al sector privado.
La Asociación de Logística de Chile, Alog, cuantificó el impacto económico. Su gerente general, Alexis Michea, estimó que la norma podría costar 6.200 millones de dólares en un horizonte de 20 años solo en contenedores y bodegaje. Esa cifra contrasta con los 215 millones de dólares en ahorro proyectados por el Ministerio de Obras Públicas.
La Cámara Nacional de Comercio, CNC, alertó sobre los efectos en sus socios, que incluyen centros comerciales, grandes tiendas y bodegas urbanas. Muchos de ellos operan en zonas con espacio reducido, y la CNC advirtió que podrían perder hasta un 10 por ciento de eficiencia diaria debido a los tiempos adicionales de pesaje.
RESPUESTA DE LOS CAMIONEROS
Frente a ese diagnóstico, los gremios de camioneros ofrecieron una lectura radicalmente distinta. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones, CNDC, emitió una declaración pública en la que expresó su amplio respaldo al proyecto de ley en curso en el Congreso. La organización manifestó su expectativa de que el Senado lo apruebe de igual forma que la Cámara de Diputados.
La CNDC argumentó que los transportistas no pueden hacerse cargo de problemas de gestión de cargas en puertos y estaciones de transferencia, pues esas cargas no les pertenecen a ellos, sino a sus mandantes. Actualmente, criticaron, quedan libres de responsabilidad los propietarios y quienes transfieren las cargas. El sentido del proyecto en trámite es justamente que quienes tienen esa responsabilidad la cumplan.
En términos similares se pronunció la Confederación Nacional de Transporte de Carga, CNTC, que manifestó su total disconformidad con los argumentos de Camport, Alog y la CNC. El gremio respaldó con firmeza que la obligación de autopesaje se extienda a los generadores de carga, puertos y centros de distribución.
La CNTC planteó un problema práctico central: el transportista no tiene manera de conocer el peso real de la carga que transporta dentro de un contenedor sellado o un pallet cerrado. Sin embargo, recibe toda la responsabilidad de la seguridad vial y las multas. Por eso, el proyecto de ley de autocontrol de peso viene a corregir el recurso legal que utilizan algunos puertos y grandes centros de distribución para no ser considerados generadores de carga y, en consecuencia, evadir su responsabilidad.
SOBREPESO Y COMPETENCIA DESLEAL
El objetivo del proyecto, que ingresó al Congreso en 2012, es proteger la infraestructura vial del daño que genera un camión que circula con sobrepeso. La CNTC añade además un argumento vinculado a la competencia. Sin control en el origen de la carga, según el gremio, operadores informales siguen aceptando sobrepeso y compitiendo con tarifas más bajas, en desmedro de las empresas que cumplen la ley.
La iniciativa no constituye un traspaso de funciones del Estado, aseguró la CNTC, sino un acto elemental para el cumplimiento normativo, la corresponsabilidad y la seguridad que no puede seguir postergándose. Con esa declaración, el gremio dejó en claro que la controversia está lejos de resolverse y que la discusión en el Senado será el escenario donde se definirá el equilibrio entre costos empresariales y responsabilidades en la cadena logística nacional.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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