Los embargos de cuentas corrientes realizados por la Tesorería General de la República a deudores del Crédito con Aval del Estado han sido calificados como inmorales e ilegales por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a corregir de inmediato esta acción que, a su juicio, afecta desproporcionadamente a personas de menores ingresos. La controversia se inserta en el debate sobre la legitimidad del cobro ejecutivo de esta deuda educacional y sus efectos sobre la estabilidad económica de los hogares.
ANTECEDENTES DEL CAE
El Crédito con Aval del Estado es un sistema de financiamiento universitario que ha sido objeto de críticas transversales por su alto costo y su impacto en las finanzas de los egresados. Según Martínez, el CAE representa un mecanismo caro y malo no solo para el país, sino también para las instituciones de educación superior, debido a la excesiva cantidad de recursos que moviliza. La presidenta del Frente Amplio sostuvo que si el gobierno realmente priorizara la estabilidad fiscal, ya habría aprobado el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) impulsado por su sector.
CRÍTICAS A LA LEGALIDAD DEL EMBARGO
La dirigenta política fue categórica al calificar la decisión de la Tesorería de embargar cuentas corrientes como una acción de una indolencia e inmoralidad sin precedentes. En sus declaraciones, afirmó que meterse en las cuentas de personas que ganan poco dinero y retirar la totalidad de los fondos es ilegal bajo la legislación chilena. Martínez recordó que el mecanismo de embargo utilizado por la TGR fue diseñado originalmente para el cobro de impuestos, no para recuperar deudas contractuales como las del CAE. Esta distinción jurídica es clave en su argumentación, ya que, según Martínez, el mecanismo fue diseñado para cobrar impuestos, no para recuperar deudas educacionales.
PERFIL DE LOS DEUDORES
Uno de los puntos centrales de la crítica de Martínez fue la caracterización que el ministro Quiroz ha hecho de los deudores. La presidenta del FA afirmó que cerca del cincuenta por ciento de los deudores del CAE tiene ingresos inferiores a 750 mil pesos mensuales. En este contexto, sostuvo que resulta inviable para esas personas enfrentar un embargo total de su cuenta corriente, dados los altos costos de vida, arriendos y el aumento generalizado de precios. Martínez consideró que el ministro ha pintado un cuadro erróneo al sugerir que los deudores son personas de altos ingresos que se niegan a pagar, cuando la realidad es muy distinta.
POSICIÓN DEL OFICIALISMO Y LLAMADO AL MINISTRO
La dirigenta también se refirió a las declaraciones del oficialismo que buscan atribuir la crisis de morosidad a la administración anterior del expresidente Gabriel Boric. Martínez rechazó esa lectura, señalando que el actual gobierno ha decidido cobrar el CAE sin considerar la situación económica de los deudores. Enfatizó que el gobierno actual se equivocó al tomar esa decisión y que el ministro Quiroz debe hacerse cargo de los errores cometidos. Llamó directamente a solucionar el problema de las cuentas corrientes de todos los chilenos que fueron, en sus palabras, saqueados por la Tesorería.
IMPLICANCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
La presidenta del Frente Amplio sostuvo que el mecanismo de embargo fue diseñado para cobrar impuestos, no para recuperar deudas educacionales.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
