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El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó contra la posibilidad de que el recinto penal de Punta Peuco vuelva a modificar su régimen de funcionamiento, luego de que el mandatario José Antonio Kast se mostrara abierto a revisar la actual configuración del establecimiento. Las declaraciones se produjeron durante la conmemoración de los 50 años del caso calle Conferencia y se enmarcan en un debate que cruza la justicia transicional y las condiciones de reclusión de condenados por delitos de lesa humanidad.
DECLARACIONES CONTUNDENTES
Consultado por la postura del jefe de Estado, Carmona sostuvo que resultan «muy evidentes las muestras de cierta consideración con quienes son criminales de lesa humanidad». El exdiputado recordó que en el pasado la derecha promovió indultos y conmutaciones de penas para este tipo de condenados, y que ahora se busca alterar las condiciones carcelarias del penal ubicado en Tiltil.
Para el dirigente comunista, la decisión adoptada durante el gobierno de Gabriel Boric, que transformó Punta Peuco en una cárcel común sin beneficios especiales, representó un avance en la democratización de las condiciones de vida de la población penal. «Yo sé lo que era Punta Peuco, en su momento me tocó fiscalizar cuando fui diputado, entré a la cárcel, vi en qué condiciones vivían, no tenía nada que ver con las otras cárceles del país», afirmó.
CONTEXTO PENITENCIARIO
Actualmente, el recinto alberga a más de 130 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Tras la modificación del Decreto Supremo N° 580 de 1995, impulsada por la administración Boric, se sumaron tres internos condenados por delitos comunes, rompiendo el régimen especial que caracterizaba al establecimiento.
Las normas penitenciarias permiten a la autoridad reordenar la clasificación de los reclusos, separándolos según la naturaleza de sus delitos. Así lo señaló el propio Kast, quien durante una gira por Atacama argumentó que existen cárceles de máxima seguridad y otras destinadas a perfiles específicos, como el centro Capitán Yáber.
POSICIÓN DE LA DERECHA
El mandatario manifestó que no comparte varias de las medidas adoptadas por su antecesor y que algunas de ellas serán modificadas. En esa línea, planteó que los reglamentos vigentes facultan a la autoridad para redistribuir a los internos, sin necesidad de una reforma legal profunda.
Carmona, por su parte, calificó como «fuerte» que, en un tema que considera de «civilización y convivencia», el Presidente muestre una inclinación beneficiosa hacia quienes participaron en el terrorismo de Estado. «Primero eran indultos, luego la modificación de lo que es una cárcel especial para criminales de lesa humanidad», enfatizó el exdiputado.
IMPLICANCIAS JURÍDICAS
Desde una perspectiva legal, el debate involucra la interpretación del régimen penitenciario especial que justificó la existencia de Punta Peuco durante décadas. La modificación del decreto de 1995 implicó eliminar la segregación de condenados por delitos de lesa humanidad respecto del resto de la población penal, equiparando sus condiciones a las del sistema carcelario común.
Cualquier nuevo cambio debería enmarcarse en las atribuciones reglamentarias del Ejecutivo o requerir una modificación legal, dependiendo del alcance. El Código Penitenciario y sus normas complementarias rigen la materia, sin que exista en Chile un criterio jurisprudencial vinculante que obligue a mantener un régimen especial para estos reclusos, salvo lo que determine la autoridad administrativa dentro de sus competencias.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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