El Poder Judicial chileno ha intensificado sus esfuerzos por garantizar un acceso efectivo a la justicia para las personas mayores, un segmento de la población que enfrenta barreras significativas en su relación con el sistema. A través de un protocolo específico y una guía práctica para su aplicación, se busca transformar la experiencia de los usuarios mayores en los tribunales del país. Estos instrumentos, actualmente en fase de difusión en las 17 jurisdicciones, fueron el eje central de un nuevo capítulo del programa Derecho en Movimiento, del canal Poder Judicial Chile, en el que se analizaron tanto los desafíos como los avances concretos en la materia.
BARRERAS ESTRUCTURALES Y CULTURALES
Uno de los puntos de partida del análisis fue la identificación de las dificultades que enfrentan a diario las personas mayores al intentar acceder al sistema de justicia. La secretaria general de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, Rosa Soto, señaló que existe un profundo desconocimiento de los derechos de este grupo etario, junto a una vulneración del principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Sostuvo que persiste una visión social que asume que las personas van perdiendo capacidad para ejercer sus derechos con el paso de los años, lo que deriva en una pérdida de visibilidad y autonomía. Soto calificó al edadismo, o prejuicio por edad, como una de las causas culturales que alimentan estas barreras, limitando la participación cívica y el protagonismo de los mayores.
EXPERIENCIA PILOTO EN TRIBUNALES
Para evaluar la viabilidad y efectividad del protocolo, durante 2025 se implementó un plan piloto en seis tribunales de distintas competencias y jurisdicciones. Uno de ellos fue el 29° Juzgado Civil de Santiago. Su magistrado, Matías Franovic, describió la experiencia como transformadora, tanto para los usuarios como para los funcionarios. Explicó que muchas personas mayores se acercaban al tribunal con temor, especialmente por la tramitación electrónica, y que la implementación del protocolo permitió cambiar radicalmente esa vivencia a través de monitores especializados y una atención preferencial institucionalizada.
El juez Franovic destacó que, si bien antes podía existir buena voluntad de algunos funcionarios, ahora el trato preferente es una garantía sin excepción. Entre las medidas concretas mencionó la instalación de pendones informativos, la entrega de folletos con letra grande, una sala climatizada con televisión, café descafeinado y un baño especial prioritario para personas con discapacidad. Subrayó además la importancia de priorizar la etapa de conciliación para evitar juicios largos, en línea con el derecho humano a una justicia rápida y oportuna consagrado en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Según Franovic, evitar una sentencia mediante un acuerdo justo es una forma de hacer efectiva esa garantía para personas que no tienen el tiempo ni la obligación de esperar un proceso extenso.
CUATRO EJES DE TRABAJO INSTITUCIONAL
Desde una perspectiva más amplia, el ministro de la Corte de Apelaciones, Gonzalo Rus, explicó que el compromiso del Poder Judicial se ordena a partir de 2022, cuando se dictó un autoacordado que estableció como primer eje promover el acceso a la justicia de las personas mayores. Rus detalló cuatro áreas principales de trabajo. La primera es la construcción de protocolos y guías de acceso. La segunda consiste en priorizar un tratamiento preferente en las causas judiciales. La tercera apunta al uso de un lenguaje claro. Y el cuarto eje corresponde al proyecto de tribunales pilotos, que busca extenderse progresivamente a todas las jurisdicciones.
El ministro Rus destacó que la incorporación de la perspectiva de derechos humanos marcó un punto de quiebre. A partir de la integración de la Convención Interamericana al ordenamiento jurídico chileno, se pasó de un enfoque asistencialista a uno que sitúa a la persona mayor como sujeto de derechos plenos, reconociendo su vulnerabilidad pero al mismo tiempo respetando su independencia y autonomía para garantizar su dignidad.
DESAFÍOS FUTUROS Y LEY 21.822
Rus adelantó que el trabajo a corto plazo incluye la actualización de las guías y protocolos, impulsada por la reciente Ley 21.822. Esta normativa, que entrará en vigencia en 12 meses según sus disposiciones transitorias, plantea dos grandes desafíos. El primero es la posibilidad de que los tribunales de familia intervengan en casos de abandono social de personas mayores, a través de medidas de protección. El segundo desafío es la eliminación de la brecha digital, un derecho humano reconocido que requiere esfuerzos de sensibilización y formación desde el Poder Judicial.
Rosa Soto, por su parte, coincidió en que la brecha digital es una de las necesidades más sentidas. Para ella, la difusión mediante afiches, videos y seminarios, junto a la capacitación de funcionarios, son herramientas clave para empoderar a las personas mayores en el conocimiento de su catálogo de derechos. Soto valoró que la guía del Poder Judicial recoja acciones afirmativas y ajustes razonables, haciendo eco de lo dispuesto en la Convención Interamericana al establecer un piso mínimo para que todas las personas, en distintas condiciones, tengan las mismas oportunidades.
El programa concluyó con un llamado a la sociedad en su conjunto, recordando que todos, más temprano que tarde, formarán parte de este grupo etario, por lo que el trato que se brinde hoy a las personas mayores es un reflejo de la justicia que se espera recibir en el futuro.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
