REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBERÁ DECIDIR SOBRE PRESCRIPCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR SERVIDUMBRE ELÉCTRICA EN TIERRAS INDÍGENAS
El Tribunal Constitucional fue puesto en el centro de una controversia que combina derecho indígena, servidumbre eléctrica y prescripción extintiva. Un grupo de propietarios de tierras mapuche en la Región de La Araucanía presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso del artículo 2.514 del Código Civil, norma que sirvió de base para rechazar su demanda de indemnización de perjuicios contra una empresa eléctrica. La acción se dirige contra la aplicación concreta de dicha norma en el marco de un recurso de apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones de Temuco, por estimarse que su uso contabiliza el plazo de prescripción desde 1960, fecha de la concesión, dejando sin posibilidad real de cobro una indemnización que nunca fue pagada.
Los requirentes son dueños de tres inmuebles ubicados en la comuna de Temuco, todos con origen en el Título de Merced N° 286, lo que les otorga la calidad de tierras indígenas conforme al artículo 12 de la Ley N° 19.253. Por esos predios atraviesa una línea de transmisión eléctrica de 66 kV denominada Temuco-Loncoche, cuya concesión fue otorgada en febrero de 1960 a una empresa del rubro, y que luego fue adquirida por la actual concesionaria en agosto de 2001. Los propietarios sostienen que ni ellos ni sus antecesores en el dominio, todos miembros de la misma comunidad indígena, recibieron jamás la compensación económica que ordena el artículo 69 de la Ley de Servicios Eléctricos, actual D.F.L. N° 1 de 1982.
La demanda de indemnización de perjuicios fue presentada el 31 de enero de 2019 ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco, bajo el rol C-637-2019. En primera instancia, el tribunal rechazó la demanda acogiendo la excepción de prescripción extintiva. La sentencia fue dictada el 20 de agosto de 2024, pero no fue notificada a las partes hasta varios meses después, ordenándose su archivo el 11 de marzo de 2025. El fallo sostuvo que la obligación de compensar se hizo exigible al momento de constituirse la servidumbre, es decir, en 1960, y que al tratarse de una obligación restitutoria debía aplicarse el plazo de cinco años del artículo 2.515 del Código Civil. Esa decisión fue apelada y actualmente se tramita bajo el rol N° 619-2026 ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
LAS ARGUMENTACIONES CENTRALES DEL REQUERIMIENTO
El requerimiento no cuestiona en abstracto la existencia de la prescripción extintiva ni la potestad del legislador para fijar plazos. Lo impugnado es la aplicación concreta del inciso del artículo 2.514 del Código Civil, que ordena contar el tiempo desde que la obligación se hizo exigible. Los requirentes sostienen que no existe en el expediente antecedente alguno que acredite un acuerdo administrativo, notificación al propietario, pago efectivo o consignación judicial del monto debido.
Según el escrito, la aplicación de esa norma produce un resultado constitucionalmente inadmisible: transforma una servidumbre legal, que por esencia debía ir acompañada de indemnización, en una limitación permanente y gratuita del dominio. La afectación no pertenece solo al pasado, sino que se mantiene hasta hoy, pues las torres y líneas continúan emplazadas dentro de los inmuebles y la indemnización jamás ha sido pagada. Se invoca la infracción de los artículos 5 inciso segundo, 19 N° 2, N° 3, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.
LOS ANTECEDENTES DEL CASO CONCRETO
Los inmuebles afectados tienen una superficie total que supera las 11 hectáreas. Según el informe pericial topográfico de marzo de 2023, la servidumbre ocupa 5.024,97 metros cuadrados en el primer predio, 6.266,67 metros cuadrados en el segundo y 13.711,65 metros cuadrados en el tercero. Eso implica una seria limitación al ejercicio de las facultades del dominio, con imposibilidad de usar y gozar del área de servidumbre.
El informe de tasación, de mayo de 2023, determinó perjuicios por un total que asciende a 1.571.289.649 pesos. Para el primer predio se estableció un daño de 339.791.903 pesos. Para el segundo, 422.248.288 pesos. Para el tercero, 1.149.041.361 pesos. Esos montos fueron calculados conforme a los criterios de los artículos 69 y 70 de la Ley de Servicios Eléctricos.
La defensa de los requirentes enfatiza que la obligación de indemnizar pesa exclusivamente sobre el titular de la concesión. Bajo la antigua legislación del D.F.L. N° 4 de 1959, vigente a la época de la concesión, ya existía la obligación de pagar indemnización a los dueños de los predios afectados, bajo sanción de caducidad. La legislación actual, contenida en el D.F.L. N° 1 de 1982, agrega expresamente que no existirá toma de posesión material de los terrenos sin antes exhibir copia del comprobante de pago. Pese a ello, no hay prueba alguna de que se haya llegado a acuerdo, designado comisión tasadora ni efectuado pago.
LA DIMENSIÓN INDÍGENA DEL CONFLICTO
El escrito pone especial énfasis en la naturaleza jurídica de los predios. Los tres inmuebles tienen su origen en el Título de Merced N° 286, documento mediante el cual el Estado chileno reconoció y entregó tierras a comunidades mapuche durante el proceso de radicación de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Por disposición del artículo 12 N° 1 letra b) de la Ley N° 19.253, se trata de tierras indígenas con independencia de los actos jurídicos posteriores que hayan modificado su titularidad.
Los propietarios sostienen que la falta de pago de la indemnización, arrastrada por décadas, constituye también un atropello a los derechos de su comunidad indígena. La transmisión de los predios se ha producido siempre entre miembros de la misma familia y comunidad originaria, manteniendo el vínculo con el Título de Merced.
LAS IMPLICANCIAS DE UNA DECISIÓN
El requerimiento solicita que se declare inaplicable el inciso del artículo 2.514 del Código Civil en la gestión pendiente. No se pide al Tribunal Constitucional que determine cuál es el día inicial correcto para el cómputo ni que sustituya al juez del fondo en la interpretación del derecho común. Lo solicitado es impedir que se aplique una regla legal de manera tal que el derecho de acción quede privado de toda eficacia real y que una limitación actual al dominio permanezca sin indemnización alguna.
La resolución de este requerimiento podría sentar un criterio relevante sobre la interacción entre prescripción extintiva, servidumbres legales y protección constitucional del derecho de propiedad, especialmente cuando se trata de tierras indígenas. La decisión también incidirá directamente en el resultado de la apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones de Temuco, pues si se acoge la inaplicabilidad, desaparece el presupuesto normativo que permitió tener por prescrita la acción. En paralelo, la causa se tramita con la intervención de los herederos de una de las propietarias originales, fallecida en febrero de 2024, cuya sustitución procesal fue decretada en marzo de 2026.
Rol C-637-2019, Segundo Juzgado Civil de Temuco; Rol N° 619-2026, Corte de Apelaciones de Temuco; requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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