El próximo jueves 30 de julio, el Ministerio Público formalizará a 11 imputados en el marco del denominado caso Sartor, uno de los escándalos financieros más graves de los últimos años en Chile, tras las declaraciones de tres víctimas que ya prestaron testimonio ante la Fiscalía Local de Las Condes. Las diligencias apuntan a delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, todos cometidos presuntamente desde enero de 2020 hasta la fecha.
La formalización estará encabezada por Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor, quien ya ha declarado en más de una ocasión ante los fiscales del caso. Junto a él, otros exsocios y exdirectores de la administradora general de fondos enfrentarán los mismos cargos penales, luego de que en noviembre de 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicara multas y sanciones por un total de 367.500 UF —aproximadamente 14 millones de dólares— a ocho personas vinculadas al grupo.
CONFIANZA ROTA
Uno de los testimonios más impactantes fue el prestado el 1 de julio por Gonzalo Echeverría, empresario chileno residente en España. Echeverría declaró haber sufrido un perjuicio patrimonial superior a los 800 millones de pesos, producto de una inversión que realizó bajo la confianza que le generaba el prestigio del grupo Sartor.
“Jamás imaginé que la misma confianza con que invertí mis ahorros y recomendé a mis familiares terminaría ocasionándome uno de los perjuicios patrimoniales más importantes de mi vida”, relató el empresario ante la Fiscalía.
Echeverría señaló que los hermanos Larraín Mery, junto a Hugo Baranda Peralta, habrían diseñado un esquema para apropiarse de sus fondos y de otros inversionistas, disponiendo de los recursos para fines distintos a los pactados. Añadió que la venta de la empresa Danke, realizada en diciembre de 2024, fue una maniobra para desvincular a Carlos Larraín Mery de la contingencia judicial.
El empresario indicó que sus sospechas comenzaron en noviembre de 2024, luego de que la CMF emitiera resoluciones públicas en contra de Sartor AGF. Al solicitar la restitución de su capital, la respuesta fue que “no había caja” y que el dinero “se esfumó”.
LAS DECLARACIONES DE LAS VÍCTIMAS
En febrero pasado, José Simón Zimend Loy declaró como denunciante y víctima, tras ser estafado en inversiones realizadas a través de Sartor Administradora General de Fondos. Zimend señaló que fue invitado en diversas oportunidades a las oficinas de Sartor AGF, las cuales describió como amplias, lujosas y con una gran cantidad de personal trabajando en múltiples computadores conectados a los mercados bursátiles.
“Fui inducido a invertir mediante engaño, aprovechándose de una elaborada apariencia de legalidad, solvencia y éxito. Se ocultó información esencial sobre el destino real de los fondos. No se trató de un riesgo propio del mercado, sino de un mecanismo estructurado de captación de recursos, en perjuicio de los inversionistas”, afirmó Zimend.
El denunciante estimó su perjuicio patrimonial en aproximadamente 470 millones de pesos, lo que afectó gravemente su situación económica personal y familiar.
En tanto, el 2 de abril declaró María Eugenia Delpiano Puelma, una jubilada de 82 años. Delpiano relató que vendió su departamento para obtener recursos y poder sustentar sus gastos, y que en julio de 2024, por recomendación de uno de sus hijos, invirtió el dinero en Sartor.
“Quiero agregar que soy una persona de la tercera edad, tengo actualmente 82 años y, pese a que físicamente soy una persona autovalente, existen momentos en que me falla un poco la memoria. Toda esta situación me tiene muy angustiada y, económicamente, me ha producido muchos problemas, porque yo contaba con el dinero entregado a Sartor para solventar mis gastos de mantención, de salud y otros”, declaró Delpiano.
EL ROL DE LA CMF
La CMF ya había cursado multas y sanciones contra ocho personas —incluidos Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez y Rodrigo Bustamante García— por un total de 367.500 UF, equivalentes a unos 14 millones de dólares. Las sanciones más altas correspondieron a Larraín (80 mil UF), Harz (75 mil UF) y Clark (65 mil UF).
Los accionistas indirectos de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., estaban compuestos por Pedro Pablo Larraín (60,3%), Alfredo Harz (18,58%), Oscar Ebel (10%), Rodrigo Bustamante (6,95%) y Miguel León (4,17%).
La formalización del próximo jueves representa un paso clave en la investigación penal, que busca determinar las responsabilidades en un esquema que, según las víctimas, fue diseñado para captar recursos bajo una apariencia de legalidad y solvencia, causando daños patrimoniales millonarios a personas naturales y familias enteras.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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