La discusión sobre el control del espacio público dio un paso clave en la Cámara de Diputados: la Comisión de Gobierno Interior despachó a la Sala una indicación sustitutiva que sanciona con cárcel o multa a quienes mantengan rucos, carpas o instalaciones precarias en bienes nacionales de uso público. La propuesta, de la diputada Claudia Mora, forma parte de las mociones refundidas de los boletines 18.329 y 18.349.
SANCIONES BAJO CONDICIONES
El texto introduce una figura que castiga a quien, sin estar autorizado, levante, mantenga o utilice un bien nacional de uso público con una instalación destinada a la habitación o pernoctación, siempre que esa instalación obstaculice la libre circulación de las personas. La pena contemplada es prisión en su grado medio a máximo o una multa de una a dos UTM.
La aplicación del castigo queda condicionada a la actitud del infractor frente a la oferta estatal de apoyo. Solo podrá sancionarse si el Estado ofreció previamente opciones de asistencia y la persona las rechazó, o bien si las aceptó y aun así continuó utilizando la estructura precaria.
DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA PRECARIA
Para la reincidencia, la propuesta contempla un aumento de pena: presidio menor en su grado mínimo. El texto precisa además qué se entiende por instalación precaria: toda estructura levantada con materiales ligeros y de fácil remoción, categoría que abarca a los denominados rucos.
REFORMA AL PROCEDIMIENTO PENAL
La indicación también modifica el Código Procesal Penal. El objetivo es facultar a las policías para detener, citar y registrar a quienes sean sorprendidos cometiendo este tipo de infracción. Para ello se amplía el concepto de flagrancia, pues bastará con que la persona se mantenga utilizando la instalación, carpa o estructura destinada a la ocupación del espacio público.
CRÍTICAS A LA INICIATIVA
El avance de la propuesta no estuvo exento de reparos. Parlamentarios de oposición sostuvieron que la norma no ofrece una solución real al problema de fondo que afecta a quienes viven en los llamados rucos. En su visión, el proyecto opta por una línea sancionatoria en circunstancias de que el Estado debería priorizar una política pública de apoyo a las personas en situación de calle.
Los cuestionamientos apuntaron también a la pena de reincidencia. Según los críticos, el incremento punitivo podría consolidar la saturación del sistema carcelario. En términos más generales, advirtieron que la iniciativa termina por criminalizar la pobreza, al transformar en delito una manifestación de la falta de vivienda.
DEFENSA DE LA MEDIDA EN LA COMISIÓN
Desde el oficialismo, en tanto, se argumentó que es sencillo emitir juicios cuando el fenómeno no afecta directamente el entorno de quienes opinan. Los defensores de la norma recalcaron que la ocupación de espacios públicos con estructuras precarias constituye un hecho negativo que impacta especialmente a los sectores populares.
Agregaron que nadie tiene el derecho de tomarse el espacio público y que el país necesita medidas claras para enfrentar esta realidad. Así, el debate quedó planteado entre la necesidad de brindar apoyo social y la urgencia de restablecer reglas de convivencia urbana.
TRÁMITE LEGISLATIVO
Tras la votación, la Comisión de Gobierno Interior remitió la indicación sustitutiva a la Sala de la Cámara de Diputados, instancia en la que se definirá el futuro de la iniciativa. El proyecto seguirá así su curso en el Congreso, donde la discusión sobre el equilibrio entre protección social y sanción penal marcará la etapa siguiente.
Fuente: Cámara de Diputados de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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