La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado dedicó la sesión del 19 de agosto a escuchar a los dirigentes de las principales federaciones de servicios sanitarios rurales, en el marco del primer trámite constitucional del proyecto que modifica la Ley N° 20.998 y que acumula 145 indicaciones.
La instancia tuvo como eje una pregunta de fondo: si la reforma consolidará el rol de las comunidades en el agua potable rural o si sus indicaciones abren la puerta a que las empresas sanitarias terminen sustituyéndolas.
Participaron Rufino Evia, coordinador nacional de la Federación Nacional APR Chile; Raúl Vera, presidente de la Quinta Región de esa entidad; José Rivera, presidente de Fenapru Chile; Manuel Morán, presidente de FESAN, y Edmundo Jofré, vicepresidente de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural de la Sexta Región. Desde el Ministerio de Obras Públicas se conectaron Fernando Castro, Arnaldo Recabarren y Carolina Gutiérrez.
MODELO QUE SE DEFIENDE
El primer expositor fue Rufino Evia, quien aseguró que las organizaciones no llegaron solo a comentar artículos, sino a plantear una definición de modelo. La propuesta de APR Chile consiste en que la gestión recaiga en la comunidad, el Estado actúe como garante y la ley entregue protección.
Según el dirigente, la Ley N° 20.998 fue un avance al reconocer jurídicamente a los comités y cooperativas, pero su aplicación trasladó exigencias propias de las empresas sanitarias a organizaciones con otra naturaleza y capacidades.
Evia sostuvo que las indicaciones deben leerse en conjunto, porque el sentido de una reforma no se agota en cada artículo, sino en los efectos que produce el conjunto. En esa línea, advirtió que algunas propuestas, individualmente, podrían parecer razonables, pero conectadas entre sí podrían generar mecanismos de sustitución, externalización o intervención de terceros.
Para evitar ese riesgo, la federación propuso siete pilares: protección de la gestión comunitaria; nuevas obligaciones solo si van acompañadas de capacidades; un Estado fuerte y presente; fiscalización diferenciada, proporcional y preventiva; sostenibilidad con segmentación; seguridad hídrica y energética, y participación efectiva y permanente de las comunidades.
Además, los dirigentes ordenaron sus observaciones en seis bloques: titularidad, territorio, factibilidad, riesgo, estado y comunidades. La pregunta transversal, dijo Evia, es si la reforma fortalece la capacidad de los APR o crea vías para sustituirlos.
POSICIONES DE LAS FEDERACIONES
José Rivera, de Fenapru, centró su intervención en la práctica y pidió que la licencia sea intransferible. «Las licencias son de las comunidades», afirmó, y subrayó que se han ganado con seis décadas de trabajo. A su juicio, en caso de problemas de operación o administración, la solución no es recurrir a una sanitaria, porque cobraría tres veces más que la subdirección. Propuso que un administrador temporal, dependiente de la subdirección, pueda normalizar la gestión y devolverla a la comunidad.
Rivera también denunció que el año pasado se devolvieron 100.000 millones de los 300.000 millones asignados a inversión, y pidió oficiar al Ejecutivo para que informe qué región devolvió y cuánto. En materia de fiscalización, planteó que el segmento menor de APR debería seguir siendo supervisado por la subdirección y no por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
También reclamó un diagnóstico de los 2.600 servicios sanitarios rurales del país, pues muchos no reciben mejoras hace décadas.
Manuel Morán, de FESAN, defendió el rol de la subdirección y pidió que se le entreguen más facultades, no menos. Subrayó la importancia de la capacitación y del empoderamiento de las comunidades, y criticó que las obras de mejoramiento no siempre son bien fiscalizadas. En cuanto a los proyectos inmobiliarios, afirmó que los APR deben condicionar las factibilidades para no afectar a los socios que construyeron los sistemas.
Los representantes regionales Raúl Vera y Edmundo Jofré complementaron las exposiciones. Vera destacó la necesidad de que la ley no impida la solidaridad entre APR, mientras que Jofré recordó que el agua que aún no es privada en Chile es precisamente la de los APR.
CONSULTAS DE LOS SENADORES
La senadora Chicardini preguntó si las posiciones presentadas cuentan con respaldo de las asambleas territoriales, y consultó sobre varios artículos. Entre ellos, el artículo 14, que permitiría transferir la licencia a una concesionaria si la asamblea lo decide, y el artículo 60, que autorizaría a la subdirección a contratar concesionarias sanitarias para la gestión de proyectos. También consultó sobre la inhabilidad de cinco años para directores y el rol de los municipios como operadores transitorios.
El senador Celis, en tanto, consultó sobre la propuesta del Ejecutivo de que las sanitarias puedan participar en proyectos de vivienda cuando se requiera factibilidad de agua.
Rufino Evia respondió que todas esas vías conducen a un mismo destino: la entrada de las sanitarias. Por eso insistió en fortalecer una dirección nacional de servicios sanitarios rurales con capacidad técnica, operativa y presupuestaria.
José Rivera, por su parte, advirtió que el artículo 60 contiene una «trampita» al mencionar a «especialistas», categoría que en la práctica solo cumplirían las concesionarias, y criticó que se incorpore a la ley el régimen del decreto 382.
DEBATE PROCESAL
La sesión también incluyó un debate procesal. La senadora Chicardini planteó que, por tratarse de un mensaje presidencial, hay normas reservadas al Ejecutivo que los parlamentarios no pudieron indicar, y que la regla vigente solo permite revisar con unanimidad los artículos no indicados. Solicitó que la sala evalúe abrir un nuevo plazo de indicaciones.
El secretario de la comisión explicó que esa decisión corresponde a la sala, y la presidenta manifestó su disposición a respaldar la solicitud.
Antes de cerrar, la comisión acordó oficiar al Ejecutivo para obtener el detalle de las devoluciones de recursos, a fin de identificar las regiones y montos comprometidos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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