La Contraloría General de la República encendió una alerta sobre el destino de miles de millones de pesos que permanecen inmóviles en las cuentas del sector público y municipal. Un análisis realizado con su herramienta RADAR identificó saldos contables por $796.440 millones que no registran movimiento desde 2020, lo que anticipa un posible riesgo para la recuperación de esos fondos y para el financiamiento del gasto público.
El hallazgo fue comunicado por la propia CGR a partir de los datos del Sistema de Contabilidad General de la Nación, conocido como SICOGEN. La alerta alcanza a recursos que estaban registrados en cuentas financieras inactivas entre los años 2020 y 2024 y que, según el informe, seguían sin movimientos a marzo de 2026. La situación involucra tanto a organismos del gobierno central como a municipalidades, y abre la puerta a futuras acciones de fiscalización.
MONTO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
Del total identificado, $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al sector municipal. La diferencia entre ambos grupos es significativa y refleja que la mayor concentración de recursos inmovilizados está en los servicios y entidades dependientes del Estado central.
El análisis se enmarca en el RADAR N° 3, una herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo que la Contraloría utiliza para detectar patrones contables anómalos. En este caso, el foco estuvo puesto en los saldos que permanecen sin uso durante largos períodos, lo que permite anticipar problemas de gestión antes de que se transformen en pérdidas efectivas.
QUÉ IMPLICA LA INACTIVIDAD CONTABLE
La CGR advierte que la existencia de saldos sin movimiento no constituye por sí sola una irregularidad. Sin embargo, su permanencia prolongada genera riesgos relevantes para la administración de los recursos públicos. Entre ellos, la posibilidad de perder fondos que deberían ser recuperados mediante acciones de cobranza, la existencia de montos transferidos que no se están utilizando para los fines previstos y la disponibilidad de información financiera desactualizada o poco confiable para la toma de decisiones.
En otras palabras, no se trata únicamente de dinero que no se mueve. Se trata de recursos cuyo destino original puede haberse desvirtuado o cuya existencia misma podría estar mal registrada en la contabilidad. Esto afecta directamente la calidad de la información que los organismos utilizan para decidir cómo gastar y cómo administrar sus presupuestos.
CRECIENTE RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Uno de los datos más relevantes del informe es que más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar. Es decir, no son dineros disponibles en caja, sino fondos cuya recuperación depende de que se ejecuten acciones de cobranza efectivas. Al permanecer inactivos, aumenta el riesgo de incobrabilidad o incluso de prescripción de los montos.
Esta situación es especialmente delicada porque implica que una parte importante de esos $796.440 millones podría perderse definitivamente si las entidades no reaccionan a tiempo. La alerta de la Contraloría apunta justamente a evitar que esos recursos terminen siendo irrecuperables por el paso del tiempo o por falta de gestión.
En el caso de los recursos que sí están disponibles, la inactividad puede reflejar fondos inmovilizados que no se están aplicando a los fines específicos para los cuales fueron destinados. También puede indicar que la contabilidad de los organismos contiene información desactualizada o incorrecta, lo que dificulta cualquier decisión financiera confiable.
QUÉ SE ESPERA DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Los antecedentes detectados serán comunicados directamente a las entidades alcanzadas por la alerta. La CGR espera que cada organismo revise su situación particular y, cuando corresponda, inicie las acciones de cobranza pertinentes. Además, deberán regularizar los saldos inactivos, fortalecer sus mecanismos de control y seguimiento y adoptar medidas que permitan mejorar la calidad de su información financiera.
El objetivo final es garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y evitar que fondos destinados a financiar gasto público queden atrapados en cuentas sin movimiento. La instrucción de la Contraloría no se limita a corregir el problema, sino a prevenir que vuelva a ocurrir mediante controles más sólidos.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN FUTURA
El informe no quedará solo en una advertencia administrativa. La CGR anunció que los resultados del análisis servirán de base para futuras acciones de control y fiscalización. Esto significa que las entidades que no regularicen su situación podrían enfrentar procesos más profundos por parte del órgano contralor.
La detección de estos saldos inactivos se suma a una línea de trabajo que la Contraloría viene impulsando mediante el uso de herramientas tecnológicas de análisis de datos. RADAR permite cruzar información contable y detectar patrones de riesgo que antes pasaban inadvertidos para la fiscalización tradicional.
Con este nuevo informe, la CGR busca poner el tema en la agenda pública y presionar a los organismos del Estado y a las municipalidades para que tomen medidas concretas. La magnitud de los montos involucrados, cercanos a los $800 mil millones, convierte esta alerta en una de las más relevantes en materia de control financiero público de los últimos años.
Fuente: Sitio Web de Contraloría de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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