La Comisión de Hacienda del Senado acogió de manera parcial el veto supresivo presentado por el Ejecutivo al proyecto de ley de reconstrucción: dio luz verde a la eliminación de la norma que prohíbe el anatocismo, pero rechazó suprimir el derecho al olvido financiero y la regla sobre pago a 30 días.
La instancia, transmitida por TV SENADO CHILE, sesionó el 12 de agosto con la participación del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona; la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); el Banco Central, representado por su presidenta, Rosana Costa, y la Convergencia Nacional de Gremios de Pymes y Cooperativas de Chile, cuyo vocero fue Eduardo del Solar, director ejecutivo de APIS, Asociación Gremial.
EL VETO SUPRESIVO
El subsecretario Vallebona explicó que las observaciones del Ejecutivo recaen sobre tres disposiciones incorporadas durante la tramitación parlamentaria que, a su juicio, resultan inadmisibles por exceder la idea matriz del proyecto, conforme al artículo 69 de la Constitución Política de la República.
En relación con el artículo 32, sostuvo que la prohibición de anatocismo afectaría los depósitos a plazo renovables, la repactación de créditos, los periodos de gracia, las líneas de crédito y las cuentas de ahorro para la vivienda. Recordó que la Ley 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, ya limita la capitalización de intereses a periodos superiores a 30 días y prohíbe el anatocismo sobre intereses moratorios, a lo que se suma la tasa máxima convencional.
Sobre el artículo 39, el subsecretario señaló que el derecho al olvido financiero ya está regulado por la Ley 21.680, publicada en julio de 2024 y entrada en régimen en abril de 2026. A su juicio, la nueva norma resultaría más rígida, tendría efectos retroactivos y chocaría con el Código Tributario, el Código de Comercio y la Ley General de Bancos.
En cuanto al artículo 40, advirtió que eliminar los acuerdos excepcionales de pago en materia de facturas privaría a las pymes de una vía de financiamiento. El registro de esos acuerdos habría acumulado 93.485 pactos entre 2019 y 2026, de los cuales un 49,1% involucra a pymes.
POSTURA DE LA CMF Y DEL BANCO CENTRAL
Caterine Tornel, de la CMF, expresó su concordancia con los vetos de los artículos 32 y 39. Planteó que la prohibición total del anatocismo encarecería los créditos y restringiría el otorgamiento, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Sobre el olvido financiero, afirmó que la exigencia de destruir información impediría a las entidades medir riesgos y limitaría la labor de supervisión de la propia CMF.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, coincidió en que el interés compuesto es un mecanismo universal de valoración del dinero en el tiempo y que su prohibición no elimina el costo financiero, sino que lo traslada a tasas, comisiones o garantías. Advirtió también que la supresión de registros internos podría borrar deudas no prescritas y tensionar reglas como la garantía general de los acreedores y la interrupción de la prescripción.
DEBATE SOBRE LAS PYMES
Eduardo del Solar cuestionó la declaración de pymes que respalda la postura del Ejecutivo y sostuvo que esa carta no representa a las empresas que negocian con el Estado, el retail y los hospitales. Pidió que no se eliminen los acuerdos entre privados y reclamó protección frente a las asimetrías de negociación con las grandes empresas.
El senador Ibáñez precisó que la norma sobre pago no establece un plazo de 30 días para los contratos con el Estado, sino que reduce de 60 a 45 días el límite vigente. En el ámbito entre privados, recordó que el pago a 30 días es la regla general y que la modificación apunta a impedir acuerdos en condiciones desiguales, sin perjuicio de la autonomía de la voluntad.
Durante la discusión, el senador Carter expresó dudas sobre la eliminación de los acuerdos de pago, mientras que la senadora Bogdanovic cuestionó la institución del veto supresivo por considerarla contramayoritaria y pidió que la mesa del estatuto pyme incluya a parlamentarios y asociaciones de pymes.
REQUERIMIENTO Y VOTACIÓN
El ministro García Ruminot informó que el Ejecutivo presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la norma sobre reposición de servicios básicos en emergencias, al considerar que no se relaciona con las ideas matrices del proyecto y que fija plazos de 48 y 24 horas difíciles de cumplir en condiciones climáticas adversas. También anunció un estatuto pyme y una mesa de trabajo para abordar materias tributarias y regulatorias.
En la votación, la observación que suprimía el artículo 32 fue aprobada por tres votos contra dos. En cambio, la observación sobre el artículo 39 fue rechazada por tres votos contra dos, y la del artículo 40, por tres votos en contra, una abstención y un voto a favor. Con esos resultados, el informe quedó despachado.
El subsecretario Vallebona informó que en la Cámara de Diputados el artículo 32 obtuvo 65 votos a favor del veto y 59 en contra; el artículo 39, 75 a favor, 58 en contra y 13 abstenciones, y el artículo 40, 74 a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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