Formalizan a once imputados por administración desleal y otros delitos en caso contra grupo Sartor
El 5 de agosto de 2026, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago celebró una extensa audiencia de formalización en contra de once imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible y otras figuras penales asociadas al caso del grupo Sartor. Entre los acusados figuran Pedro Pablo Larraín Meri, Carlos Emilio Larraín Meri y Michael Mark Clark Varela.
La audiencia, correspondiente a la causa RIT 12137-2024, comenzó con la individualización de los intervinientes. Por el Ministerio Público compareció el fiscal adjunto Juan Pablo Araya Pared, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. También se presentaron querellantes institucionales y particulares, como Isapre Nueva Más, inversiones GCP y accionistas de Azul Azul.
LA AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN
En la primera parte de la jornada, el tribunal definió el orden de las exposiciones de los querellantes y de las defensas. Una solicitud de cambio de programación fue resuelta manteniendo el calendario original, por lo que las intervenciones de los abogados defensores comenzarán al día siguiente.
El primer querellante en intervenir fue el abogado Rufino Martínez, representante de Isapre Nueva Más, quien detalló que su representada sufrió un perjuicio superior a los 8.400 millones de pesos por inversiones en los fondos de Sartor AGF. Según explicó, los recursos fueron destinados a vehículos subyacentes con plazos de rescate muy superiores a los permitidos, lo que infringió la Ley Única de Fondos y los reglamentos internos.
LOS ARGUMENTOS DE LOS QUERELLANTES
Varios querellantes expusieron casos de adultos mayores que invirtieron sus ahorros en el grupo. Una de las abogadas relató el caso de María Eugenia del Piano, una mujer de 83 años que entregó todos sus recursos confiando en la solidez de la institución. Otro abogado, Juan Pablo Hermosillo, representó a dos personas naturales con un perjuicio cercano a los 10.000 millones de pesos.
La arista de los hermanos Gómez también fue abordada por el abogado Juan Enrique Urrutia, quien explicó que sus representados aportaron 3.000 millones de pesos a una sociedad administrada por el imputado Sergio Yáñez Astete. Según el relato, el dinero habría sido desviado mediante operaciones fraudulentas y cesiones de créditos.
El abogado Alejandro Laura, en representación de accionistas de Azul Azul, se refirió a la omisión de oferta pública de adquisición (OPA). Acusó a Michael Clark de tomar el control de la sociedad mediante un fondo de inversión privado, sin ajustarse a la normativa del mercado de valores.
También se expuso sobre los contratos de asociación para inversiones (CAI), ofrecidos a personas de confianza mientras el grupo enfrentaba problemas de liquidez. Un querellante detalló que estos instrumentos fueron utilizados para desviar fondos de víctimas como María Eugenia González e Ingrid Bister.
SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA
Al cierre de la audiencia, los querellantes se adhirieron a la petición del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva de los principales imputados, entre ellos Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez. Argumentaron que existe peligro para la seguridad de la sociedad y que las medidas cautelares de menor intensidad no resultan suficientes para asegurar los fines del procedimiento.
El tribunal programó la continuación de la audiencia para el día siguiente, con la exposición de las defensas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
