Esta semana, el caso Sartor vivirá un momento clave en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Juan Pablo Araya, amplió los cargos contra los once imputados, añadiendo fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos. La audiencia de formalización está programada para el 30 de julio.
NUEVAS IMPUTACIONES
El primer nuevo delito, fraude a la omisión de OPA, se habría cometido el 13 de diciembre de 2024, cuando Michael Clark, entonces presidente de Azul Azul, compró el 90% de las cuotas del fondo Tactical Sport. El segundo, lavado de activos, tendría inicio en octubre de 2022. Ambos se imputan en calidad de autor consumado.
El grupo de formalizados está liderado por Pedro Pablo Larraín Mery, ex controlador y ex presidente de Sartor, quien ha declarado ante el Ministerio Público en junio y julio. Es defendido por el abogado Jaime Winter. Los once imputados incluyen a su hermano Carlos Larraín Mery, y ex directores como Alfredo Harz, Michael Clark, Óscar Ebel, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés, Miguel León Núñez y Rodrigo Bustamante, además de los ex ejecutivos de Emprender Capital, Hugo Baranda y Sergio Yáñez. La CMF ya multó a ocho de ellos por un total de 367.500 UF (unos 14 millones de dólares).
SOLICITUDES DE PRISIÓN PREVENTIVA
Varios abogados querellantes anticiparon las medidas cautelares que pedirán. César Ramos, socio de Bofill y Ramos Abogados, que representa a 43 querellantes, dijo que se alinearán con la Fiscalía, la cual, cree, solicitará prisión preventiva para los imputados. “Nosotros queremos alinearnos a lo que haga la Fiscalía, que creo que no pedirá nada distinto que no sea prisión preventiva. Queremos pedir prisión preventiva en contra de cada uno de ellos, a menos que la Fiscalía, por su colaboración, haga una distinción”, señaló. Añadió que la prognosis de pena concreta de crimen hace probable que el juez conceda dicha cautelar.
Susana Borzutzky, abogada querellante de víctimas de ECapital, afirmó: “quien defrauda a numerosas víctimas, utiliza sus fondos para fines personales y pone en jaque la confianza en el mercado, debe enfrentar la medida cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico: la prisión preventiva en contra de los señores Larraín, Baranda y Jorquera”. Aseguró que los imputados no han mostrado arrepentimiento ni voluntad de reparar el daño. Borzutzky presentó una querella que cifra el perjuicio para su defendido en 600 millones de pesos.
Ameris, gestora designada liquidadora de los fondos Sartor, también es querellante. Su abogado Matías Balmaceda dijo: “Estamos frente a una etapa en donde se podrá ver por primera vez con claridad la gravedad de los hechos investigados y el enorme perjuicio causado”. Señaló que para los que estuvieron más cercanos a la toma de decisiones y no colaboraron, la prisión preventiva es razonable y proporcional.
Alejandro Laura, abogado de cinco accionistas minoritarios de Azul Azul, destacó que la Fiscalía validó que Michael Clark cometió un delito al adquirir acciones sin realizar una OPA. “Nosotros nos adheriremos a las peticiones que formule el Ministerio Público. Lo fundamental para nosotros es que las medidas cautelares sean proporcionales”, dijo. Concluyó que el objetivo es lograr un gobierno corporativo transparente, que pasa por la salida de Clark y del grupo Sartor del control del club.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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