Fallo de la Suprema por caso Sartor abre aguda división entre defensas y querellantes
La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema que declaró ilegal la primera revocación de la autorización de existencia de Sartor AGF ha generado una aguda controversia entre los abogados defensores de los 11 imputados y los querellantes, justo en medio de la audiencia de formalización que se desarrolla ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Por unanimidad, el máximo tribunal acogió la reclamación presentada por Sartor AGF y su matriz, Asesorías e Inversiones Sartor, y dejó sin efecto la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero del 20 de diciembre de 2024. Esa decisión había revocado la autorización de existencia de la administradora, pero lo hizo sin que se hubiera abierto previamente un proceso sancionatorio.
El fallo, eso sí, contiene una salvedad esencial: sostiene que su pronunciamiento ocurre «sin perjuicio de las actuaciones y procedimientos posteriores instruidos por la CMF en la causa sancionatoria correspondiente». Para varios abogados consultados, esa frase deja a firme otra resolución del organismo, del 13 de noviembre de 2025, que tras un proceso sancionatorio volvió a revocar la existencia de la AGF.
En la misma jornada, la Tercera Sala dictó otros dos fallos vinculados al caso. En uno, confirmó con costas la sentencia de la corte de Apelaciones que ratificó la decisión de la CMF de decretar la suspensión total de los aportes a Sartor AGF el 15 de noviembre de 2024. En el otro, ratificó el rechazo al reclamo de ilegalidad interpuesto por Sartor contra un oficio del 16 de diciembre de 2024, mediante el cual el regulador ordenó la entrega inmediata de documentación contable e informática.
LA FORMALIZACIÓN EN CURSO
El debate se instala en plena audiencia de formalización de cargos iniciada por la Fiscalía el pasado 30 de julio ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Este martes se cumplió la novena jornada de esa instancia, en la que el Ministerio Público imputa a 11 personas al menos seis delitos: administración desleal, estafa, lavado de activos, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y fraude por omisión de OPA.
LA LECTURA DE LAS DEFENSAS
El abogado Jorge Cabrera, defensor del ex socio de Sartor Rodrigo Bustamante, destacó en su exposición el fallo de la Suprema. Según planteó, la extinción de la existencia de Sartor AGF fue adoptada ilegalmente porque el procedimiento imputó vicios que solo podían haberse invocado en un proceso sancionatorio.
En la misma línea, Jaime Winter, representante de Pedro Pablo Larraín, sostuvo que la intervención de la CMF fue «la peor decisión que se pudo haber tomado» y que el fallo tendrá alcances que «debieran ser inmensos». A su juicio, los fundamentos de la imputación del Ministerio Público quedan debilitados.
Rodrigo Piergentili, abogado de Juan Carlos Jorquera, exgerente general de Sartor AGF, afirmó que la resolución de la Suprema afecta directamente a todos los delitos del capítulo I de la formalización, referidos a los fondos que se vieron muy afectados por la intervención, y pone en cuestión el monto de los perjuicios considerados por la Fiscalía.
Quien adoptó una postura distinta fue Alejandro Espinoza, representante de Óscar Ebel, quien se autodenunció a fines de 2024. Para Espinoza, el fallo no conlleva la necesaria invalidación de las resoluciones posteriores de la CMF, incluida la que sancionó a directores y ejecutivos del Grupo Sartor. Sostuvo que existieron irregularidades e infracciones que afectaron los intereses de los aportantes y recordó que su representado ha colaborado activamente con las autoridades, colaboración que fue reconocida tanto por la CMF como por el Ministerio Público.
LA VISIÓN DE LOS QUERELLANTES
En la vereda contraria, los querellantes coincidieron en que el fallo no altera el fondo del caso penal. Juan Domingo Acosta, abogado de Credicorp, afirmó que la sentencia «no produce ningún efecto respecto de la responsabilidad penal de los imputados». Argumentó que el fallo solo dejó sin efecto la resolución de diciembre de 2024, mientras que la dictada el 13 de noviembre de 2025, que revocó la autorización de existencia tras un proceso sancionatorio, quedó expresamente vigente. Además, recordó que los hechos que persigue Credicorp, como la administración desleal reiterada, no dependen de que se mantenga la autorización de existencia.
Andrés Balart, socio de Borzutzky y Compañía y abogado de un grupo de aportantes particulares de ECapital, consideró que lo cuestionado es exclusivamente el procedimiento de la primera revocación, no los antecedentes que dieron origen a la investigación ni las eventuales responsabilidades penales. En sus palabras, el fallo no limpia ni exculpa a Sartor, y recordó que la CMF volvió a decretar la revocación con pleno debido proceso.
César Ramos, abogado de varios aportantes de Sartor AGF, fue igual de enfático. Señaló que la decisión de la Corte Suprema tiene únicamente el efecto que explícitamente indica la propia resolución, ni más ni menos. Precisó que el fallo no cuestiona el proceso de fiscalización administrativa ni el posterior procedimiento sancionatorio, que terminó igualmente con la revocación de existencia de Sartor AGF y su natural liquidación. Además, subrayó que la formalización penal no se ve afectada, porque las graves imputaciones contra Pedro Pablo Larraín y los demás acusados son consecuencia de sus conductas ilícitas y del perjuicio a la confianza pública, no de una decisión de la CMF.
El escenario queda así: el fallo de la Suprema ilumina una discusión procesal relevante sobre el debido proceso en las actuaciones de la CMF, pero no zanja el debate sobre el fondo de la causa penal. La formalización continúa su curso y el caso Sartor sigue generando lecturas contrapuestas entre quienes representan a los imputados y quienes buscan la responsabilidad de la empresa y sus ejecutivos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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